El juicio sobre las irregularidades del Ayuntamiento de Tarragona durante el mandato del socialista Fèlix Ballesteros como alcalde, el caso Inipro, ha llegado a la décima jornada. Este martes por la mañana, la sede provisional y poco romántica de la audiencia tarraconense, instalada en la antigua prisión de la ciudad, ha vivido varias testificales, pero ha habido una que se ha llevado la palma. El interventor de la Administración General del Estado José Luis Pérez, perito nombrado por el magistrado instructor del caso, Joaquín Elías Gadea, para evaluar la contratación de Inipro por parte del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST). Es decir, la empresa que según las acusaciones habría servido para financiar propaganda electoral en las redes a favor de Ballesteros y del PSC.
Otra de las sorpresas de la jornada ha sido la curiosísima renuncia de las defensas a la testifical de Pau Ricomà, el alcalde de ERC que asumió el cargo después de Ballesteros. De hecho, Ricomà fue reclamado por la defensa del exalcalde socialista para que explicara la normalidad de los pagos por «enriquecimiento injusto» de la administración, es decir, la fórmula excepcional que se utilizó para pagar a Inipro los supuestos servicios de promoción del asociacionismo entre recién llegados. Ricomà se ha presentado en la vista como testigo, pero la sorpresa ha sido la renuncia a su testifical por parte de la defensa de Ballesteros. El socialista justificó la petición de su declaración para demostrar que el republicano «había actuado como él», con pagos con la fórmula del enriquecimiento injusto. Finalmente, la defensa del socialista no se ha querido arriesgar.
Un interventor a quien le chirrió el contrato
El último testimonio de la jornada llegó después de la declaración del concejal de Hacienda de Ballesteros, Pau Pérez, un jefe de administración de alcaldía y un líder vecinal. Los tres con relaciones directas con el PSC de Ballesteros. El único testimonio del día que no tenía relación con los socialistas ha sido el perito, José Luis Pérez. Un hombre ya jubilado que, seguro, nunca habría sido portavoz de la Federación de Coristas, Crupiers y Apostadores y que ha reafirmado su informe. Un documento en el que consideraba que la tramitación de la contratación que terminó en manos de Inipro fue correcta hasta la concurrencia de las tres empresas.
A partir de la convocatoria del contrato negociado sin publicidad, el perito ha concretado irregularidades que según su «entender y saber leal» detectó. De entrada, que las dos empresas que quedaron en la licitación, Itinere e Inipro, eran empresas vinculadas, porque una era propietaria de la otra. En segundo término, que se pagaron facturas de manera anticipada a la prestación del servicio sin que hubiera «amparo» documental para hacerlo, porque el contrato inicial nunca se prorrogó. Y, en tercer lugar, porque, de las memorias de actividades de Inipro a las que tuvo acceso, no se podía concluir que el trabajo o el servicio se hubiera prestado.
La reacción de las defensas
La reacción de las defensas no se ha hecho esperar. Sobre todo, de uno de los principales acusados, el jefe de gabinete de alcaldía, Antonio Muñoz, gerente del IMSST durante la contratación. La letrada que lleva su defensa, Sara Uceda, ex fiscal sustituta y exmagistrada, ha apostado fuerte por la estrategia de desmontar las conclusiones del peritaje. Así ha puesto en duda la «irregularidad» de que en contratos de servicios las empresas que concurran sean vinculadas, y sí en un contrato de obra. En este sentido, ha alegado que la doctrina jurisprudencial alegada por el perito aún no era firme ni pacífica.
El perito, por eso, con serenidad, no se ha dejado impresionar y se ha mostrado seguro al catalogar como nada lógico que un contrato negociado sin publicidad -es decir, sin libre concurrencia pública de empresas- solo participen dos empresas y que ambas estén tan vinculadas que una sea propiedad de la otra. Y, además, hayan presentado la oferta de manera correlativa. «No es admisible», ha sentenciado. A todo esto, hay que añadir que la tercera que tenía que concurrir, desistió en el último momento. El perito también ha reprochado que no se hiciera constar el órgano de contratación y que el pago de las facturas, en el año 2010, fuera anticipado, antes de la prestación del servicio, y la forma del pago, -la fórmula del enriquecimiento injusto- que implica que si el alcalde no hubiera firmado los decretos, las facturas no se pagan.
Unas facturas que, atendiendo a la documentación que estudió, no estaban justificadas porque no se podía concluir que el servicio se hubiera prestado. Por otra parte, el hecho de que Inipro hubiese continuado sin una prórroga del contrato no tenía cobertura legal. De hecho, el contrato de 2010, el que origina la relación con el IMSST no preveía su posibilidad de prórroga. Las defensas se han esforzado en demostrar la insuficiencia de la documentación a la que tuvo acceso el perito para poder opinar que el servicio de Inipro no se había prestado y, por otra parte, que si bien era extraño la concurrencia de empresas vinculadas en este tipo de adjudicaciones, no era ilegal.
Funcionarios, concejales y vecinos… del PSC
Los tres primeros testimonios del día estaban orientados a quitar responsabilidad a Ballesteros de la firma de los decretos que sirvieron para pagar los servicios de Inipro. El primero, el exconcejal de Hacienda, Pau Pérez, que ha explicado cómo recibían los expedientes que firmaban los concejales delegados y el alcalde. «Entendíamos que los técnicos lo habían revisado y estaba todo correcto», ha especificado. Ahora bien, en el momento en que el abogado de la CUP, acusación particular, le ha sacado dos correos donde hacía constar la inquietud del equipo de gobierno y la relación con la oposición cuando estalló el caso Inipro donde pedía calmar los ánimos para hablar con el popular Alejandro Fernández, jefe del PP en la ciudad, y Victòria Forns, de CiU hasta que «no acabara la guerra». Otro correo donde también señalaban que hablaban con ambos para intentar frenar la polémica así como recomendaba «suavizar la auditoría que había ordenado el alcalde». Una expresión que Pérez ha querido reducir a una contingencia política.
Otro de los testimonios ha sido el jefe de administración del gabinete de alcaldía, Josep Maria Badia, que también había ido en las listas del PSC de Ballesteros. Badia ha admitido la rareza del pago por la fórmula del pago injusto. Pero ha asegurado que habló con el secretario interventor que testificará el próximo 18 de noviembre, y al final autorizaron los pagos porque no tuvo dudas de que el servicio se había prestado o faltaba alguno de los requisitos. El tercer testigo, Francisco Pérez, presidente histórico de los Vecinos del Barrio del Pilar, que también había ido en las listas ha apuntado al final de su declaración que se hacía «trabajo con la inmigración» hasta el punto de que «organizaban fiestas con las mujeres marroquíes». Un hecho extraño, a su parecer, por la diferencia de las culturas.
