Poco a poco, los tentáculos de la operación Catalunya van saliendo a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, incluso aquellos documentos comprometidos que llevan el sello de confidencial o secreto. Las próximas sesiones abrirán una nueva pantalla en las pesquisas de los diputados. En concreto, la trama andorrana del plan de las cloacas contra el Procés. Es decir, la profusa actividad que llevaron a cabo para conseguir datos financieros de líderes independentistas en el Principado de Andorra y que terminó con la intervención de la Banca Privada d’Andorra y de su franquicia española, Banco Madrid.
Una intervención y captación de información realizada en tiempo récord con la inestimable colaboración de la embajada de España en Andorra. Ahora bien, esta intervención siempre tuvo puntos oscuros y una curiosa conexión con la Guardia Civil, así como los nexos con el departamento del Tesoro estadounidense, el FinCEN, que emitió la nota informativa que propició la intervención de la entidad financiera, su posterior venta, cierre y traspaso de activos a cuentas corrientes a nombre del Estado andorrano. Ahora se podrían esclarecer algunos de los puntos más oscuros gracias al poder del Congreso de los Diputados. Cabe recordar que el 10 de marzo de 2015 el FinCEN emitió la “notice of finding” (NOF) contra la BPA, clave de la intervención, pero antes de un año, el 18 de febrero de 2016, la retiró. Sin embargo, la BPA ya estaba en capilla.
De Columbia a Madrid
La parte estadounidense del entramado fue judicializada en EE. UU., en un juzgado del Distrito de Columbia, por parte de los propietarios de la BPA, Ramon e Higini Cierco. Aquel proceso judicial permitió la desclasificación de cientos de documentos sobre el operativo. Ahora bien, fue una desclasificación sesgada, porque quedaron casi 500 documentos cerrados bajo llave. Asimismo, muchos de los documentos que fueron desclasificados por la FOIA, la ley de transparencia, están debidamente camuflados y tapados.
A pesar de eso, sí se desprenden de estos documentos datos y referencias que indican que fueron emitidos desde España, incluso a través de funcionarios de la embajada estadounidense y del consulado del país en Barcelona. Un estudio de estos documentos permite esbozar la operación que se llevó a cabo. Por eso, ahora, la comisión de investigación del Congreso se plantea reclamar a las autoridades españolas las comunicaciones que enviaron a las autoridades estadounidenses.
Embajadas, consulados y Sepblac
En concreto, miembros de la comisión se plantean que antes de la asistencia como compareciente del ex-CEO de la BPA, Joan Pau Miquel, se reclamen los documentos de la intervención del Banco Madrid y las comunicaciones de las autoridades financieras y diplomáticas españolas a las autoridades andorranas y estadounidenses. De hecho, mucha de esta documentación fue desclasificada por el gobierno de EE. UU. pero sin ofrecer toda la información, ya que muchos datos y nombres permanecen tapados o censurados.
Entre estos documentos constan las comunicaciones de Jesús Blázquez, uno de los investigadores de la embajada de EE. UU. en Madrid, de Tanya C.Anderson, cónsul general de EE. UU. en Barcelona, y de varios inspectores del FinCEN con las autoridades españolas. Precisamente, los nombres de las entidades y de sus responsables son los nombres que permanecen tapados porque las autoridades estadounidenses no estaban autorizadas a revelar estos datos.
Con estos documentos en mano, los diputados pueden solicitar ahora al ministerio de Economía y al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), todos los datos. Es decir, quién envió información, qué tipo de información y con qué interés. Siempre teniendo en cuenta que hay documentos pendientes de desclasificar, más allá de los 483 folios ya aportados y a los que ha tenido acceso El Món.
Antes y después de la intervención
De hecho, los documentos van más allá de los momentos previos a la intervención de la entidad financiera. Así, hay una gran cantidad de documentos donde se constatan las comunicaciones entre los directivos y analistas del FinCEN. Todo ello, recogiendo información de las autoridades andorranas y españolas y las legaciones diplomáticas de los Estados Unidos en Barcelona y Madrid. Otros correos, por ejemplo, también traspasan información de cómo la BPA ha hecho limpieza de su cuenta de clientes y las medidas de cumplimiento que han impuesto de cara a la normalización del mercado financiero y bancario andorrano y la lucha internacional contra el blanqueo.
También destaca, dentro del grueso de documentos, la cantidad de comunicaciones generadas después de la intervención. Todo ello, con continuas peticiones de información y datos. De hecho, coinciden estas comunicaciones con la entrega de los datos de las cuentas y balances al jefe del grupo 22 de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera (UDEF) en la embajada de España en Andorra, seis días después de la intervención. Un dato bastante destacable, con el entendimiento de que el proceso de emisión de la nota, como se ve en los documentos por las fechas, fue vigilado y alentado desde las autoridades españolas, andorranas y estadounidenses.
Aclarar uno de los puntos más oscuros de la operación Catalunya implica esclarecer estas comunicaciones y si las legaciones diplomáticas españolas en los Estados Unidos participaron en el operativo. Por eso, un estudio en profundidad de estos documentos puede ayudar a completar un rompecabezas que definiría la estrategia empleada para conseguir unos datos financieros sobre líderes soberanistas, como la familia Pujol Ferrusola o Artur Mas, forzar el cierre de una entidad incómoda para la competencia bancaria en el Principado y llevar a cabo una operación política para mostrar en el circuito internacional que Andorra se tomaba en serio la lucha contra el blanqueo.
