La causa Estela fue una investigación iniciada en el año 2016 por el magistrado, ya jubilado, Joaquín Aguirre, cuando dirigía el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. Una macrocausa sobre supuestas irregularidades en los pagos de la Diputación de Barcelona a varias entidades de cooperación, con ocho piezas separadas, una de las cuales llamada Igman-Catmon, sirvió para abrir una de las causas más histriónicas contra el independentismo, el sumario Volhov, que investigaba una extravagante trama rusa del Procés. Precisamente, la Volhov se desarrolló como otra macrocausa, con una decena de causas separadas, y además una “clonación procesal”, una maniobra del juez para mantener abierta una instrucción cuando la Audiencia de Barcelona le había ordenado cerrarla.
Todas las piezas quedaron archivadas y sobreseídas, con duros reproches tanto por parte de los magistrados de la Audiencia como por parte del ministerio fiscal. Aunque nunca se aceptó a trámite ninguna querella contra el magistrado Aguirre y nunca se le abrió un expediente disciplinario, las resoluciones de los órganos judiciales superiores criticaron sin tapujos sus maneras de actuar. Solo una pieza quedó en el cajón, precisamente, la de Igman Catmon, que fue la clave -gracias a los registros y a las intervenciones telefónicas- para elucubrar la trama rusa del Procés.
En esta pieza estaban como principales investigados, el activista y político Víctor Terradellas, su esposa Judit Aixalà, el diputado de Junts, Francesc de Dalmases -todos en la dirección de las ONG Igman y Catmon- el entonces alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia Cañizares y el jefe de Cooperación de la Diputación de Barcelona, Jordi Castells. Justo un año después de la muerte repentina de Terradellas, y diez años después de abrirse, la nueva titular del Juzgado de Instrucción 1, Alejandra Gil, ha sobreseído la pieza y la ha archivado siguiendo las peticiones no solo de las defensas sino también del ministerio fiscal.
Una pieza política
Terradellas, que había sido el secretario de relaciones internacionales de la extinta CDC, vio cómo su actividad en cooperación era puesta en duda por parte de los servicios de Información de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía. Su archivo de años de activismo político, su nutrida agenda de contactos nacionales e internacionales y los episodios de la política catalana que había coprotagonizado fue munición para el juez instructor que lo persiguió como una de las almas del Procés, por su proximidad con Carles Puigdemont y por una virtual relación con los servicios secretos de Rusia.
El cerco fue impresionante y su investigación fue una bomba de expansión que implicó a decenas de personas en varias causas como Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, la exconsejera de Presidencia Elsa Artadi, el exconsejero Xavier Vendrell, el exasesor principal de Artur Mas, David Madí, el propietario de Abacus, Oriol Soler, el empresario Jaume Roures, el responsable de la Plataforma per les Seleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals, o el exconsejero de Educación, Josep González Cambray, o un supuesto espía ruso como Alexander Dmitrenko, entre muchos otros. Una investigación prospectiva de manual que iba abriendo piezas a medida que el juez consideraba que podía haber delito.
Terradellas fue sometido a una enorme presión a raíz del cerco judicial que lo llevó a la ruina económica y aumentó sus problemas familiares. De hecho, supuso que fuera tratado como una persona “tóxica” en el ambiente independentista, fue objeto de aislamiento y tuvo que seguir medidas de seguridad para garantizar su integridad física. Otro de los damnificados fue Francesc de Dalmases. No está de más recordar que su implicación se vio como una oportunidad para miembros de la dirección de Junts y del grupo parlamentario “quitarlo de en medio” en tanto que representaba uno de los nombres fuertes del Borrasisme y que formaba parte del war-room del presidente Quim Torra, junto con Josep Costa y Laura Borràs. “Algunos querían que Aguirre les hiciera la guerra sucia”, recuerdan en conversación con El Món los que vivieron aquel episodio. Diez años después, una interlocutoria de poco más de una página a la que ha tenido acceso El Món, da carpetazo al caso afirmando que “no se han acreditado los delitos que se investigaban”.
