La Audiencia Nacional encara esta semana el esprint final del largo juicio contra los Pujol Ferrusola. Si todo va según lo previsto, este lunes podrían terminar las últimas declaraciones de los cuatro acusados que aún deben declarar ante el tribunal, que son los empresarios Luis Delso, Josep Cornadó, Carles Sumarroca y Alejandro Guerrero. Una vez finalizadas las declaraciones, será el turno de las conclusiones y los informes finales de las partes, que pueden tener lugar entre martes y jueves. La vista oral se habrá celebrado en cuarenta jornadas, muy intensas. De hecho, ha habido todo tipo de pruebas: documentales, testificales, periciales técnicas, policiales, académicas, tributarias y económicas y largas declaraciones de los inculpados. Especialmente de Jordi Pujol Ferrusola, principal acusado, que pasó por un largo interrogatorio con el fiscal del juicio, Fernando Bermejo, durante un día y medio.
Precisamente, la prueba es el elemento esencial de un juicio oral. Solo existe aquello que está probado. No basta con la sospecha, la especulación o un simple indicio, se necesita una prueba. De hecho, esta larguísima instrucción no ha sido un ejemplo de lo que son las pruebas. En este caso, la investigación policial confiada a la UDEF ha llevado no solo a cerrar piezas separadas, como la de los «3.000 millones de los Pujol», sino a fracasos permitidos por el juez instructor, con muchos recursos públicos dedicados para acabar en un ridículo espantoso, como por ejemplo el del caso Peñaranda, que supuso un tirón de orejas a la Audiencia Nacional por parte de la justicia internacional.
Además, el caso nace por indicios que las defensas ven viciados de origen. Son la declaración de la ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez –detrás de la cual se ha acreditado que estaba el comisario José Manuel Villarejo y la policía patriótica; la denuncia policial, nunca ratificada ante el juez, de Javier de la Rosa, preparada con las cloacas; y la presión de esta misma brigada política de la Policía Nacional, acreditada durante la vista, sobre la BPA, donde los Pujol Ferrusola tenían el dinero. Todo esto, blanqueado a través de una comisión rogatoria a Andorra, que, de repente se presentó como la base para comenzar la investigación. En este contexto, la fase de prueba, entendida como un instrumento para establecer la verdad de uno o más hechos relevantes para la decisión judicial, ha favorecido las pretensiones de la defensa durante el juicio, sobre todo en los casos con Jordi Pujol Ferrusola donde la fiscalía había puesto el foco, como los proyectos de los vertederos, los negocios en Argentina, los ingresos en Andorra, el proyecto Azul de Cortés, Promo Palamós o el caso Hospitalet.
La fuente de prueba
Una de las debilidades de la acusación ha sido la fuente del caso. Además, una de las defensas, la de Josep Pujol, ha contado con uno de los mejores especialistas sobre la prueba en el procedimiento penal, el abogado Jaime Campaner. Cabe destacar que el letrado publicó un interesante libro titulado La confesión precedida de la obtención inconstitucional de fuentes de prueba (Editorial Aranzadi, 2021). Un manual prologado por el magistrado Manuel Marchena en el que aborda los casos de ilicitud probatoria y, además, analiza el tratamiento procesal, explicando cómo actuar ante la detección de una prueba ilícita en el proceso penal.
Un conocimiento que ha aprovechado en la sala por una triple vía. Por un lado, la declaración de Victoria Álvarez ante la Audiencia Nacional durante la instrucción, auspiciada por la policía patriótica. Por otro, la comisión rogatoria internacional a Andorra que supuso el striptease financiero de la familia del expresidente. Una comisión basada hipotéticamente en la confesión del presidente Jordi Pujol, a pesar de que, curiosamente, en su escrito no mencionaba Andorra. Y, en tercer lugar, la prueba conseguida en el registro del despacho de Joan Anton Sánchez Carreté, de donde la UDEF se llevó un pendrive con información que no estaba incluida por el juez instructor en su orden de entrada. De hecho, estaba prohibida. Un lápiz de memoria que se sumaba al caso del pendrive de los Pujol que ha sido la primera condena por la operación Cataluña y no a cualquiera, sino al exdirector adjunto operativo DAO del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, que también testificó en este juicio.
Son, finalmente, cuatro casos que las defensas han utilizado para contextualizar el nacimiento del caso. En este sentido, cabe remarcar que la presidencia del tribunal, en manos de José Ricardo de Prada, permitió incorporar a la vista la trama andorrana de la operación Cataluña. La voluntad era permitir a las defensas argumentar el origen político del caso que se expresó y alegó en la audiencia previa. De hecho, los testimonios de los implicados en la trama andorrana reforzaron el relato de las presiones a la Banca Privada de Andorra (BPA) por parte de la policía patriótica para obtener, a través de un subterfugio, datos financieros de la familia del expresidente.
Las operaciones
La fiscalía basó su escrito de acusación en las facturaciones e ingresos que encontraron en los registros a los domicilios particulares y a las sedes de las sociedades de los hijos del expresidente. Especialmente, en la acusación contra Jordi Pujol Ferrusola, que se articuló siguiendo el criterio de los informes de la UDEF, que firmaba el inspector Álvaro Ibáñez, con tip 89140, –que no escondió su «animadversión» por los Pujol. Fue el camino seguido durante la investigación por la fiscal del caso Belen Suárez, en connivencia con el último juez instructor del asunto, José de la Mata, ahora promocionado como vicepresidente de Eurojust.
Así, la fiscalía, en su escrito, dedicó todo un capítulo a las «contrataciones ficticias» de las empresas del primogénito del expresidente y de su exesposa, Mercè Gironès, principalmente a través de las sociedades Iniciativas del Marketing e Inversiones y Project Marketing CAT. En resumen, la tesis de la fiscalía es que con estas sociedades se emitían facturas por servicios prestados que eran ficticios y que, al mismo tiempo, se ocultaban comisiones por adjudicaciones de obra pública a las empresas que habían facturado, como Copisa o Isolux. Pero, ni la fiscalía ni la Abogacía del Estado han podido acreditar ninguna conexión entre las supuestas adjudicaciones y las facturas emitidas.
Se debe añadir, además, los casos como Promo Palamós, la venta de unos terrenos para la construcción, o unos terrenos en Hospitalet, así como los vertederos, unos proyectos en los que si alguna administración favoreció algún paso administrativo –hecho que no se ha intentado ni demostrar– estaba en manos del PSC, del tripartito de la Generalitat o, incluso, de ICV-EUIA. Formaciones y coaliciones diametralmente opuestas a CDC o CiU. En esta línea de comisiones por mediar la venta de inmuebles o terrenos, cabe recordar una factura por la compra de una sede social de Isolux en Madrid que obsesionaba a la fiscalía. El ministerio fiscal aseguraba que Jordi Pujol Ferrusola no tuvo ningún rol en esta compraventa y que Isolux le pagó a través de Adhoc Estrategia una comisión que, supuestamente, se derivaría de adjudicaciones de la administración catalana. Ahora bien, sin especificar ni cuál, ni de qué manera, ni de qué porcentaje. Es decir, sin relación de causalidad. Pero, además, una prueba caligráfica –que demostró que un texto manuscrito presentado por la policía como indicio no podía ser de quien se suponía que lo había escrito– debilitó aún más esta acusación, y añadió más sombras a los métodos con los que están construidos los atestados de la UDEF.
México, Argentina y Gabón
También en el escrito de acusación, la fiscalía subrayaba y se extendía en el proyecto Azul de Cortés. Una inversión de Jordi Pujol con dos socios más y unos consultores canarios establecidos en México con la sociedad Jandro Consultores. Especialmente rotundo fue el testimonio de Julio Bonis, el administrador de Jandro Consultores, que había tenido una muy buena relación con el presidente Pujol, a quien alabó en la vista oral, y fue durante muchos años consejero del gobierno en Canarias como miembro fundador de Coalición Canaria. La fiscalía interpretaba que la plusvalía conseguida con la venta del proyecto a Isolux era una comisión encubierta de la empresa constructora. Pero Bonis dio todos los detalles de la operación, como también lo hicieron los técnicos mexicanos y los técnicos de Isolux y grandes consultoras que avalaron el proyecto turístico en Baja California. Tanto es así, que el juicio destapó que la inspección de Hacienda no consideró que el Proyecto Azul de Cortés fuera ninguna simulación.
Se debe añadir en la lista del top cinco de los casos de la fiscalía el contrato con Gabón para la construcción de redes eléctricas. Incluso, testificó el técnico que buscó el financiamiento en un banco francés y el contacto comercial en Gabón que abrió las puertas a Jordi Pujol Ferrusola. El proyecto siguió adelante. En cuanto a los negocios en Argentina, también intervino la policía patriótica a la vista de las inversiones de Puerto Rosario con varios socios que provenían del Puerto de Tarragona. Los testimonios explicaron cómo se sumaron a la join venture pero luego se retractaron y vendieron sus participaciones porque los socios argentinos no eran de «fiar». Pujol tuvo problemas con uno de los socios argentinos, Gustavo Shanahan, que fue carne de la brigada patriótica, porque exigió medio millón de euros al comisario José Manuel Villarejo, a cambio de testificar contra los Pujol. Un hecho que quedó constatado en el juicio.
Operaciones financieras y la herencia
A todo esto, se debe añadir el fenómeno de las compensaciones en las cuentas corrientes de Andorra. Un hecho en el que siempre ha negado haber participado Jordi Pujol Ferrusola y que, además, generó una querella contra la Banca Reig que llevaba a cabo esta práctica bancaria de reparto de efectivo durante los años 90 del siglo pasado. Movimientos con las cuentas corrientes en Andorra con otros socios y acusados como Francesc Robert que llevaban a cabo operaciones financieras que fueron detallando en sus declaraciones, aunque no todas.
Precisamente, Andorra ha sido el país invitado al juicio, porque es donde la familia Pujol tenía el dinero. En este punto, la defensa insistió en buscar el relato alternativo, en este caso, que el origen del dinero era la herencia de Florenci Pujol, el padre del expresidente. La «prueba periférica» sobre las actividades de Florenci Pujol ha ganado espacio, sobre todo gracias a la falta de prueba de las hipotéticas comisiones. Aun así, el caso de Josep Pujol y los 800.000 euros que declaró posteriormente ha sido una cuestión controvertida, porque si bien pagó hasta 400.000 euros en su declaración complementaria no explicó la razón de su origen para cerrar la inspección y evitar meter en líos a sus hermanos. La defensa utilizó el hecho de haber liquidado la deuda tal como acordó con el inspector de Hacienda, que también fue testigo en la vista oral.
