Cambio inesperado en una de las instituciones más importantes que dependen del Parlamento. Miquel Salazar, miembro de la Sindicatura de Comptes desde el año 2013 y síndico mayor desde 2022, ha presentado su renuncia como síndico por motivos personales. Así lo ha comunicado Salazar al presidente de la cámara catalana, Josep Rull, quien hará efectiva su renuncia el 30 de mayo. La renuncia llega por «circunstancias de índole personal y familiar» que no le permiten continuar en el cargo. Salazar será sustituido en funciones por suplencia por Llum Rodríguez.
Miquel Salazar fue designado por el Parlamento de Cataluña como síndico de la Sindicatura de Comptes de Cataluña el 17 de julio de 2013. El 15 de marzo de 2022 asumió como síndico mayor de la institución, cargo para el cual fue renovado el 4 de marzo de 2025. Salazar ha dirigido y coordinado el principal organismo público de auditoría. De hecho, como jefe institucional de la Sindicatura ha denunciado diversas irregularidades detectadas en diferentes organismos institucionales, públicos o consorciados.
En este sentido, cabe recordar la fiscalización de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) que ha abierto una crisis política que ha obligado incluso a cambiar de nombre el servicio. Además, de los informes de fiscalización de los servicios de urgencias del Servei Català de la Salut o de las obras del tranvía. Salazar también destacó por la defensa firme de los informes de la consultora cuando portavoces de la comisión parlamentaria encargada de controlar y gestionar las relaciones con la Sindicatura pusieron en duda la neutralidad de la institución.
Una vida de finanzas públicas
Miquel Salazar (Barcelona, 1956) es licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona y diplomado en Función Gerencial en Administraciones Públicas por ESADE. A través de diversos cargos en la administración ha gestionado siempre finanzas públicas o concertadas por administraciones de todos los colores, desde que asumió como funcionario de la Diputación de Barcelona en 1983. Salazar renuncia con un historial de servicios encomiable y con el reconocimiento expreso del conjunto de la gobernanza administrativa y política de Cataluña.
