La octava jornada del juicio del caso Inipro, sobre las irregularidades del Ayuntamiento de Tarragona durante la época en que gobernaba el PSC, con Josep Fèlix Ballesteros como alcalde, ha mostrado las costuras de cómo funcionan los equilibrios políticos incluso con los partidos de la oposición, los sistemas de propaganda camuflada de los partidos en las redes y, de manera evidente, cómo puede ser de selectiva la memoria. La mayoría de los testimonios que han subido al estrado provenían de la defensa, desde concejales de la oposición, a altos funcionarios del consistorio y del gabinete de alcaldía y trabajadores del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST), la entidad que contrató a Inipro, la empresa que según las acusaciones se dedicaba a hacer ciberactivismo y propaganda electoral para Ballesteros y el PSC.
Especialmente interesante, ha sido el testimonio de Pere Valls, que ha advertido a la presidenta del tribunal, Maria Espiau, que era militante desde hacía muchos años en el PSC. Pero poco a poco, esta militancia de base, se ha ido descubriendo en toda su magnitud. De hecho, ha admitido que era miembro del grupo «ciberactivistas», por el cual no cobraba, pero sí que difundía información en favor de Ballesteros y del PSC. Incluso, ha explicado que «se inventaban cartas al director» en los diarios de la ciudad y las hacían firmar por otras personas elogiando la figura del alcalde o de su gestión o del PSC de la ciudad.
Por otro lado, la exsecretaria, ya jubilada, del gabinete de alcaldía, ha afirmado que dudaba que el alcalde leyera todos los expedientes antes de firmarlos porque «tenía muchas carpetas». «Le dejaban una hoja que era la que tenía que firmar», ha concretado. Un intento de exoneración de Ballesteros, que firmó los decretos para pagar las facturas de Inipro cuando tenía el contrato caducado y se utilizaba la fórmula del enriquecimiento injusto. Un sistema que el mismo vicesecretario del Ayuntamiento ha reconocido que no era normal, pero que había ocasiones en que se tenía que hacer así porque el servicio se había prestado aunque la adjudicación o el contrato estaba caducado.
De compañeros a jefes políticos
El primer testimonio que se ha declarado ha sido Ainhoa València, integradora de los servicios sociales que llevaba «cuestiones relacionadas con los recién llegados». Hacía los informes de arraigo y vivienda de los recién llegados. Su relato era importante porque las tesis de la acusación es que Inipro cobraba del IMSST para fomentar el asociacionismo entre inmigrantes, pero, en realidad, era una tapadera para pagar ciberactivistas para potenciar políticamente a Ballesteros y al PSC. València ha explicado que en el año 2010 debían trabajar entre 6 o 7 personas y ahora, el mismo servicio serían 7 u 8.
València ha admitido que no recordaba ningún programa de un proyecto para potenciar el asociacionismo de los recién llegados. Sí ha narrado que después de una baja maternal, al reincorporarse entre finales de enero y principios de 2012, vio que había «dos compañeros» más Cecilia Mangini y Mario Burzuri, dos de los trabajadores de Inipro que según la instrucción se dedicaban al ciberactivismo. València se desplazaba con su vehículo para inspeccionar domicilios de los que tenía que hacer informes.
Alguna vez había llevado, un hecho que no era «habitual», en coche a Mangini y Burzuri porque «hacían actividades de apoyo» y en la sede de la unidad de recién llegados trabajaban en la «sala polivalente» pero «no lo recordaba bien». València ha reconocido que sus jefes eran Enriqueta Aznar y Antonio Muñoz, ambos imputados. Ahora tiene como jefe a Mangini, que es concejal de servicios sociales. Un detalle nada menor que las acusaciones han subrayado.
El alcalde tenía mucho trabajo
Otro de los testimonios estrella ha sido el de Rosalia Vallbé, secretaria ya jubilada del alcalde Ballesteros. Su explicación ha servido para resaltar que el alcalde no revisaba «las carpetas de manera exhaustiva» porque tenía «mucho trabajo» y le dejaban una hoja para que la firmara. De esta manera, las defensas querían separar a Ballesteros de la autoría de las facturas que tenía que convalidar a través de los decretos de alcaldía para que Inipro pudiera cobrar a pesar de que la adjudicación había caducado. «Nunca oí nada de Inipro», ha asegurado.
Vallbé también ha precisado la relación constante y «fluida» entre el jefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado -una de las almas del supuesto montaje de Inipro siguiendo el criterio de las acusaciones- que hablaban de manera constante. «Entraba en su despacho y hablaban, el trabajo…», ha descrito. Una narración que confirma la estrecha relación entre Cuadrado y Ballesteros y el hecho de que su exjefe de gabinete ha continuado promocionado en cargos de confianza de la administración pública comandada por el PSC.
Por su parte, el exvicesecretario del área de Territorio del Ayuntamiento de Tarragona, Manuel Santmartin, ha afirmado que no percibió ninguna irregularidad en la adjudicación definitiva del contrato de la empresa Inipro por parte del IMSST. Ahora bien, también ha admitido a preguntas de la acusación particular de la CUP, Carles Perdiguero, que nunca vio los decretos de alcaldía por los cuales Ballesteros ordenaba el pago de las facturas. Aunque tuvo una «intervención tangencial» del contrato para certificar que se había otorgado la fianza del contrato por parte de Inipro para poder hacer la adjudicación definitiva. De hecho, ha resaltado que genéricamente solo advertían «alguna dificultad técnica» en relación con el procedimiento de enriquecimiento injusto, un procedimiento que «no era la regla general». También ha aclarado que aunque se utilice este sistema de pago se deben acreditar los servicios prestados. Una reflexión que las acusaciones han apuntado y que parece que será material para futuras testificales.
El ciberactivista vintage
Otro de los testimonios ha sido Pere Valls. Según ha reconocido forma parte de los «Ciberactivistas del PSC», es decir, un grupo de 30 o 40 personas afines al PSC que «rebotan informaciones sobre el partido en Tarragona». «Si recibo un mensaje interesante, lo difundo», ha especificado. Un grupo del cual forma parte desde 2008 y de manera altruista, es decir, que nadie cobra por hacerlo y que «no está especialmente organizado». Comenzó con Facebook y cartas a los directores de los diarios, pero ahora hay más redes.
Valls, sin embargo, ha asumido su participación en un activismo propagandista casi vintage. «Me inventé algunas cartas al director, las escribí y buscábamos a alguien que las pudiera firmar; eran cortas, concisas y siempre en positivo», ha detallado. «Buscábamos un tema con gancho», ha aducido para poder tener más garantías de que se publicara. La gracia era que los diarios publicaran cartas de alabanza a la administración del ayuntamiento y de Ballesteros. Valls después ha reconocido que fue en las listas del PSC en el año 2007 y 2011 y que también forma parte de la ejecutiva del PSC tarraconense.
La desmemoria de la oposición
También han declarado las exconcejalas de ICV y CIU, Arga Sentís y Victoria Forns. Sentís ha admitido que tuvieron conocimiento de las irregularidades de Inipro en el consejo rector del IMSST del 13 de marzo de 2013, cuando el miembro del comité de empresa, Juan Antonio Ribas -testigo del caso- advirtió de las rarezas. Según Sentís todos se quedaron sorprendidos, incluida la presidenta del IMSST, Victoria Pelegrín, acusada en esta causa.
Forns ha avalado la misma historia y ha explicado que pidieron explicaciones y que por parte del equipo de gobierno municipal se les dio la información que habían solicitado. Ahora bien, las declaraciones de la época de las dos concejalas cuentan cosas muy diferentes, porque entonces tenían una posición muy dura de oposición respecto a las irregularidades. La explicación es que en aquel momento el IMSST necesitaba más personal dado el contexto social y de crisis que se vivía en aquellos años. «Tenía que absorber mucho trabajo y más después de la crisis», ha sido el argumento de las dos concejalas para justificar la contratación de más personal a través de Inipro.
