La Audiencia Nacional, que el próximo año cumplirá 50 años, es un organismo judicial complejo en tanto que es un tribunal especializado y no especial. Una definición que mantiene siempre a la Audiencia en el punto de mira de las críticas. De ahí que el presidente del órgano judicial con sede en Madrid, Juan Manuel Fernández, se esfuerce en defender el trabajo de los magistrados destinados en esta plaza y en negar las acusaciones de politización.
Fernández, que ha participado en el Foro de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, ha asegurado que en la Audiencia Nacional se instruyen y se juzgan casos de «significativa importancia». Una tarea que genera «críticas» y «hablar de politización», pero en la Audiencia Nacional, «como en cualquier otro tribunal español no se hace política». «Investigamos hechos, juzgamos conductas, pero bajo la única autoridad a la que estamos sometidos, es decir, la Constitución y la ley, sin ceder a ninguna otra forma de influencia», ha remarcado el magistrado justo como preámbulo de su conferencia «La Audiencia Nacional: guardián del Estado de derecho».
Crítica legítima si es sobre la sentencia
En este sentido, el juez reflexiona sobre el alcance de la crítica y señala que será legítima «siempre que se centre en el contenido de la sentencia». Así ha reprochado «las críticas de los responsables políticos cuando atraviesan este marco y se adentran en terrenos que podemos considerar extrajurisdiccionales invocando razones espurias como ideológicas o con el objetivo de querer producir un cambio político». En conjunto, Fernández ha cargado contra el concepto «lawfare». «Cuando estas críticas son hechas por los responsables políticos les falta esa legitimidad», ha añadido.
«El poder judicial que se configura además en la Constitución de 1978, es un poder judicial que debe ser independiente y lo es realmente», ha remarcado. «A lo largo de estos años hemos dado muestras de ello, y todo esto además en un sistema de plenas garantías constitucionales y procesales», ha resaltado Fernández. «No tenemos ninguna otra sujeción que la Constitución -que es de la cual deriva nuestra legitimidad democrática- y no actuamos nunca movidos por ninguna otra influencia politicopartidista, económica o social», ha subrayado. «Nuestro deber es ser firmes en la defensa del Estado de Derecho, contribuir a que la vida de los españoles sea mejor, más pacífica y nos dedicamos a ello, conscientes de este rol constitucional que llevamos a cabo», ha concluido.
