Ciutadans (Cs) ha denunciado este viernes a TV3 y Catalunya Ràdio para «vulnerar la neutralidad informativa». Concretamente, el partido liderado por Carlos Carrizosa considera que usar expresiones como «exiliados», «presos políticos», «represión» o «persecución judicial», así como para denominar «presidente» al «prófugo Puigdemont». El partido españolista ha presentado la denuncia en cuestión ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona al considerar que los medios públicos «se están extralimitando en su función informativa» y difunden «el mensaje político» del independentismo. En esta línea, Carrizosa ha asegurado que decir exiliados a los independentistas que han marchado de Cataluña «es un insulto a los que se exilian de verdad por razones políticas».
«Saben que es ilegal, los ganaremos y los obligaremos a denominarlos por el que son: escabullidos o personas que han huido«, ha asegurado el líder del partido naranja en un video a X, el antiguo Twitter. Al recurso, el partido recuerda sentencias previas de la Junta Electoral Central en que «en situaciones análogas» indicó que declaraciones de este tipo «producen confusión entre la realidad jurídica y la pretensa realidad que puede favorecer electoralmente algunas candidaturas».
Por todo ello, Cs solicita a la Junta Electoral que declare estas expresiones «ilegales, inconstitucionales y contrarias a primeros de pluralismo político». También se solicita que los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, TV3 y Catalunya Ràdio se retracten y que no usen estas expresiones en el futuro.
Toque de atención a Aragonés
Si finalmente la Junta Electoral aprecio la denuncia de Ciutadans contra TV3 y Catalunya Ràdio no sería la primera de este no periodo electoral en Cataluña. Este mismo mes de abril, el organismo ya avisó al presidente de la Generalitat y candidato de ERC para el 12-M, Pere Aragonès, por haber presentado su propuesta de financiación singular en plena precampaña. En aquel caso, la YAZCO consideró que la rueda de prensa celebrada el pasado 19 de marzo era un ejercicio de propaganda electoral y vulneraba la neutralidad obligada del Gobierno por las elecciones, después de que lo PSC presentara una denuncia.
De hecho, la YAZCO ya consideró que la propuesta se hizo con el Parlamento disuelto y una vez ya se habían convocado las elecciones. También recordaba que el informe es un “documento de trabajo” que “parece más el anuncio de un programa futuro que de un acuerdo gubernamental de aplicación inmediata, de tal manera que está más en la línea de aquello que las formaciones políticas concurrentes a las elecciones presentan como programa electoral”.
