La brigada política de la policía española contra el independentismo no perdió ni un momento en la tarea de recoger toda la información posible del Proceso soberanista. Lo demuestran los documentos que ha aportado a la comisión de investigación de la operación Cataluña Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía durante los años duros de la lucha contra el soberanismo, bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Uno de estos documentos muestra la preocupación del gabinete que dirigía Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior por controlar cualquier iniciativa política, institucional o civil del soberanismo. Por tanto, uno de los grandes eventos que intentaron monitorear fue la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que este año ha cumplido diez años.
Según la documentación aportada por Martín Blas, el ministerio del Interior tenía en el Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información (GATI) un informe con una de las joyas de la corona de la consulta que impulsó el gobierno del presidente Artur Mas, los nombres y los datos de los voluntarios. Una información nada menor, porque implicaba la obtención de datos personales de uno de los engranajes imprescindibles de aquel proceso participativo. Tras la cumbre de Pedralbes, donde el Gobierno y los partidos que apoyaban la consulta evaluaron una respuesta a la ofensiva de la Moncloa para detenerla, Mas anunció el Proceso participativo.
La nueva fórmula requería, sin embargo, un ejército de voluntarios para cumplir con los requisitos de la ley. Se apuntaron 40,930 personas, incluidos funcionarios, como personal de los centros docentes o bien adscritos a las delegaciones territoriales que por veguerías tenía la Generalitat. Una cifra que duplicaba los 20,000 que necesitaba la logística de la consulta. De hecho, el éxito de convocatoria fue tan grande que cuando hacía solo 33 horas que se habían puesto en marcha las aplicaciones para apuntarse ya se había alcanzado el número de los 20,000 voluntarios necesarios.
Voluntarios: una lista que borró la Generalitat pero que el Estado conservó
Los documentos entregados a la comisión del Congreso que investiga la operación Cataluña contienen una anotación del 8 de febrero de 2016 un informe donde se explica que la Generalitat «movilizó representantes gubernamentales y no responsables voluntarios que pertenecían a entidades cívicas que apoyaban la movilización». Es decir, que en el Ministerio del Interior estaban convencidos de que quien dirigía la operación era personal del Gobierno y no voluntarios o líderes de entidades como la ANC u Òmnium Cultural. Así, consideran que «el conglomerado de miembros del Gobierno fueron quienes controlaron el proceso y fueron los responsables de la documentación utilizada en la pseudoconsulta».
El mismo informe policial indica que «después de que la fiscalía se querellara contra Artur Mas y tres cargos de su Gobierno -en referencia a Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau- la parte de voluntarios de la web Participa2014.cat se desactivó y fue borrada». Aun así, la nota destaca que, «a pesar de todo y gracias a la labor de un colaborador de la Dirección Adjunta Operativa, se pudo conservar el contenido del listado íntegro».
La búsqueda de los nombres de los voluntarios fue una constante del Estado desde que se puso en marcha todo el operativo de la consulta. De hecho, miembros del Departamento de Vicepresidencia de la Generalitat de entonces -que centralizaba la organización logística de la consulta- explican a El Món, que hubo «presiones del Departamento de Interior» -entonces comandado por Ramon Espadaler, actual consejero de Justicia con Salvador Illa de presidente- para obtener los nombres. Incluso, del personal o funcionarios que prestaron servicios de manera voluntaria, tomando vacaciones, y que estuvieron en lugares estratégicos como el Centro Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
No es la primera vez
De hecho, no es el único listado de voluntarios o participantes en una de las dos grandes movilizaciones autodeterministas que reside en poder del Estado. La Audiencia Nacional, a través del cuerpo de Mossos d’Esquadra, tiene en su poder un listado con los nombres y datos de filiación de tres mil personas relacionadas con el referéndum del Primero de Octubre. Concretamente, el nombre y los datos personales de un total de 3,118 ciudadanos de Cataluña extraídas de dos listas.
Una, con 2,175 nombres, que respondían a los requerimientos de los Mossos el 25 de septiembre en diferentes centros de votación previstos antes del 29 de septiembre. Y otro listado con 943 nombres de personas, datos personales y de comunicación de identificados durante el 29 de septiembre por la noche hasta el 30 de septiembre. Es decir, durante la jornada de Escuelas Abiertas que se inició el viernes antes del referéndum.
También los Mossos y el CNP tienen en su poder un listado con los datos de todos los socios que la ANC tenía en octubre del año 2017. En detalle, un archivo enorme de nombres, apellidos, DNIs y correos electrónicos del independentismo de base. Todos los datos de filiación están accesibles y en manos de los servicios de información e inteligencia de la policía de la Generalitat. También fueron a parar a manos de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña durante el turbio episodio de las furgonetas de los Mossos cargadas de documentación e interceptadas por la policía española en la puerta de la incineradora de Sant Adrià de Besòs, justo el día antes de la Declaración Unilateral de Independencia.
