El Proceso independentista y Venezuela han sido dos elementos clave de la guerra política española de los últimos años. Ahora, y gracias a la comisión de investigación del Congreso, se ha descubierto que confluyeron en la rama venezolana de la operación Cataluña, con ramificaciones en los EE.UU., con personajes como el abogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, con exmiembros del Mossad, lobistas para grandes financieros internacionales y de los nombres de más peso de la fiscalía anticorrupción española, José Grinda.
La policía patriótica encontró la manera de combinar la operación Cataluña –la carpeta de la búsqueda de fondos en el extranjero de los líderes del catalanismo, especialmente de la familia Pujol Ferrusola– con su lucha sin cuartel contra el régimen venezolano y el supuesto financiamiento que recibía Podemos del gobierno de Hugo Chávez. La conexión fue la Banca Privada de Andorra y su filial española, Banco Madrid, que acabaron cerrando puertas por culpa de informes de las autoridades financieras españolas y estadounidenses, con una maniobra aún por aclarar.
La policía española post Mariano Rajoy comenzó la investigación de este ramal de la operación Cataluña en febrero del año 2022, tras una profusa declaración del exviceprimer ministro de energía de Venezuela (que había estado en el cargo del 2002 al 2006), Nervis Villalobos, ante los agentes 127.195 y 132.326 del grupo 20 de la Unidad de Asuntos Internos del CNP. Dos efectivos que investigan posibles colaboraciones de agentes del cuerpo con la policía patriótica para extorsionar millonarios venezolanos para obtener información sobre independentistas catalanes, nacionalistas vascos o miembros de la izquierda española. Es lo que se ha convenido en llamar la “conexión Maracaibo” de la cloaca del Estado.
Una primera declaración
El episodio catalán de esta “conexión Maracaibo” lo esbozó Nervis Gerardo Villalobos en su comparecencia del jueves en la comisión de investigación del Congreso. Pero los documentos aportados detallan una historia fascinante que muestra el poder que podía llegar a tener la cloaca del Estado para atacar la disidencia política con total impunidad. El sistema utilizado era encontrar “debilidades o problemas” en personas o entidades que pudieran tener alguna relación con los adversarios políticos y aprovecharlas para coaccionarlas o presionarlas con el fin de obtener información comprometida. A cambio, supuestamente, el Estado, clandestinamente, solucionaba estas “debilidades o problemas”.
El relato que recoge la policía el 8 de febrero de 2022 y 15 de marzo de 2023 es bastante esclarecedor de cómo se hacían las cosas. Dos declaraciones un tanto espeluznantes que Villalobos hizo acompañado de su abogado y en las que denuncia las presiones, las amenazas y las técnicas no solo de la policía patriótica sino de otros organismos del Estado, como la Fiscalía Anticorrupción. En concreto del fiscal José Grinda, uno de los encargados de captar de manera exprés información de la BPA con una operación relámpago, y con algunas dudas, en la embajada de España en el Principado. Grinda, además, ha sido el fiscal estrella del caso 3% que todavía coletea en la Audiencia Nacional.
Explicaciones a la policía
En la denuncia, Villalobos, que nació en la emblemática ciudad de Maracaibo en 1967 –de ahí el nombre de la “conexión”– detalló a los investigadores que debido a su profesión, ingeniero eléctrico, ocupó cargos de responsabilidad en varias empresas energéticas venezolanas. Con la llegada de Chávez al poder, fue nombrado viceprimer ministro de Energía, una cartera importantísima en el entramado institucional de Venezuela. Una vez abandonó el gobierno de Chávez, creó su grupo empresarial. Una gran consultoría que asesoraba empresas energéticas multinacionales, algunas españolas, que tenían vinculaciones industriales o comerciales con Venezuela.
Prestó servicios a sociedades históricas como la asturiana Duro Felguera, Técnicas Reunidas y, sobre todo, Iberdrola, la gran compañía española, que ha sido investigada en varias causas de la operación Kitchen, como la Wind, con la imputación de su jefe de seguridad, Antonio Asenjo -ex policía- y que ahora mismo tiene como uno de sus consejeros asesores al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán. Según constata Villalobos en su declaración policial, “estas empresas firmaron varios contratos lucrativos” gracias a sus gestiones.
El año 2014, clave
Los negocios iban bien para Villalobos hasta que llegó el año 2014, con la operación Cataluña a toda marcha. De hecho, todavía se llamaba operación Barna y operación Pujol. Villalobos llegó a España con su familia. El objetivo era trasladar toda su operativa empresarial a España. La idea era estratégica y tenía como base un buen colchón económico, el renombre conseguido en Venezuela y una buena cartera de clientes para continuar trabajando en el gran negocio energético. Pero esta historia feliz comienza a torcerse en 2015.
La alarma se dispara en marzo del 2015 cuando el departamento del Tesoro estadounidense, el FinCen, emite un informe donde “menciona que la Banca Privada de Andorra lava dinero chino, ruso y venezolano”. En principio, tres nacionalidades contrarias a los intereses geoeconómicos de los EE.UU. Villalobos narra a la policía española que se puso en guardia por un “cliente importante de la BPA”. Por tanto, “le interesaba conocer qué investigaciones estaban haciendo los americanos para llegar a estas conclusiones”.
Una semana y poco después de la emisión de la nota del FinCen, las autoridades financieras españolas intervienen el Banco Madrid, la filial española de la entidad andorrana propiedad de los hermanos Ramon y Higini Cierco. Curiosamente, y según subraya Villalobos en sus explicaciones a la policía, el motivo de la intervención era que “varios diarios españoles señalaban que la BPA lavaba dinero a chinos, rusos y venezolanos”.
Un ataque mediático y bloqueo de las cuentas bancarias de Villalobos
Según el relato de Villalobos a la policía, el ataque mediático provocado por la intervención y que lo envolvía en una trama internacional de blanqueo a través de la BPA lo “obligó a detener su actividad comercial porque varios bancos le bloquearon incluso sus cuentas personales”. Una situación que ni siquiera le permitía pagar los “sueldos de sus trabajadores”. De hecho, en la denuncia asegura que vive aún de los rendimientos que obtuvo antes de 2015. La “debilidad” ya era evidente.
Siguiendo instrucciones de la policía y para “no contaminar” esta investigación de la “conexión Maracaibo”, el mismo Villalobos hizo constar que aún es investigado por la Audiencia Nacional en el marco del caso Columbus y el sumario Duro Felguera, casos de blanqueo, malversación y corrupción internacional que aún están paralizados en las instrucciones judiciales. La tercera causa de estas características fue archivada por la magistrada Maria Tardón, la misma instructora del caso de Gonzalo Boye.
En todo caso, Villalobos resalta que “se ve involucrado en estas causas por ciertas animadversiones por parte de representantes de la Fiscalía Anticorrupción”. De hecho, más adelante “profundizará” en quiénes son esos representantes del ministerio público y cómo llega a ellos. Es en este punto donde se va detallando el papel de la policía patriótica en la trama venezolana y su nexo con la operación Cataluña, con el objetivo de encontrar dinero de la familia Pujol Ferrusola.
Nombres y movimientos
La policía incluye en las diligencias una serie de nombres que, a priori, sospechan que colaboraban con la policía patriótica, con cierta complicidad del ex director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, el máximo mando uniformado del cuerpo, entonces Eugenio Pino, único condenado por una causa relacionada con la operación Cataluña. El primero de la lista es José Martín Rodil, un interesantísimo supuesto lobista que colaborará con Villalobos para “lavarle la imagen” ante las autoridades estadounidenses.
Rodil no es un conocido casual de Villalobos, sino al contrario. Tienen el primer contacto en la casa -un castillo en las afueras de Madrid- del multimillonario venezolano Alejandro Betancourt. De hecho, este poderoso rico se vio implicado en 2019 en un turbio asunto conocido como la “trama ucraniana de Donald Trump”. Un caso de supuestos pagos para obtener información del candidato estadounidense durante el año 2016 y favorecer la entrada de empresas gasísticas en el país hoy día en guerra con Rusia.
Un solucionador de problemas
Betancourt llegó a alojar en 2019 en su casa al abogado de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que publicó un tuit y todo de su estancia en la mansión. Giuliani también fue contratado como abogado por Betancourt para defenderlo en una investigación del Tesoro estadounidense -el mismo que investigaba la BPA- sobre blanqueo de dinero. Finalmente, Giuliani se salió con la suya y Betancourt no fue acusado, pero, según el informe del caso al que tuvo acceso The Washington Post, era uno de los “conspiradores”. Betancourt, pues, sabía muy bien a quién recomendaba a Villalobos para sus problemas con la administración financiera estadounidense.
El magnate venezolano aseguró a Villalobos que Rodil era un “asesor para diferentes agencias de los EE.UU.” Una especie de “experto solucionador de problemas” ante la compleja administración estadounidense. En este marco, Villalobos dejó claro a los investigadores que Rodil solo lo quería de intermediario y «lobista» con «agencias federales de los EE.UU. como la DEA o el FBI» para «mejorar la imagen ante sus autoridades» y no ante las españolas con el entendido de que Estados Unidos había encendido el fuego apuntando la BPA.
Cuenta atrás, traslado a los EE.UU.
En medio de esta vorágine, finalmente, en 2015 Villalobos se trasladó a vivir a los EE.UU. con su familia. Siguiendo los consejos de Rodil contrató un prestigioso bufete de abogados para celebrar «reuniones con fiscales de Nueva York, Washington y Houston así como con representantes de Homeland Security (Seguridad Interior de los EE.UU.) y la DEA». Encuentros donde Villalobos aportó información que le solicitaban -sin que a estas alturas se haya concretado cuál-.
Aunque en un principio, las reuniones que programaba Rodil parecían ir bien porque había podido recuperar cierta «operatividad bancaria» y mantener reuniones con «gente importante de los EE.UU. como fiscales, senadores y miembros de las agencias de seguridad», la expectativa se truncó. En 2016 ya entendió que «ningún estamento de los EE.UU. tenía nada» contra él y su actividad económica. Por tanto, su conclusión es que solo buscaban «la obtención de información sobre Venezuela». El resto era «humo», porque perdió «la operatividad bancaria, no consiguió la nacionalidad ni la residencia y acabó manteniendo los procesos judiciales abiertos en España y en los EE.UU.».
Al fin y al cabo, Rodil tenía las instrucciones de «limpiar la imagen ante las autoridades estadounidenses, conocer la vigencia de la investigación del BPA y si había alguna otra, poder cerrarlas e incluso, el mantenimiento de la vigencia del visado de los EE.UU.». Curiosamente, el departamento de Justicia de los EE.UU. negó el 14 de diciembre de 2023, la declaración ante los tribunales españoles de Rodil, sobre la trama de financiación de Podemos y el blanqueo de dinero que procedían de Venezuela y que podían haber ido a parar a la BPA.
Y un espía de Israel y un abogado habitual de Interior
La investigación policial también aporta un nombre interesante en esta trama. Se trata de Alberto Galán, alias AVI, un exespía de Israel conocido ya por la justicia española. Galán es uno de los implicados en el caso Caranjuez, donde también está involucrado Rodil, una jugosa trama de sobornos con miembros de la policía patriótica, con el ex DAO, Eugenio Pino, de por medio, para conseguir información sobre las cuentas de Podemos. Según expone Villalobos en la documentación policial, Rodil le recomendó los servicios de Galán para su «protección en España». La contratación nunca se llegó a hacer técnicamente, pero sí le «recomendó personas» y «ayuda» por sus conexiones con la policía. Galán siempre iba acompañado, según detalla Villalobos a la policía, de Daniel Renuncio, un supuesto policía que, precisamente le arregló un problema con su hijo, una noche que no gestionó bien las copas que bebió, y otro con el permiso de residencia de su hija. La resolución inmediata de los dos problemas le dieron confianza a Villalobos.
Villalobos insistió a la policía española que Galán le fue presentado como «ex agente del Mossad y asesor antiterrorista de la policía española». Sin embargo, ofrecía «reuniones al más alto nivel y la intermediación ante la publicación de noticias en la prensa española». Galán le presentó a José Martín Aliste. Fue en mayo de 2015. Le presentó como un experto en conseguir nacionalidades españolas. Aliste es un habitual de las agendas del comisario de inteligencia jubilado y uno de los ejecutores de la policía patriótica José Manuel Villarejo, y sobre todo muy bien conectado con Bonifacio Díez, alias Boni, uno de los nombres más importantes de la tropa de la policía patriótica y parte esencial de la investigación que la justicia andorrana lleva a cabo sobre las actividades de la policía patriótica en el Principado. De hecho, son constantes las referencias en las agendas de Villarejo de las reuniones o contactos con Aliste por la «cuestión andorrana». La relación con Galán terminó con el pago de un saldo y finiquito de 50.000 euros por los servicios prestados.
‘Boni’ hace de las suyas buscando dinero de los Pujol
Bonifacio Díez entra en acción en octubre de 2015. Villalobos recuerda que le presentaron como asistente del DAO, y uno de los investigados por coacciones a los hermanos Cierco y al CEO de la BPA, Joan Pau Miquel, para conseguir los datos financieros de los Pujol-Ferrusola. La justicia andorrana, sin embargo, se ha quedado con un palmo de narices, porque goza de inmunidad diplomática. Según el relato que consta en la documentación policial, el encuentro entre el ex vice primer ministro venezolano y Bonifacio Díez es en octubre de 2015, en el despacho de Martín Rodil en Washington. Rodil justificó el encuentro argumentando que un «representante de la policía española se entrevistaba con las autoridades policiales estadounidenses».
Así mismo, le insistió que «estaba interesado en obtener información sobre tres temas: financiación del partido político Podemos, dinero de la familia Pujol en la Banca Privada de Andorra, y si algún venezolano había participado en la compra del edificio de Banco Madrid». Además, el policía le remarcó que el «fiscal anticorrupción estaría interesado también en hablar con él». De hecho, en aquel encuentro convinieron celebrar una reunión a su retorno a España.
Una recepción extraña
A finales de enero de 2016, Villalobos contacta con Boni y le avisa de su retorno a España. La sorpresa fue que al aterrizar en Madrid, dos policías lo esperaban en la puerta del «transfer». Lo identificaron y le entregaron una citación en calidad de testigo para el 1 de febrero en la sede de la fiscalía anticorrupción. El encuentro se celebró, en un principio, de forma «amigable» y también asistían el abogado Martín Aliste y José Luis Moreno, uno de los abogados investigados por presionar al letrado de Luis Bárcenas, en el caso de los Papeles de Bárcenas, el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, y por estar involucrado en el caso Kalashov, un capo de la mafia georgiana, que tendría también a Gómez de Liaño como abogado, y que la policía patriótica utilizaba para presionarlo. Curiosamente un caso que llevó el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, un buen amigo de la policía patriótica.
Según el relato de la policía, en esa reunión, Grinda aseguró a Villalobos que con la «cooperación con entidades estadounidenses no había sido suficiente». En esta línea, le pidió «ayuda» para hacer «de testigo en una causa contra Duro Felguero y contra Banco Madrid, y que se encargaría de que no le pasara nada, y en el peor de los casos, solo tendría que pagar una pequeña multa». Villalobos se negó, sobre todo, porque no tenía información relevante sobre estos dos casos que permitieran sostener una acusación. «El fiscal Grinda perdió los nervios», recordó Villalobos a los agentes de asuntos internos, «llegando a golpear la mesa en dos ocasiones advirtiéndole que si no cooperaba, el mismo fiscal iría por él». La primera reacción fue cambiarlo de estado procesal pasándolo de testigo a investigado».
Villalobos describió el encuentro a Bonifacio Díez. El policía, siguiendo el relato del venezolano, lo calmó y le dijo que no se preocupara. De hecho, continuaron las reuniones en varios hoteles de Madrid, siempre para «la obtención de información» que le había reclamado ya en los EE.UU. Villalobos fue detenido e ingresado en prisión el 27 de octubre de 2017, por una investigación de las que presumiblemente tenía abiertas en los Estados Unidos y con el apoyo de la fiscalía anticorrupción. Pero el 14 de septiembre de 2018, la Audiencia de Madrid ordenó dejarlo en libertad porque entendía que el delito de blanqueo que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción no estaba acreditado «con suficiente claridad». En diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional estimó su recurso de amparo y estableció que Villalobos había sido encarcelado «ilegalmente». «El procedimiento seguido para acordar la prisión provisional de Villalobos no ha respetado las garantías legales de información y acceso a los elementos esenciales de las actuaciones”, resolvían los magistrados contra un ingreso a prisión instado por la fiscalía… anticorrupción. Continuará.
