Se llegó a un acuerdo, supervisado por Bruselas, pero la división histórica entre progresistas y conservadores continúa a matadegolla. Hoy, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra un pleno extraordinario, presidido por Isabel Perelló, donde se constatará la eterna división entre las dos facciones sobre un aspecto clave del máximo órgano de dirección del Poder Judicial: la elección de sus vocales. En concreto, hay dos propuestas que corresponden a la derecha y a la izquierda del Consejo, que tienen diez vocales cada uno. Por un lado, la del bloque conservador y, por otro, la del progresista, que chocan y no hay manera de consensuar la reforma de elegir los 12 vocales del Consejo que provienen de la judicatura. La derecha del CGPJ quiere que esta elección sea directa por los jueces y magistrados de todo el Estado, y los progresistas quieren que sea una elección mixta, con la participación del Congreso de los Diputados.
A la vista de que no hay manera de que puedan consensuar una propuesta, todo apunta a que se elabore un documento conjunto donde se integren los dos planteamientos. De hecho, el tiempo aprieta al Consejo, porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), del pasado agosto —como parte indispensable del acuerdo para renovar el CGPJ— estableció que el nuevo Consejo elaboraría en el plazo de seis meses “un informe para examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema”. Un documento que se debe remitir al gobierno, al Congreso y al Senado, que sirva de base para un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales. En todo caso, el documento debería aprobarse por 13 votos y actualmente, ninguno de los dos sectores tiene esta mayoría.
Negociaciones detenidas
El malestar por este punto se ha notado sobre todo en el grupo de trabajo formado por cuatro vocales que debían esbozar la propuesta. Las negociaciones se detuvieron a principios de enero y no se han restablecido de manera oficial. Fuentes del CGPJ consultadas por El Món apuntan que ante el callejón sin salida, propondrán los dos sistemas y adelante, teniendo presente que llevarán el sello de aprobado por “unanimidad”. Todo esto para evitar romper el otro acuerdo de esta semana, un informe sobre los sistemas europeos de judicatura.
Los dos documentos también se elevarán a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la UE. Un paso que tampoco genera acuerdo entre las dos facciones, porque los progresistas consideran que es una simple notificación formal, avisando que se ha cumplido el acuerdo de agosto. En cambio, los conservadores quieren que la Comisión de Venecia analice los documentos para evaluar si se ajusta o no a los estándares europeos”.
En el Congreso reside la controversia
La batalla dentro del pleno se sintetiza en el nivel de participación que debe tener el poder legislativo en la elección de la docena de vocales del Consejo que provienen del turno judicial. Los progresistas defienden la participación del Parlamento, ante la gran mayoría conservadora de la judicatura en toda España. En cambio, la derecha del Consejo apuesta porque los doce vocales sean elegidos directamente por los jueces y magistrados que estén en servicio activo, “sin participación del Parlamento o del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección”.
Por su parte, los progresistas proponen a las Cortes Generales y al gobierno español que “se impulse una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que propicie la participación directa de la carrera judicial en el nombramiento de los 12 vocales judiciales —más de la mitad de los miembros que lo integran— del Consejo General del Poder”.
En este contexto, la idea sería establecer un sistema de voto libre y directo y la fórmula electoral mayoritaria en servicio activo, que sería una primera fase; y una segunda que consistiría en la elección, que contempla las Cortes. Es decir, quien tendría la última palabra sería el poder legislativo. El sector progresista defiende esta idea porque entienden el Consejo como un órgano político con funciones de gobierno, “no de autogobierno”, que debe hacer efectivo el “principio democrático” para representar “el pluralismo de la sociedad y de la carrera judicial”.
