El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha comparecido esta tarde en la comisión de investigación de la operación Cataluña en el Congreso. Una comparecencia marcada por una triple condición, de veterano político, de expresidente, y como especial víctima del operativo clandestino contra el Proceso articulado desde las cloacas del Estado. Además, su comparecencia coincide con la difusión de un informe de Citizen Lab donde se acredita que su teléfono móvil fue intervenido con Pegasus. Una presencia que ha llegado justo una hora después de que terminara su comparecencia la exvicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría.
Mas ha utilizado su primer turno de palabra para enumerar un memorial de agravios sobre lo que ha supuesto la operación Cataluña. Y no se ha mordido la lengua. Apenas comenzar su intervención ha calificado la operación de una maquinación «ilegal, ilegítima e inmoral» para detener el proceso o sus mayorías electorales. Aun así, ha señalado que no tiene ningún tipo de «odio» ni lo mueve ningún tipo de «venganza» ni de «queja». En todo caso, ha definido la operación como un «plan para eliminar soberanistas» y «llevarlos a la muerte civil» iniciado cuando «el PP gobernaba». Sin embargo, con su testimonio quiere aportar una ayuda para salvaguardar la democracia que ve afectada por procesos como este. Así, ha anunciado una querella por el espionaje al que fue sometido y por la persecución de la cual fue víctima por parte de la policía patriótica.
El PP lo sabía
Mas ha construido la tesis de que el PP tenía conocimiento de todo el operativo contra el independentismo y así ha recordado las grabaciones del comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, donde además del policía, también «había otra gente». De esta manera ha hecho la lista de los interlocutores con los que conversaba sobre la operación Cataluña, como la expresidenta del PP, Alícia Sánchez Camacho; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la secretaria general del PP y exministra de Defensa, Dolores de Cospedal, o el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre otros.
Por lo tanto, Mas ha dejado entrever que le costaba entender que no tuvieran conocimiento tal como han argumentado en la misma comisión. En este sentido, también ha puesto en duda que Saenz de Santamaria, responsable política del CNI, no tuviera conocimiento de las 32 intromisiones con Pegasus en el móvil del expresidente que hoy se ha denunciado.
