El amianto dejará de ser una asignatura pendiente del gobierno de Salvador Illa. El ejecutivo ha aprobado este martes el proyecto de Ley para la erradicación del amianto, una iniciativa presentada durante los últimos días del mandato de Pere Aragonès que con el precipitado cambio de legislatura había quedado en un cajón. Ahora será el turno del Parlamento, que en los próximos días refrendará con toda probabilidad el texto, que se ha recuperado de manera íntegra, pero que estará sujeto a la introducción de enmiendas y modificaciones antes de ser aprobado definitivamente y de proceder a la elaboración del nuevo reglamento para que esté listo durante la primera mitad de 2025. Cabe recordar que la Unión Europea se ha fijado el objetivo de retirar el amianto de los edificios públicos antes de 2028 y de todo el territorio comunitario antes de 2032.
El proyecto de Ley -pilotado hasta ahora desde el área de Presidencia- lo asumirá una vez aprobado en el Parlamento el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica a través de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), que se encargará de la implementación del plan. Más allá de los 10 millones de euros en subvenciones para la retirada de amianto de 2023, durante este tiempo se han realizado diversas actuaciones puntuales y se han otorgado ayudas tanto para sustituir tejados dañados por granizadas como para cambiar el fibrocemento por placas solares. Con el nuevo reglamento, se prevé que haya una dotación anual de 10 millones de euros en subvenciones para retirar amianto que se mantenga hasta lograr el objetivo de erradicarlo del territorio.
Entre 2 y 3 millones de toneladas de amianto
Los resultados del último estudio sobre la presencia de amianto en Cataluña se presentaron a finales del pasado mes de abril. El análisis fue realizado por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), que elaboró un mapa con un censo de las cubiertas de fibrocemento que hay repartidas por el territorio. Este análisis concluyó que hay cerca de 800.000 tejados con amianto, la mayoría de los cuales se encuentran en Barcelona y su área metropolitana. Sin embargo, este censo solo incluye las cubiertas de más de 35 metros cuadrados y no tiene en cuenta el amianto utilizado para los desagües, tuberías o el que se encuentra en el interior de viviendas o recintos industriales. Esto supone que las cifras reales de la presencia de esta sustancia potencialmente cancerígena podrían ser mucho más elevadas y, teniendo en cuenta que se instalaron entre los años 60 y finales de los años 80, la mayoría de soportes ya han llegado al final de su vida útil o están a punto de hacerlo.
Según los cálculos de la Generalitat basados en el estudio que realizó la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en 2001, de los cuatro millones de toneladas de fibrocemento que se instalaron hasta la prohibición de su uso, actualmente quedan por retirar entre dos y tres millones de toneladas. Esto significa que en estos momentos se están retirando unas 20.000 toneladas anuales, que van a parar al depósito de residuos peligrosos de Castellolí (Anoia), el único recinto habilitado para acoger este tipo de sustancia. En estas instalaciones tienen capacidad para 300.000 toneladas de amianto, de manera que, si se mantiene este ritmo de retirada, en diez años se llenaría el depósito y se tendría que buscar una alternativa. Para poder contribuir a la identificación de este amianto oculto, la nueva Ley prevé exigir en todas las operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles construidos antes de 2002 que se obtenga un certificado de la presencia de amianto en el domicilio o edificio, un requisito que ya está en funcionamiento en Francia y que funcionaría de la misma manera que el informe de eficiencia energética.
Plan especial para decidir dónde se almacena y sanciones
Esta falta de espacio donde almacenar estos residuos peligrosos es uno de los supuestos que contempla la nueva Ley, que prevé elaborar un plan especial de infraestructuras específico para el amianto que determine si es mejor optar por ampliar el depósito de Castellolí o buscar otra ubicación donde poder habilitar un vertedero. En este sentido, para facilitar la recogida, sí se prevé dotar algunas plantas de reciclaje municipales de las herramientas y el equipamiento para acoger fibrocemento. Actualmente, solo cuatro de estas instalaciones están preparadas para hacerlo en toda Cataluña.
Otra de las grandes novedades que traerá la Ley será la creación de un marco sancionador con el objetivo de acabar con las malas prácticas tanto en la retirada del amianto como en su conservación en mal estado, con el peligro que supone para la salud. En este sentido, el reglamento prevé ampliar las revisiones a las empresas que se encarguen de la sustitución de fibrocemento, para garantizar que estas tareas se realizan con las medidas de seguridad idóneas tanto para los trabajadores como para el entorno, y un abanico de sanciones que van desde los 100 hasta los 100.000 euros.
