Vuelven las coincidencias. A una semana del inicio del juicio de la familia Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional, algo se mueve en Andorra. En concreto, se acelera el proceso judicial por la trama andorrana de la operación Cataluña que supuso el cierre de la entidad bancaria del Principado, la Banca Privada d’Andorra (BPA) donde la familia del expresidente tenía dinero sin declarar. Una información que sirvió para cargar contra el expresidente y su familia, su legado y, sobre todo, contra el Proceso independentista, que miembros del gobierno español creían que Pujol inspiraba. Fue lo que la brigada patriótica bautizó como operación Magno.
El Món ha tenido acceso a las nuevas comisiones rogatorias enviadas por la justicia andorrana a España, después de que las primeras se desestimaran tras casi tres años de haberlas tramitado. Unos documentos que determinan con detalle los hechos y las responsabilidades individuales que se imputan a cada uno de los investigados por la trama andorrana del dispositivo clandestino contra el Proceso. Una manera de esquivar las excusas puestas por una parte de la justicia española, que han servido para obstaculizar hasta ahora la actuación de la justicia andorrana.
En la misma línea, el ministerio de Justicia andorrano comenzó la tramitación oficial de estas nuevas comisiones el pasado 23 de octubre, justo nueve días antes de que el comisario de inteligencia jubilado del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) José Manuel Villarejo declarara ante la justicia andorrana, en una declaración en la que dio más detalles de la operación de la brigada patriótica en Andorra y de sus implicaciones con los servicios de información españoles. Comienza una nueva etapa de la trama andorrana, pero esta vez, en España.
Una querella que ha dado detalles
Con el paso de los años, una querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y de la entidad Drets, interpuesta en los juzgados andorranos fue avanzando por lo que consideraban un ataque a la soberanía andorrana. Una querella a la que se unieron los hermanos Ramon y Higini Cierco, propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA) que cerró sus puertas a raíz de esta operación, al igual que su filial española, Banco de Madrid. También se unió, solo en parte, la familia Pujol Ferrusola.
Los indicios recogidos por las entidades construyeron un relato de cómo, por qué y quién habría liderado una operación clandestina española en un país soberano, a través de la policía patriótica del Estado español, para buscar fondos y cuentas de los líderes independentistas. Una instrucción que permitió a la jueza andorrana Stéphanie Garcia imputar al expresidente español Mariano Rajoy y a sus exministros de Interior y de Hacienda Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, así como a varios integrantes de la cúpula de la seguridad del Estado español y miembros policiales destinados al Principado.
Una segunda comisión rogatoria
Según el sumario del caso, al que ha tenido acceso El Món, el pasado 30 de julio, la titular de la Sección de Instrucción Especializada de la Batllia 2 remitió una diligencia con nuevas comisiones rogatorias. Una maniobra necesaria para replicar a la respuesta que había recibido, el 9 de enero, por parte del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, con la que se le denegaba -después de un largo proceso- la primera comisión rogatoria remitida el mayo de 2022. La excusa definitiva de los tribunales españoles, que en un primer momento tramitaron la comisión, fue que desde Andorra «no se había concretado una exposición sumaria de los hechos y mucho menos una descripción individualizada de los hechos que se imputaban».
Ahora la justicia andorrana ha remitido las nuevas comisiones con todo el detalle de las querellas y las imputaciones concretas para cada uno de los procesados. Unos documentos que el pasado 23 de octubre comenzó a tramitar el ministerio de Justicia de Andorra. En definitiva, la instructora no quiere más demoras en la instrucción del caso, donde un buen número de querellados ya se ha personado, como el ex director adjunto operativo de la Policía, (DAO), Eugenio Pino –único condenado por la operación Cataluña cuando aún era la operación Pujol-, o el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, alias Paco Bomba. Incluso, en estas nuevas comisiones la jueza advierte que, de momento, no ha decidido investigarlos por «organización criminal» porque «aún no ha encontrado nuevos indicios» que puedan fortalecer esta acusación. Un aviso a navegantes de cara al futuro de la instrucción, si los otros encausados declaran y, en cambio, Rajoy y sus ministros, se hacen los remolones.
El detalle de la instructora
Así, la jueza andorrana Garcia aporta de nuevo la querella presentada por IDHA y por los hermanos Cierco, pero escribe una nueva providencia con su relato de los hechos y esbozando qué protagonismo particular tendría cada uno de los, por ahora, investigados. Todo ello por los delitos que el Código Penal de Andorra define como coacciones, amenazas condicionales, chantaje, extorsión, robo, coacciones de órganos constitucionales y creación, uso y comercialización de documento falso o no veraz por un funcionario. A partir de aquí, la instructora, en ocho folios, identifica el grueso de la investigación detallada para los encausados y destaca los hechos principales de la acusación.
En el caso del presidente Rajoy, aunque incide y subraya que los impulsores de la querella lo ven como el jefe de una operación dirigida desde la Moncloa, la jueza baja el tono. En este sentido, escribe en negro sobre blanco los puntos donde Rajoy habría tenido un protagonismo más directo y fácil de acreditar. En concreto, que «Mariano Rajoy, junto con Cristóbal Montoro, se habría reunido durante la visita al Principado con el entonces jefe de gobierno de Andorra, Antoni Martí, con el objetivo de coordinar la operación BPA/Banco Madrid con la esperanza de encontrar las cuentas bancarias de los políticos catalanes independentistas«.
En esta línea, la jueza remarca que los querellantes manifiestan que durante «esta reunión, Rajoy habría utilizado y esgrimido la información financiera falsa enviada al Tesoro norteamericano, (FinCEN) a efectos de intimidar o influir a las autoridades andorranas para que intervinieran y liquidaran la entidad BPA, ya que en caso contrario toda la plaza bancaria andorrana quedaría afectada y bloqueada». En definitiva, la jueza le recuerda que los indicios recogidos permiten investigar si participó -tal como denuncian los querellantes- en una operación para «conseguir información bancaria por vías ilegales de gobernantes catalanes y sus familias con el objetivo de hacer una utilización política». En síntesis, la jueza quiere aclarar si es cierto que «el gobierno español habría hecho todo lo posible por obtener esta información bancaria».
