El caso sobre las irregularidades en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) vive una doble vida. Mientras la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha abierto una nueva investigación, las dos querellas presentadas ante la justicia han quedado estancadas. La OAC ha analizado tres nuevos testimonios que han presentado sus denuncias sobre el servicio Proyectos de Inserción Laboral (PIL) Riu Ter, para jóvenes extutelados a cargo de la Generalitat. Hablan de «plazas fantasma» gestionadas por las entidades ya investigadas. En concreto, la UTE formada por la Fundación Resilis y Mercè Fontanilles. Cabe decir que los mismos testimonios han trabajado para otros servicios de tutela de menores de la DGAIA donde no han detectado ninguna irregularidad o hecho alejado de la legalidad o la reglamentación.
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha rechazado la petición de los denunciantes, Guardianes de la Inocencia, de reducir la fianza que se debe depositar siempre al presentar una querella. El juez fijó una de 4.000 euros, y la entidad pidió que se limitara a 1.000, solicitud que les ha sido desestimada. Asimismo, la entidad jurídica Acción Cassandra, que también presentó otra denuncia, ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona por el archivo de su querella por parte del Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona. El juez entendió que no era necesario ni siquiera practicar diligencia alguna y ordenó el archivo, que aún no es firme porque está recurrido.
El frente de Antifraude
El pasado 18 de marzo, la oficina Antifraude comunicó a un denunciante anónimo que alertó sobre las prácticas de las entidades que gestionan los fondos de la DGAIA. El documento es un decreto, al cual ha tenido acceso El Món, firmado por Manuel Díaz, director de investigaciones de la Oficina Antifraude. Con el decreto se comunica que se ha abierto una nueva investigación por «presuntas irregularidades en la gestión de servicios de residencia o pisos para jóvenes vinculados a programas de inserción laboral (PIL) del Riu Ter».
Según esta resolución, Díaz detalla que se abría una «actuación previa de verosimilitud porque las presuntas irregularidades señaladas presentaban una autonomía propia e independiente respecto de la investigación que Antifraude tiene iniciada». Una actuación de evaluación que ya ha finalizado y tras la cual se ha decidido abrir «una actuación de investigación» para esclarecer y determinar el alcance de los hechos denunciados y sus posibles responsables a través de la gestión de la UTE Mercè Fontanilles y Resilis.
Tres denunciantes
De hecho, la nueva investigación se abre por la verosimilitud de tres testimonios denunciantes más que habían trabajado en la entidad y por la coincidencia de los hechos expuestos. En detalle, los tres explican las irregularidades detectadas en el funcionamiento del programa de inserción laboral de jóvenes tutelados y extutelados por la Generalitat de entre 16 y 21 años. Básicamente, las denuncias se pueden sintetizar en el hecho de que «llevan años con jóvenes dados de alta que ya no están dentro del programa».
Primer denunciante: «Menos trabajo por el mismo dinero»
El primer testimonio, que trabajó en el centro PIL Riu Ter durante dos años, justo después de la pandemia de Covid, relata que cada pareja educativa –encargados del seguimiento y evolución del joven– debería tener asignados ocho jóvenes repartidos en dos pisos. Pero, según la denuncia, el director del centro R.S. «tiene pisos medio vacíos y cobra igualmente las plazas». En la misma denuncia se expresaba que las parejas educadoras tenían entre tres y cuatro jóvenes y que las otras eran «plazas fantasma», es decir, de jóvenes que ya no están, no disfrutan del servicio, pero cuentan como dados de alta y, por tanto, la Generalitat paga los costos de la plaza y el servicio. «Es algo que todo el equipo de trabajo, integradores, educadores y formadores saben que sucede y que no denuncian porque ya les está bien». «Es menos trabajo por el mismo dinero», argumentan.
Segunda denunciante: «habitaciones vacías» y «firmas falsificadas»
La denuncia se vio complementada por otra denunciante. En este caso, se trata de una orientadora sociolaboral que narraba hechos en consonancia con la primera denuncia, por ejemplo sobre el sistema de reparto de trabajo estructural del PIL Riu Ter. «Cada pareja educativa lleva dos pisos con una capacidad para cuatro jóvenes por piso, un total, pues, de ocho jóvenes por pareja», concreta. «En mi caso, en los nueve meses que estuve en el mismo grupo, dos de los jóvenes que estaban aún supuestamente vinculados al servicio no los conocí», recrimina.
«Hacían su vida de manera autónoma, en otra ciudad y sin recibir ninguna ayuda por parte del servicio». «Aun así, estuvieron más de nueve meses dados de alta y con aquellas habitaciones vacías en el piso», resalta la testigo. «No era el único caso», añade la denuncia, «había parejas que tenían solo tres chicos de los ocho que debían tener». «El servicio estaba medio vacío con un número considerable de chicos dados de alta sin estar realmente en el servicio ni recibir ninguna ayuda por parte del servicio», añaden. «Estos chicos estaban dados de alta, el servicio recibía un dinero por cada joven y no se destinaba a ellos, no sabíamos dónde se destinaba», explican los denunciantes. De hecho, afirman que los responsables estaban perfectamente al tanto de estas «plazas fantasma» y que no lo impedían «para proteger el servicio». En este sentido, la denuncia resalta que exempleadas del PIL Riu Ter «se sienten responsables de haber cedido bajo coacciones a falsificar firmas de los jóvenes para confirmar que continuaban en el servicio y que se trabajaba con ellos».
Precisamente, esta denunciante reconoce que, una vez dejó el PIL Riu Ter, se integró en otro PIL de Girona, donde no detectó ningún tipo de irregularidad de estas características. «Cuando un joven se desvincula del servicio se le da de baja y entra otro». «El servicio acoge el número de jóvenes al que está destinado», aduce.
Tercer denunciante: «Un secreto a voces»
Un tercer testimonio, en otra denuncia, insiste en la existencia conocida de plazas fantasma en el PIL Riu Ter. «Era un secreto a voces dentro del equipo», subraya. Según señala, el director del servicio les «hacía dejar fechas en blanco en documentos firmados para poder poner la fecha que a él le convenía». «Se falsificaban firmas, planes de atención individualizados y diligencias para hacer ver que estos usuarios seguían siendo atendidos, cuando en realidad no vivían del recurso», concluye. La testigo reconoce que se vio superada por la situación hasta que, finalmente, se fue. De hecho, argumenta que se fue «por miedo, por la influencia y la magnitud de las entidades implicadas», como Resilis y la Fundación Mercè Fontanilles.
La vía judicial, estancada
Mientras Antifraude va destapando nuevos datos y recogiendo más pruebas sobre el escándalo, en la vía judicial el asunto vive un doble atasco. Por un lado, Acción Cassandra presentó una querella por presuntas irregularidades «sistémicas» en la gestión de la DGAIA. Una querella por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude, encubrimiento, acoso laboral y financiación ilegal de partidos. La querella apuntaba a exconsejeros de Derechos Sociales de los últimos Gobiernos y secretarios generales. El titular del juzgado de Instrucción 27 de Barcelona, donde fue a parar la querella, cortó rápidamente el caso. El pasado 8 de abril, días después de que Acción Cassandra cumpliera con el trámite de ratificarla, el juez decidió archivarla.
El instructor argumenta que ni el informe de la Sindicatura de Cuentas, ni las informaciones periodísticas otorgan suficientes indicios para abrir diligencias, y que el escrito no decía qué hechos concretos se imputaban a cada querellado. La resolución de archivo fue recurrida y ya se encuentra en manos de la Audiencia de Barcelona. El recurso argumenta que no se valoró la prueba documental aportada ni el relato de los hechos de la querella, que consideran un «mínimo» de prueba que justificaría, al menos, la apertura de diligencias judiciales. En cuanto a la querella de Guardianes de la Inocencia, además de denegarles la reducción de la fianza –que ya habían depositado–, el Juzgado de Instrucción 1 aún no ha movido ficha.
