Las salas de vistas no son un lugar fácil. De hecho, uno de los fundamentos del sistema judicial son las formas, el protocolo y la funcional institucionalidad con pinceladas góticas. Las togas, los estrados y las sillas donde declaran los testigos son elementos que imponen por simplemente avisar que aquello va en serio. Por eso, cuando alguna parte pide un testigo, es necesario que le advierta de la solemnidad y, además, que habrá muchos profesionales atentos para aprovechar cualquier resquicio en beneficio de los intereses de sus clientes y un tribunal formado por jueces que comparten una característica en común, que no les hace ninguna gracia que les vacilen.
Precisamente, esta es la situación que se ha vivido esta mañana en la sala de vistas del juicio del caso Inipro, sobre las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Tarragona para hacer propaganda electoral, a través del presupuesto de servicios sociales, cuando gobernaba el socialista Josep Fèlix Ballesteros, principal procesado. Natividad Fernández, una presidenta histórica de una importante asociación de vecinos tarraconense, ha sido el principal testigo de la mañana, tanto por quién era como por lo que ha dicho y, sobre todo, por lo que no ha dicho. Un testigo que ha constatado la connivencia de algunas entidades sociales con el poderoso entramado del PSC en Tarragona. Lo que normalmente se conoce como la «red clientelar» de la política.
El resto han sido diferentes guardias civiles que participaron en los distintos registros domiciliarios sin más jugo que explicar cómo embalaban las evidencias que confiscaron y su forma de clasificarlo. Prácticamente, tardaban más en responder las preguntas generales de la ley que a las cuestiones de la acusación porque las defensas ni han preguntado. Solo el letrado Guillermo Gil, defensor del que era jefe de gabinete de Ballesteros, Gustavo Cuadrado, ha formulado una pregunta a uno de los agentes policiales sobre el procedimiento de clasificación y archivo de los indicios informáticos recogidos en los registros. La intención de la pregunta era clara: distinguir la forma en que se recogieron los efectos informáticos por parte de la policía judicial del disco duro que llevó un informático municipal a la comandancia de la Guardia Civil. Es decir, debilitar la principal prueba incriminatoria y donde residen los correos más comprometidos para los acusados.
¿El primer contacto?
La séptima jornada no ha comenzado tan puntual como es habitual, pero ha sido muy breve en comparación con las anteriores. A las diez y media había terminado la vista. La primera testigo, sin embargo, se ha llevado la palma del día. Natividad Fernández se ha sentado en el estrado y a las preguntas generales ha explicado a la presidenta del Tribunal, Maria Espiau, que conocía a parte de los acusados por su condición de presidenta de la asociación de vecinos de Riuclar durante 18 años, pero, nada más. «Los conozco del ayuntamiento», ha asegurado, para añadir que no había ninguna relación personal así como ha negado tener cualquier relación con el PSC.
Pero la testigo no contaba con las preguntas que le formularía el abogado de Carles Perdiguero, letrado de la acusación popular de la CUP conocido por su sobriedad en sala y una permanente conexión con quien testifica. De entrada, como quien no quiere la cosa, le ha hecho explicar que la sede de la asociación de vecinos era una antigua sede del departamento de medio ambiente del consistorio tarraconense. Es decir, un local prestado por la administración socialista. Además, ha añadido que un día de «el año 2013», Alejandro Caballero -contratado por Inipro- y Judit Cepero -ambos procesados- le llamaron para concertar un encuentro sobre unos programas que «irían bien para el barrio». La testigo ha reconocido que le llamaron «en nombre del ayuntamiento» y que, en ningún caso, le dijeron que trabajaban para Inipro. Era el primer contacto y único contacto físico que, en principio, habrían tenido.
Contradicciones
En esa reunión, la testigo les explicó que había «conflictos en el barrio por la llegada de inmigración». Pero Perdiguero, ha alzado la mano alegando contradicción con su declaración en instrucción, en marzo de 2018, cuando ante el juez aseguró que no había ningún conflicto. La presidenta del tribunal le ha pedido explicaciones sobre la incoherencia. Natividad ha sudado la gota gorda para justificarlo todo añadiendo que «posteriormente» a la reunión sí que hubo «conflictos» o «problemas de convivencia» pero solo ha recordado uno ubicado en el «Bloque 7 Escalera 4».
Según han relatado, pusieron en marcha el programa con eventos como la «Semana Cultural» -que después ha reconocido que se celebraba desde hacía años- pero nunca se elaboró ningún informe o memoria aunque sí que Caballero le facilitaba la información de cómo iban los programas sin que fuera un «contacto habitual». En este punto, y a preguntas posteriores de una de las defensas ha sido cuando ha caído en una nueva contradicción, al admitir que con Caballero habían tenido otro encuentro físico pero que el «resto habían sido telefónicos».
El olvido del PSC
Ha llegado el punto clave del interrogatorio cuando ha reconocido que sabía que Caballero «formaba parte del PSC». La reacción ha sido en cadena, siguiendo este hilo, Perdiguero ha señalado al Tribunal una nueva contradicción al preguntarle si alguna vez había formado parte de las listas del PSC con Ballesteros a la cabeza. «Sí», ha contestado arrastrando los pies. Lo había sido por dos veces, en 2007 y en 2011, cuando se le han mostrado los documentos que lo acreditaban. Es decir, incluso, antes de que comenzara la supuesta trama de Inipro.
La presidenta del Tribunal ha admitido la contradicción y contrariada le ha reclamado explicaciones a la testigo de por qué cuando le ha preguntado si tenía alguna relación con el PSC le ha respondido que no. «Es que nunca he sido militante» y que «hace mucho tiempo» ha contestado. «Me lo pidió Ballesteros», ha argumentado. Una respuesta que no ha convencido nada al tribunal que tomaba notas indiscriminadamente.
Pero la relación con el PSC no había terminado. A preguntas de nuevo de Perdiguero ha sido cuando ha reconocido que había trabajado en la Empresa Municipal de Vivienda cuando era presidenta Teresa Victoria Pelegrin, concejala de servicios sociales y presidenta del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) que dictó la resolución del pliego de cláusulas que sirvió para contratar Inipro y acusada en el procedimiento. Todo ello ha servido para apuntar que recibió una llamada directa de los implicados, fue en las listas y, además, contratada por el Ayuntamiento. Una persona ideal para vehicular las intenciones de la trama Inipro que según las acusaciones eran utilizar los recursos para la asistencia de recién llegados para hacer ciberactivismo en apoyo de Ballesteros y el PSC tarraconense.
