«Si no hubiéramos visto irregularidades no habríamos llegado tan lejos en la investigación». Con esta contundencia se ha expresado el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Josep Tomàs Salàs, en los pasillos del Parlamento sobre el expediente abierto que tiene el organismo de prevención por el caso DGAIA. En concreto, sobre las plazas fantasma en pisos tutelados de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y que Antifrau conoció a través de un testigo protegido. Tomàs Salàs ha señalado que la previsión es cerrar el expediente antes de fin de año para no «decepcionar» a los que esperan los resultados de las pesquisas. De hecho, esta información se deberá aportar a las diligencias judiciales abiertas a raíz de dos querellas en sendos juzgados de Barcelona.
A pesar de ello, el director de Antifrau que ha comparecido en la comisión de Asuntos Interdepartamentales del Parlamento, no ha querido adelantar detalles de la investigación ni de sus resultados, más bien ha bajado las expectativas «excesivas sobre los resultados». De hecho, Tomàs Salàs insiste en que otros organismos e instituciones ya han analizado la gestión de la DGAIA. Al fin y al cabo, Tomàs Salàs ha enfatizado que la investigación de su oficina está concentrada en “en las cuestiones concretas denunciadas por una persona protegida por la Oficina, relacionadas con unas fechas concretas y personas específicas”. De hecho, la concreción se sitúa en la demarcación de Girona y a través de la empresa Resilis.
Dos expedientes
Los casos que ha investigado Antifrau se refieren a dos expedientes. Un primero, referente al control de las ayudas económicas, se cerró antes del verano. Antifrau no detectó posibles delitos o fraude, pero advirtió que era necesario comprobar si se habían cumplido los contratos con las entidades colaboradoras y si la Administración había hecho un seguimiento adecuado de las prestaciones. Es decir, que cobraban sin tener las condiciones para poder acceder a las prestaciones. El organismo trasladó la documentación a la Fiscalía Anticorrupción, que, según Tomàs Salàs, ha abierto diligencias, sin que aún haya trascendido si se han judicializado.
Un segundo expediente, que es el que aún continúa abierto y que se espera cerrar en dos meses a lo sumo, examina las llamadas plazas fantasma. Se trata de posibles casos en los que entidades habrían cobrado de la Generalitat por alojar jóvenes que en realidad no recibían el servicio a través de los pisos concertados. En concreto, tres extrabajadores denunciaron que una entidad cobraba a la Generalitat como si las viviendas estuvieran llenas, a pesar de tener plazas vacías.
