Un nuevo (resucitado) fantasma recorre Europa y el primer objetivo serán los ayuntamientos. Así se puede describir la idea que han puesto sobre la mesa alcaldes de toda la región de los Países Catalanes en una interesante mesa redonda en la Universidad Catalana de Verano (UCE), que se celebra esta semana en Prada (el Conflent). Un debate titulado Municipalismo y construcción nacional que tanto ha servido para concluir la necesidad de colaboración e intercambio entre consistorios como la defensa de la lengua o para alertar, con énfasis, del crecimiento de la extrema derecha.
Meritxell Budó, alcaldesa de la Garriga (Vallès Oriental) y presidenta de la Asociación Catalana de Municipios (ACM); Nicolau Garcia, alcalde de Elna (Rosselló); Miquel Oliver, alcalde de Manacor (Mallorca) y Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer (Marina Alta), conducidos por Jaume Oliveres, alcalde del Masnou (Maresme), se han sentado en el anfiteatro del Liceo Charles Renouvier para remarcar el carácter «político» de los ayuntamientos y cómo pueden hacer de «trinchera» contra el crecimiento de la extrema derecha. Un debate donde han situado el conocimiento del catalán, la cultura y la memoria como base para frenar esta tendencia, así como condiciones financieras y legales que den más margen a las instituciones de «proximidad» para la gestión de la vida diaria de la gente.

El peligro de la extrema derecha
Budó ha encendido el debate sobre la amenaza de la extrema derecha en el ámbito municipalista con el horizonte de las elecciones municipales de 2027. En este sentido, la alcaldesa ha entonado el mea culpa criticando que desde el mundo político se ha hablado de conceptos muy teóricos y se ha hablado poco de los «problemas que preocupan a la gente», como la vivienda, la seguridad, la salud pública o la inmigración. Una situación que ha permitido a la extrema derecha, a través de varios canales como las redes sociales, apuntalar relatos que pueden facilitar su entrada en las instituciones públicas. «Debemos decir la verdad a la gente», han concluido.
Una tesis que ha apoyado Garcia, que conoce bien el fenómeno por el ejemplo de muchos municipios del norte de Cataluña, donde la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional gobierna. Como es el caso de la capital, Perpiñán, en manos del partido de Marine Le Pen desde las últimas elecciones municipales. «Los ayuntamientos son el primer paso para después asaltar la presidencia del Estado», ha advertido. Una opinión también compartida por Oliver y Ferrús, que en sus municipios batallan con Vox. Oliver ha pedido fortalecer las competencias municipales en vivienda e inmigración, para poder incidir en el proceso de acogida de los recién llegados con más herramientas y recursos. Los cuatro han incluido en la ecuación el catalán, como herramienta de integración más eficaz y que puede servir para pivotar las políticas de acogida.
Especialmente significativa ha sido la aportación de Oliver, que ha incluido en las políticas municipales el hecho de «dar a conocer la historia», como por ejemplo, dignificar las fosas comunes o los escenarios de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil. En este sentido, ha puesto el ejemplo del cementerio de Manacor, donde hay doscientos cadáveres de asesinados por el fascismo, que se ha dado a conocer a la población y se ha realizado un estudio histórico. Acciones que, para el alcalde manacorí, sirven «para educar sobre qué pasaría si la extrema derecha vuelve a tener poder».

Más coordinación
En el transcurso de la charla, todos los alcaldes participantes han apostado por encontrar fórmulas de «cooperación» para abaratar y hacer más eficaces las políticas públicas municipales. Así, Garcia ha cargado contra la nueva distribución impositiva y fiscal del estado francés, que no da margen a los ayuntamientos para poder hacer más inversiones. «Si un pueblo como Elna, que es de los más pobres del estado francés, quiere construir un campo de fútbol, no puede hacerlo, porque la administración francesa no les permite endeudarse, así solo pueden tener más infraestructuras los municipios que se pueden endeudar porque son más ricos o tienen más dinero», ha razonado el alcalde de Elna. «El sistema se ha comido la democracia», ha sentenciado.
Una reflexión que han asumido el resto de miembros de la mesa, que incidían en la falta de recursos públicos porque, como ha apuntado Budó, los «municipios son las instituciones que mejor hacen los deberes». Ahora bien, ha cargado contra el gasto que supone, por ejemplo, levantar pisos sociales en un contexto de presupuestos reducidos y «finalistas» que tienen las corporaciones. Una situación que obliga al endeudamiento. En todo caso, Budó ha defendido las compras globales y centralizadas a través de las plataformas como la Asociación Catalana de Municipios.