«Pasamos y estamos pasando un verdadero infierno». Así describe uno de los cinco agentes de los Mossos d’Esquadra denunciantes, en conversación con El Món, los hechos que llevarán al banquillo de los acusados dos sargentos y un inspector de la policía de la Generalitat del Área Regional de los Recursos Operativos (ARRO), antidisturbios, del Camp de Tarragona. Los tres mandos se juegan en total 84 años de prisión y una indemnización por responsabilidad civil que se eleva a 156.000 euros, por varios delitos. Todo a raíz del acoso laboral y personal que los denunciantes aseguran que sufrieron desde finales del año 2008 hasta 2013. El juicio se celebrará del 12 al 14 de junio en la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona, después de una larga e intensa instrucción.
De hecho, el juzgado de instrucción número 6 de Tarragona –que dirigió la investigación– abrió el juicio oral ya en 2018, pero los servicios jurídicos del departamento de Interior recurrieron la decisión. La Audiencia de Tarragona dio la razón al juez y dictó una interlocutoria con la que ratificaba los argumentos del juez y afirmaba que había bastante indicios de acoso laboral para llevar a juicio los denunciados. Las víctimas, sin embargo lamentan que no han tenido nunca el amparo o el apoyo ni de la jefatura del cuerpo ni de la consellería de Interior. Así mismo, reprochan al departamento que haya abonado la fianza de los tres mandos, que se eleva a 85.124 euros, mientras que los cinco mossos que se consideran víctimas del caso se han tenido que pagar incluso los médicos y solo les ha apoyado el Sindicado de Policías de Cataluña (SPC). Los denunciantes también ponen la lupa en la actuación de la División de Asuntos Internos.
Varios delitos desde 2008
Los cinco mossos denunciantes entienden que la situación de acoso y los hechos que vivieron constituyen delitos de lesiones psíquicas, contra la integridad moral, contra los derechos de los trabajadores, lesiones y falsedad en documento público. Unos delitos materializados en un constante acoso laboral con un continuado trato degradante y vejatorio, que no solo obligó a los agentes afectados a someterse a largos tratamientos médicos, sino que los ha llevado a tener que abandonar la unidad de orden público. De hecho, alguno de los agentes ha sido trasladado de unidad y ha sido condecorado por sus servicios. En resumen, piden 20 años de prisión para cada uno de los dos sargentos y 44 años al inspector en jefe del ARRO.
Según el sumario del caso, al cual ha tenido acceso El Món, el inicio de los hechos se remonta al 29 de diciembre de 2008, cuando uno de los sargentos acusados habría propuesto que las horas extraordinarias destinadas a un equipo de la ARRO solo se las quedara un cabo. Una oferta que el cabo rechazó, cosa que fue entendida como un «desaire» por parte del sargento, que decidió excluirlo, según el escrito de acusación, de su grupo de afines y, por lo tanto, con pérdida de prebendas económicas. En este ambiente enrarecido, se produjo una actuación que acabó de hacer estallar la tropa de la ARRO de Tarragona, una manifestación de agricultores.
Una protesta sin responsables policiales
El segundo episodio que hizo saltar chispas dentro de la ARRO se registró el 24 de octubre de 2009, durante una manifestación convocada por el sindicato agrario Unió de Pagesos. Una protesta que acabó con graves incidentes de orden público ante la sede de los servicios territoriales de la consejería de Agricultura a Reus. En aquella actuación acabaron lesionados los agentes de dos unidades Tropic –el nombre con que bautizan los grupos integrados en una furgoneta de la ARRO– y los disturbios acabaron en los juzgados. Una situación que espoleó a los agentes del caso a celebrar una reunión con el entonces cabo de la región policial del Camp de Tarragona, Jaume Giné, para «trasladarle los errores de planificación» y «la ausencia del sargento ahora encausado» como responsable del operativo. La reunión se produjo en noviembre de 2009.
En aquel encuentro también estaba el inspector encausado, responsable de la ARRO, y varios mandos que se desplazaron desde el complejo Egara, la sede central del cuerpo, en Sabadell. El encuentro sirvió, según el escrito de acusación, para «evidenciar manifiestos errores de planificación que redundaron en las graves lesiones sufridas por la práctica totalidad de los agentes actuantes, dado que eran notablemente inferiores en número y un poc más y acaban linchados». Esta reunión fue la clave de una situación que ya era tensa desde finales de 2008. A partir de aquel momento, según los denunciantes, los tres mandos ahora encausados empiezan a practicar «arbitrariedades» contra ellos de manera desacomplejada.
Ni horas extras, ni forros polares, ni permisos: los patitos feos de la ARRO
El escrito de conclusiones provisionales del caso de los agentes incluye todos los agravios que empezaron a sufrir a partir de noviembre de 2009 hasta el 2013. De entrada, les fueron retiradas las asignaciones por horas extraordinarias, un hecho que provocó una investigación sindical y una denuncia a la inspección de trabajo, al constatar que las horas solo se repartían entre los «afines de los tres mandos». La actitud de asedio y hostigamiento fue
Así, la prueba documental y testifical aportada en la instrucción indica que les denegaban constantemente los permisos para asuntos propios, que había «intransigencia respecto a los ejercicios físicos en función de las secuelas que cada agente arrastraba» y que se produjeron «cambios repentinos en la evaluación del rendimiento anual, que permite o no cobrar cada año un plus de 280 euros«. Uno de los agentes, harto de la situación, elaboró una nota informativa denunciando el acoso –un comunicado interno a los mandos– y como represalia fue cambiado de destino.
En esta deriva, los mandos llegaron a prohibirles el uso del forro polar en las actuaciones de vigilancia y protección en la intemperie, como en los partidos de fútbol del Nàstic de Tarragona, de forma que provocaron bajas por fuertes constipados. Unos hechos que los denunciantes consideran de «carácter perverso y malintencionado». Entre los agravios también se incluyen avisos y advertencias cuando los agentes iban al lavabo o bien echarlos de las reuniones conocidas como
