Ofensiva jurídica de los afectados de la Operación Cataluña, que pueden demostrar que fueron víctimas con los audios y documentos publicados por El Món. Podría ser el final de un laberinto después de un vía crucis procesal por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía, que a la vez que han cerrado puertas han abierto lo que se conoce como «ventanas de oportunidad». De hecho, y sin todavía ser formal, a medios de febrero se celebró una reunión entre varios afectados con sus abogados para articular un «
El proyecto ha empezado a salir bien. Y más después de que un juzgado de instrucción de Madrid haya admitido a trámite, con informe de competencia favorable del ministerio público, la querella interpuesta por Sandro Rosell. Después de Rosell, fue el turno del director ejecutivo de la Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel, y posteriormente, el de Narciso Ortega, el excomisario en cabeza de Cataluña. Esta semana, ha sido el turno de la familia de empresarios Sumarroca. La próxima semana darán el paso el ex consejero de Economía, Jaume Giró, y el empresario Carles Vilarrubí. En la misma zona se encuentra Oriol Pujol. El expresidente Artur Mas también ha empezado ya los preparativos para sacar adelante la querella.
Una pieza clave en todo este entramado judicial ha sido el magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, que abrió la rendija para estas investigaciones. De momento, cuatro juzgados ya tienen diligencias procesales.
Doble querella de Sandro Rosell
El primer juez en pronunciarse a favor de admitir a trámite una querella por la Operación Cataluña ha sido el titular del juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera. Ha sido por la querella del expresidente del Barça, después del portazo del titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. En un principio, Rosell se personó en la Audiencia Nacional, en las diligencias 96/2017, bautizadas como la macrocausa Tándem, donde hay más de 40 piezas separadas de investigación sobre las actividades
La decisión de García Castellón, con la colaboración con la fiscalía de la Audiencia Nacional, se basaba en el hecho de que no veía conexión entre el hecho de que Rosell fuera víctima del comisario Villarejo o de la policía patriótica con los hechos que estaba investigando. En definitiva, que el caso Tándem se basa en las actividades que hacía el equipo del comisario a través del Grupo Cenyt, bajo presupuesto y pedido. En cambio, las actividades denunciadas por Rosell eran como policía en activo, además de implicar a otras personas de la dirección del Cuerpo Nacional de Policía y del ministerio del Interior. La Fiscalía iba más allá y vallaba el paso a la querella alegando que todo ello respondía a «elucubraciones» a raíz de «de opiniones periodísticas, mayoritariamente en prensa digital», es decir, de lo que había publicado El Món.
Rosell, no obstante, había interpuesto una querella en los juzgados de Barcelona que dormía el sueño de los justos. Por lo tanto, con la resolución de la Audiencia Nacional, decidió dar el paso e interponer la querella al juzgado de guardia de Madrid. El pasado 6 de febrero y, después de presentar un escrito de impulso, apareció un informe favorable de la Fiscalía del 20 de enero, con el que se avalaba la competencia del juzgado para instruir la causa. Curiosamente, la admisión a trámite de la querella se certificó el 27 de octubre. Es decir, tres meses antes. Una vez admitida a trámite, no obstante, la defensa de Rosell ha podido saber que la querella presentada en Barcelona fue remitida de oficio al enjuiciado decano de Madrid. El juzgado de Barcelona consideraba que no le correspondía por competencia territorial y se inhibió. Ahora esta querella se encuentra en el juzgado de instrucción 15 de Madrid. Por lo tanto, hay dos querellas de Rosell.
Narciso Ortega, BPA y los Sumarroca
Dos víctimas más de la Operación Cataluña ya tienen juzgado de referencia. Concretamente, el comisario del Cuerpo Nacional de Policía y exjefe de la Jefatura en Cataluña, Narciso Ortega, y el exdirector general de la Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel, la entidad bancaria donde la familia Pujol Ferrusola tenía el dinero. Ortega presentó una denuncia a la fiscalía de Barcelona, que a la vez la remitió a la fiscalía de Madrid. Ortega denunciaba que la exlíder del PPC, Alícia Sánchez Camacho, lo había puesto en la lista negra de independentistas.
De hecho, el comisario fue objeto de seguimientos y de acusaciones de independentistas, incluso, de ser el enlace con el consejero Felip Puig. Ortega fue destituido en Cataluña y enviado a Aragón.
Paralelamente, Joan Pau Miquel, CEO de la BPA, la banca andorrana que cerró presuntamente a raíz de las presiones del Estado español para conseguir información de fondo y cuentas de líderes independentistas, también se personó a la Audiencia Nacional. El juez Garcia Castellón también le valló el paso. Inmediatamente, su equipo legal presentó la querella en la guardia de los Juzgados de Madrid. Actualmente la querella se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, del que es titular Arturo Zamarriego, y todavía no ha tomado ninguna decisión. De aquí que Molins y Pina de Montalgrao hayan presentado un escrito de impulso para aclarar la actual situación.
El lunes de esta semana fue el turno de pasar por la ventanilla de los juzgados de la plaza Castilla de Madrid, el registro de guardia de la capital española, la querella de los cinco miembros de la familia Sumarroca. Esta querella, de la cual todavía no se sabe dónde ha caído en el reparto, proviene del archivo de la Audiencia Nacional, pero tiene variables destacables respecto al resto. En primer término, hay una interlocutoria del Tribunal Supremo firmada por el magistrado Antonio del Moral, del pasado 8 de noviembre, donde advertía los indicios de delito pero remitía la denuncia de nuevo a la Audiencia Nacional. García Castellón, a la vista de la orden de Antonio del Moral, rechazó la querella, pero fue más cuidadoso y admitió los «indicios de delito» y la «gravedad de los hechos». Una interpretación que ha servido para construir la querella y que los Sumarroca tengan la esperanza que sea admitida a trámite.
Mas, Giró, Oriol Pujol y Vilarrubí, ‘work in progress’
Viernes por la mañana, una larga reunión en el despacho del presidente Artur Mas sirvió para empezar a preparar su querella. Mas, no obstante, quiere ser práctico y tener más ligado el argumentario de su querella. Así que a partir de esta semana empezará a recopilar información que sirva para razonar con más detalles su querella, más allá de la conversación entre Alícia Sánchez Camacho y el comisario Villarejo, en la que la exlíder del PP colocaba el presidente como uno de los destacados de la lista negra independentista. Mas ya llevó la información falsa publicada por El Mundo en campaña electoral hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declinó entrar en el fondo de la cuestión. También está terminando su querella Oriol Pujol Ferrusola, con la ayuda de Xavier Melero, y del empresario Carles Vilarrubí.
Por su parte, el camino procesal del ex consejero de Economía, Jaume Giró, ha sido diferente, sin dejar de ser un periplo entre fiscalías. El pasado 22 de junio presentó una querella contra Villarejo, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez, en la fiscalía de Barcelona, cuando todavía era consejero de Economía. La denuncia, no obstante, la firmaba a título personal y teniendo presente que en la fecha de los hechos era el director general de CaixaBank. El pasado mes de octubre la fiscal de Barcelona lo trasladó a la fiscalía de Madrid, que advirtió que no podía hacer ningún trámite porque entendía que ya había una investigación abierta en la Audiencia Nacional. Con la previsión de que también le cerraría la puerta prefirió esperar, recoger informaciones sobre los seguimientos y las investigaciones de la que fue objeto por parte de la policía patriótica, y antes de que entrara en juego la prescripción ha decidido interponer la querella el próximo lunes en los juzgados de Madrid.
