La retahíla de cargos de la Moncloa y de los servicios de información y de seguridad del Estado citados por el Parlamento de Cataluña han rechazado oficialmente participar en la comisión de investigación sobre Pegasus. Ninguno de los convocados para el próximo viernes, tres de marzo, en la segunda sesión de la comisión, intervendrá en el acto. Ni físicamente ni telemáticamente. Según ha podido saber El Món, el presidente de la comisión, el republicano Josep Maria Jové, ha recibido las respuestas por escrito de los convocados anunciando que no pasarán por la cámara catalana a dar ninguna explicación.
Así, ninguna de las autoridades estatales convocadas acatará la citación, alegando los informes del Consejo de Estado y de la Abogacía del Estado que los liberan de dar explicaciones ante los representantes electos autonómicos. De hecho, arguyen en sus escritos que solo pueden dar explicaciones de sus actividades ante las cámaras legislativas estatales, es decir, el Senado y el Congreso de Diputados. Los grupos impulsores de la comisión harán una denuncia pública de los hechos la semana que viene.
Manda el Consejo de Estado: la excusa de los cargos españoles ante el Parlamento
Irónicamente, las cartas de respuesta, a las cuales ha tenido acceso este diario, agradecen formalmente la petición. Aun así, comunican a la vicepresidenta del Parlamento, Alba Vergès, como presidenta en funciones de la cámara, que «los parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios, agentes presentes o pretéritos del Estado». La base jurídica con que fundamentan su petición son diferentes dictámenes del Consejo de Estado, alimentados por la Abogacía del Estado, que aportan a la carta: el 47.997 de 29 de abril de 1986; el 34/2003 de 6 de enero, el 852/2012 y 643/2012 de 26 de julio; 194/2013 de 28 de febrero; 992/2013 de 14 de noviembre; 193/2016 de 17 de marzo, el 406/17 de 25 de mayo o el más reciente, de 363/2019 de 26 de abril.
«En mi condición de autoridad del Estado tengo que atender lo que establece en los dictámenes mencionados», apuntan los cargos ejecutivos españoles que, como mínimo, han respondido en catalán a la petición de la cámara catalana. De hecho, fuentes del mismo gobierno español difundieron el pasado 16 de febrero que no tenían ninguna intención de comparecer. Ahora lo han confirmado por escrito, un hecho que los grupos de ERC, Junts, la CUP y Comuns piensan denunciar conjuntamente esta semana. La comisión había citado al presidente español, Pedro Sánchez, y a los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Nadia Calviño y Yolanda Díaz como testigos para esclarecer el escándalo del espionaje masivo al independentismo.
