Movimiento de réplica en Andorra, a imagen de la ley de amnistía que se ha aprobado en España aunque no se ha cumplido del todo como sus patrocinadores preveían. Una ley impulsada por varios afectados por el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad financiera que tenía fondos de la familia Pujol Ferrusola y que tuvo que cerrar sus puertas a raíz de una nota del Tesoro estadounidense, el 10 de marzo de 2015. Una nota que habría sido utilizada por la policía patriótica en la operación Cataluña para presionar a los propietarios del banco a cambio de información financiera oscura de líderes independentistas.
El cierre de la entidad abrió decenas de procesos judiciales en Andorra, y con cierta derivada en España por el también cierre de su filial Banco Madrid. Un caso que ha saturado los juzgados andorranos y que requiere una salida de Estado. Por ello, un grupo de juristas ha impulsado como «única salida» tanto «técnica como jurídica», una amnistía. Teniendo presente, según los impulsores de la iniciativa que «una amnistía no es un perdón, como se dice, sino el olvido, la renuncia del Estado a perseguir unos hechos porque se dan unas circunstancias singulares». Como entienden que sería este caso, del que aún no hay ninguna sentencia en firme. Así lo han presentado este mediodía, tres de los abogados que defienden la iniciativa en Andorra, Xavier Jordana, Sònia Ruiz e Irina Monroy.
Tres requisitos
Según han expuesto los letrados, la iniciativa requiere «consenso político y social con deseo pacificador y de reconciliación y de poner fin a una situación anómala que perjudica gravemente a los concernidos y al país». Sobre todo, las 25 personas (empleados y directivos) procesados en lo que califican de causa “general contra el banco». Una situación que implica el bloqueo de sus bienes y cuentas y la dificultad de reincorporarse al mercado laboral. De momento, los impulsores de la iniciativa se han reunido con los grupos parlamentarios andorranos.
Por otro lado, razonan que una iniciativa legislativa de este tipo tiene legitimidad desde el punto de vista de la Constitución andorrana. Así aportan un Dictamen de la Comisión de Venecia del 15-16 de marzo de 2024 y de los Informes de expertos en derecho penal y en derecho constitucional de España y de Francia – equipo de abogados de Barcelona y catedráticos de las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra y de la Universidad de la Sorbona de París- de que disponen y que serán entregados a los grupos parlamentarios y al jefe de Gobierno. De hecho, consideran clave el dictamen de la Comisión de Venecia para sacar adelante la iniciativa, tal como pasó, con la ley española.
Además, los impulsores remarcan que el caso BPA reúne «la excepcionalidad que requiere una medida como la amnistía». En este sentido, identifican esta solución política como un «beneficio para el Principado» y de los «trabajadores que desde hace diez años esperan sentencia con sus bienes bloqueados y la imposibilidad de rehacer sus vidas, y con la perspectiva de nuevas causas que son un calvario que se van abriendo contra ellos sin justificación real» con una ofensiva que apuntan como prospectiva.
