El Gobierno ha anunciado un acuerdo con Renfe para firmar próximamente el primer contrato formal en quince años para el servicio de Rodalies. El acuerdo estaba pendiente desde el primer traspaso parcial de las competencias a la Generalitat, en el año 2010, y pretende eliminar algunas de las tensiones que han existido tradicionalmente entre el ejecutivo catalán y la operadora. La administración catalana, titular del servicio, recibirá de Renfe, la operadora, unos 1.400 millones hasta 2028 para compensar todo lo que no se puede asumir solo con el ingreso de los billetes.
El documento se ha ratificado este martes en el Consejo Ejecutivo del Gobierno, por un lado, y en el consejo de administración de Renfe, por otro. Todo se debe ratificar en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos Estado-Generalitat, que según apuntan fuentes del ejecutivo a diferentes medios, se reunirá antes de las elecciones del 29 de noviembre. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha celebrado un acuerdo que “ordena” el servicio y permite a la Generalitat ejercer como titular “con más capacidad”. En su encuentro en Palau, el pasado miércoles, el presidente Salvador Illa y el ministro Óscar Puente ya avanzaron el acuerdo.
Renfe aportará 1.400 millones
El documento desglosa los 1.400 millones en tres partidas diferentes, una para cada año que queda hasta 2028. La más grande (2026) incluye unos 74 millones destinados a compensar los más de tres meses que duró la gratuidad del servicio tras el accidente de Gelida. En total, el próximo año, Renfe destinará 508 millones. Para los años siguientes, las partidas serán de 448 y de 452 millones.
Entre otros, también incluye la renovación de la flota con más de un centenar de trenes nuevos, de los cuales un 65% serán de gran capacidad. El servicio de trenes de Cataluña ganará una cincuentena de convoyes, llegando a los 250 aproximadamente. La intención es que algunos de los antiguos se queden ahora activos solo para emergencias.
Por otro lado, el contrato también apunta que Renfe deberá tener listo un plan de servicio alternativo por carretera para solucionar rápidamente incidencias, sobre todo en aquellos casos en que se supera los 90 minutos de afectación. Renfe también deberá garantizar el “personal suficiente” para cubrir el servicio y la información a los pasajeros en caso de contratiempos.
En uno de los apartados, el acuerdo también prevé penalizaciones a Renfe si hay retrasos. Unas penalizaciones, eso sí, que no superarán nunca los 5 millones de euros anuales y que solo serán efectivas si el problema depende de Renfe. Esto significa que todas aquellas averías que se den en la infraestructura –que depende de Adif– no tendrán penalización económica.
Pendientes del traspaso
El contrato vencerá en 2028, momento en que está previsto que entre en funcionamiento la empresa mixta que se creará para gestionar el servicio, fruto del acuerdo entre ERC y el ejecutivo español para dar inicio a esta legislatura. Esta empresa debía comenzar a operar en 2026, pero va tarde. Tampoco hay anuncios sobre el traspaso de las líneas a la Generalitat. La primera, la del Maresme (R1), tampoco ha llegado aún. Desde el ejecutivo español insisten en que no se dará marcha atrás, todo cogido con pinzas pocas semanas antes de las elecciones españolas.
