La vida jurídico-política en Madrid tiene de todo, menos casualidades. El caso Koldo, o caso Santos Cerdán, o caso Ábalos, es la prueba de ello. Más allá de los informes de la UCO, de las resoluciones del magistrado Leopoldo Puente y de las estrategias de las defensas o del fiscal jefe anticorrupción, el ferviente Alejandro Luzon, los nombres que aparecen no están allí por una casualidad divina. Más bien parecen formar parte de un entramado específico producto de la biosfera política del Madrid de las conspiraciones, los encuentros y las relaciones.
El último ejemplo ha sido el cambio de abogado del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Un relevo que se anunció dos días antes de la comparecencia del exministro a raíz del informe sobre su patrimonio de la Guardia Civil, que generaba más dudas que certezas. El juez no se tragó la táctica de Ábalos de renunciar por «diferencias irreconciliables» con su letrado, el veterano y muy conocido por la judicatura madrileña José Aníbal Álvarez. Dos días después de su comparecencia -que hizo sin abogado- ha anunciado que su nuevo letrado será Carlos Bautista.
Un nombre polémico
El de Carlos Bautista es un nombre superlativo en las salas en las que actúa la alta magistratura y ha despertado recelos, suspicacias y todo tipo de especulaciones. Incluso, algunos ven la elección como una pieza de una trama de poderes del Estado. Bautista es un conocidísimo fiscal en excedencia de la poderosa Audiencia Nacional. De hecho, ha sido 32 años fiscal, veinte de los cuales en este tribunal especializado donde han sido juzgados los casos políticos y económicos que más han marcado la agenda de la política española y, durante unos años, la catalana. Su nombramiento, a la vista del currículum de Bautista, ha puesto en guardia a todos los implicados del caso, que se preguntan cuál ha sido el camino por el cual Ábalos ha llegado a depositar la confianza en un fiscal que solo hace un año ejercía como tal en la Audiencia Nacional.
Un fiscal polémico, incluso amonestado por sus ataques encubiertos en Twitter, y que ha tocado casos altamente sensibles de la política española, de su poder institucional y subterráneo como fue en el caso Faisán, el 11-M, Caixabank, Globalia o la multitud de procesos contra decenas de comandos de ETA, así como procesos contra el independentismo gallego o un millar de casos de extradiciones. Bautista se incorporó al despacho Chabanix, uno de los calificados con la etiqueta de «boutique», que tiene tentáculos en el caso Villarejo o en el caso Hidrocarburos, donde el principal investigado Víctor de Aldama, propició la detención de Santos Cerdán, y que aparece en todas las grandes causas de la Audiencia Nacional. La vida profesional de Bautista también conecta con Begoña Gómez, la esposa del presidente español Pedro Sánchez, con Pedro J. Ramírez y con uno de los dos abogados de Cerdán, Jacobo Teijelo.
De l’Empordà a la Audiencia Nacional pasando por Pedro J. Ramírez
Bautista se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid en 1988 y entró en la carrera fiscal en 1993, por libre oposición. Su primer destino fue en Sant Feliu de Guíxols, donde estuvo poco más de un año, pero de donde se despidió como teniente fiscal. La promoción lo llevó a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hasta el año 1997, que fue destinado a Madrid donde ejerció en varios juzgados y tribunales de la demarcación.
Precisamente en esta etapa llevó como fiscal –voluntariamente, porque por sección no le tocaba– el caso del vídeo sexual del entonces director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. Curiosamente en aquel juicio, donde defendía el derecho a la intimidad y la imagen del director, tuvo de contrario a Jacobo Teijeilo, ahora abogado de Santos Cerdán y entonces defensa de la otra protagonista del vídeo, Exuperancia Rapú.
En 2005 Bautista consigue un ascenso de especialización y pasa a formar parte de la poderosa Fiscalía Especial para la Prevención y Represión de tráfico de Drogas. Una fiscalía aviciada con recursos públicos generosos y con muchos mimos de la judicatura y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo adscriben al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, pero en 2006 pasa al Juzgado Central de Instrucción número 5, donde lo destinan básicamente a terrorismo y financiación del terrorismo, así como a casos de grandes estafas y extradiciones.
Del 11-M a Globalia
Bautista salta a la palestra pública dos años después de su aterrizaje en la Audiencia Nacional como fiscal del caso del 11-M. Se hace cargo de la instrucción y la vista oral del atentado yihadista que dejó doscientos muertos en Madrid, y que parte de la derecha mediática y política enturbiaba con la teoría de los «peones negros» y «ETA». El fiscal tuvo que enfrentarse a una ofensiva mediática que quería hacer pasar el atentado como un instrumento para arrebatar la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2004.
Los casos de terrorismo llenaron su carrera sobre todo con sumarios de la izquierda independentista vasca. Bautista fue el fiscal de los comandos. Por sus manos pasaron los casos Gestoras de Askatasuna, y de los comandos Biszkaia, Donosti, Araba, Askatun Hizea, Argala, Nafarroa, Mikelats y Jarrai. Además, era el fiscal de vigilancia penitenciaria más reacio a conceder permisos o terceros grados a los presos de ETA si no mostraban «arrepentimiento». Un duro del sistema. En el ámbito de terrorismo también actuó contra Resistencia Galega o el famoso (y extraño) caso Bayweek, de financiación del IRA a través de un sistema de fondos de empresas vascas. En el ámbito del yihadismo, además del 11-M, fue el fiscal de la causa Vortxex.
El terrorismo, sin embargo, no fue su único ámbito de actuación. Bautista llevó importantísimos casos de fraude, de estafas y de blanqueo. En su balance consta la macrocausa Globalia, de fraude en subvenciones, las estafas piramidales de Mundo Mágico, Prestamitos o John Palmer, o el caso de Caixabank por el canje de acciones aparentemente irregular con una entidad asiática, que quedó archivada. Pero una de sus especialidades son las extradiciones, con más de un millar de procesos en 20 años en la Audiencia Nacional.
La conexión Begoña Gómez
Seguramente, uno de los casos más sonados que dirigió como fiscal fue el asunto Faisán. Un caso desdoblado en dos piezas separadas de las cuales fue fiscal. Una sobre la financiación de ETA a través de un restaurante donde supuestamente se gestionaban los pagos y los cobros del impuesto revolucionario del movimiento de liberación vasco. Era el sumario 1/2021. Y la otra pieza separada estalló mediáticamente con toda la fuerza por la filtración de información policial del sumario 1/2011 al propietario del bar justo antes de su inminente detención.
A Bautista le encomendaron el caso con una orden expresa: tomar contramedidas ante el escándalo y evitar que el caso salpicara a la cúpula del ministerio del Interior, entonces en manos de un hombre protegido por los fundamentos del Estado, Alfredo Pérez Rubalcaba. Hizo todo lo posible y convenció al magistrado José de la Mata -instructor también del caso Pujol- que bastaba con procesar a un comisario y a un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, y que podían dejar los hilos que llevaban a los despachos de la planta noble del ministerio del Interior. En concreto, al número dos del ministerio y que después llegó a ser ministro, Antonio Camacho, curiosamente ahora el abogado de Begoña Gómez en los casos por los que le persigue el juez Peinado. En este juicio, Bautista tuvo una intervención estelar que todavía recuerdan los gatos viejos de los tribunales de Madrid: «Cuando se juega sucio te acabas convirtiendo en Torrente». Una referencia cinematográfica al policía fanfarrón popularizado por Santiago Segura.
Twitter lo carga el diario
Uno de los puntos más oscuros de la biografía de Bautista es su poca habilidad en Twitter que abrió una crisis de primer nivel en el poder judicial español. Fue en el año 2014 cuando fue sorprendido tuiteando desmesuradamente contra compañeros de toga, jueces, magistrados, políticos, ministros, Mariano Rajoy e incluso la Guardia Civil, que comparaba con las SS. El fiscal del caso Nóos -el de la infanta española Cristina de Borbón y su exmarido, Iñaki Urdangarin-, Pedro Horrach, fue víctima de los ataques de Bautista a través del perfil encubierto llamado @cespialidoso -en memoria de la famosa expresión de Mary Poppins. Pero también usó la red contra el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el juez Alfonso Guevara y uno de sus favoritos, el magistrado Fernando Andreu, el juez amigo de la policía patriótica.
A principios de 2014, el superior de Bautista en la Audiencia Nacional, el fiscal jefe, Javier Zaragoza, un verdadero halcón del ministerio público, recibió un correo con 400 tuits. Eran emitidos desde un perfil creado por Bautista y no tenían filtro. Zaragoza lo llamó al orden y le leyó la cartilla. Fuentes de la Audiencia Nacional, aseguran que la reprimenda aún resuena en las vigas de la sede de la calle Génova. Zaragoza lo amonestó verbalmente, le hizo pedir disculpas y le estiró las orejas. Pero los servicios prestados le impedían apartarlo o castigarlo disciplinariamente. De hecho, en declaraciones al diario ABC, se apuntaba que el fiscal no era «consciente del poder de las redes».
Hace un año, nueva vida
Bautista quería progresar dentro de la carrera fiscal. Pero el Consejo Fiscal del 11 de junio de 2024 lo obligó a tomar una decisión vital. No recibió ni un solo voto para acceder a la fiscalía del Tribunal Supremo. Una «frustración» que lo empujó a cambiar de bando e irse al sector privado. Bautista se incorporó con toda la pompa al despacho boutique Chabanix Abogados, altamente especializado en derecho penal. Un bufete bastante conocido en la Audiencia Nacional.
De hecho, es un despacho que tiene una fuente de clientes muy importante a través de las extradiciones, competencia de la Audiencia Nacional. Un campo donde Bautista es un auténtico «robocop» jurídico, según su entorno. De hecho, acumula más de un millar en sus veinte años de ejercicio en el tribunal. Además, ha impulsado, junto con Alfonso Chabanix, la Asociación Internacional de Abogados y Expertos en Extradición, IELEA, en el acrónimo en inglés. Una entidad de la que muchos desconfían y que se presentó el pasado 14 de octubre. Una asociación que, teóricamente, busca respuestas ante una globalización que incrementa este tipo de procedimientos.
Chabanix también tiene un perfil interesante. De hecho, tiene clientes en todas las grandes causas que lleva la Audiencia Nacional. Por ejemplo, en el caso Gaslow, una de las piezas principales de la macrocausa Hidrocarburos, donde uno de los principales implicados es el empresario Víctor de Aldama. Curiosamente, la declaración de De Aldama abrió la caja de los truenos para perseguir a Ábalos y Koldo y para encarcelar a Cerdán. También lleva la defensa del Gabriel Mbega Obiang, hijo de Teodoro Obiang, expresidente de Guinea, en el marco del informe King, el caso que abrió la macrocausa Tándem sobre las actividades del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo y que involucra, incluso, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En Madrid, el teatro también es, si se quiere, pequeño.
