Entra en vigor, este viernes, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea después de años de negociaciones. La reforma refuerza las fronteras exteriores del bloque y los mecanismos de expulsión, endurece la acogida y el control sobre las personas en situación irregular, y crea un sistema de solidaridad voluntaria para repartir migrantes entre estados miembros. Coincidiendo con la fecha, España ha formalizado ante la UE su rechazo al Reglamento de Retornos, una de las piezas previstas del pacto.
Aprobado en mayo de 2024, el conjunto normativo está formado por diez actos legislativos vinculantes que reforman la gestión de fronteras, la tramitación de solicitudes de asilo y el reparto de responsabilidades de acogida. Según la Comisión Europea, el objetivo es reducir las entradas irregulares, que ya han caído un 55% en los últimos dos años. «Con las nuevas normas tendremos más control sobre quién puede venir y quién puede irse», afirmó el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien añadió que la UE «está poniendo orden», en declaraciones recogidas por la agencia ACN.
Una de las principales novedades es la obligación de identificar en un máximo de siete días a cualquier persona que cruce irregularmente una frontera comunitaria, y un nuevo procedimiento acelerado de asilo en frontera, con un plazo de doce semanas para resolver la solicitud y otro de doce semanas más para ejecutar el retorno si es rechazada. Se aplicará obligatoriamente a personas consideradas un riesgo para la seguridad o procedentes de países con una tasa de reconocimiento de asilo inferior al 20%. Se reforma el Eurodac, la base de datos biométricos de la UE que almacena y compara las huellas dactilares y otros datos de solicitantes de asilo e inmigrantes en situación irregular. Ahora, este sistema registrará con fotografía y huellas a todas las personas a partir de seis años, mientras que antes el umbral se situaba en los catorce años.
Solidaridad voluntaria y terceros países seguros
El mecanismo de solidaridad permitirá a España, Italia, Grecia y Chipre, como países con mayor presión migratoria, solicitar la reubicación de hasta 21.000 migrantes, recibir compensaciones de 20.000 euros por persona no acogida por los estados que se nieguen, u obtener apoyo material o humano. La reforma migratoria amplía también el concepto de «tercer país seguro», lo que podría permitir deportar migrantes a países sin vínculo con su origen, siempre que exista conexión, tránsito previo o un acuerdo bilateral con el estado miembro. Se introduce, además, una lista común de siete países de origen seguros — Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez — a los que se suman todos los candidatos a la adhesión de la UE.
El reglamento de retornos, aprobado la semana pasada, aún debe ser ratificado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Una vez en vigor, permitirá crear centros de deportación en terceros países considerados seguros, donde se podrían enviar familias con menores (no menores no acompañados), ampliará la detención hasta dos años —prorrogable e incluso «ilimitada» en casos de riesgo para la seguridad— y evaluará redadas migratorias similares a las de ICE en Estados Unidos. Precisamente este es el texto que España ha rechazado formalmente ante el Comité de Representantes Permanentes de la UE, alegando que los centros de retorno generarían inseguridad jurídica y un riesgo elevado de vulneración del principio de no devolución.
Bruselas se defiende de las críticas
Paralelamente, Brunner, ha defendido la reforma de las críticas de ONG que han alzado la voz contra el reglamento, el cual consideran que podría limitar y vulnerar los derechos fundamentales. El responsable de los asuntos internos y las migraciones, antes de la reunión informal de ministros del Interior europeos, ha dejado claro que la normativa permitirá que, por primera vez, «podemos decir que salvamos vidas, porque evitamos que la gente emprenda este camino tan peligroso». Sobre la retórica antiinmigratoria de los gobiernos de la extrema derecha europea, ha recalcado que el ente comunitario tiene «muchas líneas rojas». El comisario ha detallado que presentarán en julio y en octubre dos informes para evaluar la implantación de la nueva ley.
Olivia Sundberg, responsable de migración y asilo en la UE de Amnistía Internacional, ha advertido que las reformas «incrementan los riesgos para las personas que intentan llegar a Europa» y «complican muchísimo el acceso a protección internacional». Por su parte, Judith Sunderland, asesora sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes de la organización de Human Rights Watch, ha denunciado que el pacto «cierra la puerta a personas que merecen ser tratadas con dignidad» en un momento en que «el mundo necesita que Europa defienda los derechos humanos». Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que la implementación en España se hará con un «enfoque garantista y respetuoso» con los derechos de los migrantes y solicitantes de protección internacional.
