Nuevo giro hacia la reacción por parte de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han acordado reformar el reglamento de retornos de la UE y endurecen la política migratoria de Bruselas avalando la creación de centros de deportación de migrantes en terceros países. Un endurecimiento de la política exterior y en materia de inmigración permitirá que los gobiernos europeos puedan ampliar los períodos de detención, acelerar las deportaciones o llevar a cabo registros en hogares o lugares de trabajo para localizar migrantes en situación irregular.
La reforma de las normativas europeas permitirá que los estados miembros puedan simplificar y acelerar los procesos de expulsión de migrantes en situación irregular y dará cobertura legal para crear los centros de retorno fuera de los territorios comunitarios. Unos centros de retorno que servirán de destino final y de centros de transferencia para facilitar el retorno al país de origen o a un tercer país. Con la reforma de la normativa, los estados estarán obligados a emitir la decisión de retorno contra una persona en situación irregular en su territorio, incluyendo la obligación de abandonarlo en los cuales habrá un período de salida voluntaria de hasta 30 días antes de la expulsión.
Más tiempo de detención
La reforma de la normativa europea permitirá imponer prohibiciones de entrada a la UE en caso de riesgo para la seguridad interna y ampliar hasta los 10 años los vetos de entrada. Además, también se ampliarán los períodos de detención hasta los dos años, que se pueden prorrogar en plazos de seis meses para hacer «efectiva» la expulsión y que se permita que la duración de las detenciones sea «ilimitada» si la persona supone «un riesgo para la seguridad».
La nueva normativa también permitirá que los gobiernos tipifiquen como delito la entrada y la estancia ilegal dentro de su territorio y amplíen los supuestos para poder expulsar a las personas que se encuentren en situación irregular dentro del territorio.
