El intento del PP de ralentizar la tramitación de la ley de amnistía ha quedado en nada. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la modificación del reglamento del Senado que la mayoría absoluta del PP aprobó a finales de 2023. El PSOE presentó un recurso contra la iniciativa de los populares y ahora el alto tribunal le ha dado la razón.
En otro caso claro de politización del Tribunal Constitucional, la mayoría progresista ha dado la razón a la cincuentena de senadores socialistas que habían presentado el recurso contra la modificación del reglamento del Senado, mientras que los magistrados conservadores han emitido tres votos particulares. Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que, además, de los siete jueces progresistas, la ponencia del magistrado y exministro Juan Carlos Campo ha recibido también el apoyo del conservador César Tolosa.
El PP quería que la ley se tramitara por la vía ordinaria
La modificación del reglamento del Senado se remonta a hace un año largo. La mayoría absoluta del PP en el Senado aprobó una reforma del reglamento de la cámara alta para no tener que aplicar el procedimiento de urgencia a una proposición de ley que proviniera del Congreso de los Diputados, recuerda la agencia ACN. El objetivo del PP era no aplicar la vía de urgencia, que suponía un plazo máximo de 20 días, y alargar la tramitación de la ley de amnistía haciéndola ir por la vía ordinaria.
El 14 de marzo del año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la ley, pero esta quedó detenida en el Senado hasta el 14 de mayo de 2024, cuando la cámara alta la rechazó y la devolvió al Congreso para ser aprobada definitivamente el 27 de mayo de 2024.
Una vez conocida la resolución del Constitucional, el PP ha afirmado que «acata» la decisión, pero ha denunciado la «colonización» de las instituciones por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
Los primeros beneficiados
Durante el primer mes de ejecución, la ley había beneficiado plenamente a 74 personas, 50 de las cuales fueron policías. Se trata de 46 policías nacionales y cuatro mossos. También se beneficiaron 20 manifestantes independentistas y cuatro cargos públicos.
