«Motivos estrictamente profesionales». Así argumenta el informe facilitado por la Dirección General de Policía las identificaciones de los Mossos d’Esquadra del 23 de febrero de 2025 en Palafrugell, en una protesta contra un puesto de Aliança Catalana. A preguntas del diputado cupaire Dani Cornellà, la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlón, ha presentado en el Parlamento un escrito que detalla los hechos y justifica las identificaciones que practicó la policía de la Generalitat de manera genérica con los que protestaban contra la formación y de manera concreta con los miembros de la formación de Sílvia Orriols.
El dispositivo del día de los hechos fue dirigido por el subjefe de la región policial de Girona. El mando envió incluso equipos de orden público del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), por si las cosas se complicaban y «era necesaria su intervención». Una posibilidad que finalmente no se produjo. Asimismo, admiten que no identificaron más participantes para evitar generar disturbios y reventar una protesta que la policía describe como «pacífica». Parlón remarca en la respuesta parlamentaria que «no se da ninguna orden ni se realiza ninguna actuación basada en el perfil racial». Y concluye que estas identificaciones se «hicieron por motivos estrictamente profesionales» y que fueron «ajustadas a derecho».
Dos tipos de identificados
Parlón, en su explicación parlamentaria, da un motivo conciso a las dos identificaciones que los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo a miembros del puesto de Aliança Catalana. En concreto, que las dos personas identificadas «grabaron a los efectivos policiales». A pesar de todo, destaca que en ningún momento los dos identificados mostraron una «actitud agresiva» hacia la policía. Ahora bien, en cuanto al gran grueso de identificados, es decir, los participantes en la protesta, la policía lo justifica en motivos bastante más genéricos, como atribuir la condición de organizadores a los que gritaban por un megáfono.
En un principio, y siguiendo el criterio que expone la consejera, la policía identificó a aquellas personas concentradas que «habían hecho actos propios de organizadores o promotores». En este contexto, Parlón insiste en que «informaron claramente del motivo de la identificación». Por lo tanto, que se levantaría un acta por concentración no comunicada por escrito a la autoridad gubernativa. Una potestad establecida con lo que determina el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. Es decir, porque «no habían comunicado la concentración».
El megáfono, ‘arma del crimen’
Siguiendo el relato oficial de la policía, «durante el acto reivindicativo, varias personas hicieron uso de un megáfono para dirigir consignas a los manifestantes y liderar la concentración». «Estas personas fueron identificadas y constan en el acta», apunta la consejera. Ahora bien, la misma policía admite que les quedó un megafonista por identificar. «Posteriormente», escribe Parlón, «se intentó identificar a otra persona que también había hecho uso del megáfono, pero que mantuvo la cara cubierta en todo momento con un pañuelo, hecho que imposibilitaba poder identificarla visualmente».
«Ante la reacción de esta persona de refugiarse entre los otros manifestantes y para evitar un cambio de actitud en las personas de la concentración, que hasta ese momento había sido pacífica, atendidos los hechos, se desistió de llevar a cabo la identificación», justifica la policía. Finalmente, la consejera informa que «en el tramitador digital sancionador» consta el acta de denuncia por una presunta infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, es decir, la ley mordaza, «por la negativa a identificarse». Por lo tanto, permanece activa una doble denuncia.
