Fue prácticamente el primer anuncio de la consejera de Interior, Núria Parlon, pocos días después de ser nombrada. Era el 19 de septiembre de 2024, cuando Parlon, acompañada del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y el comisario en jefe del cuerpo, Miquel Esquius, y con el hombre de confianza del mayor, el intendente Toni Rodríguez, presentaron un gran plan contra un supuesto incremento de armas blancas en Cataluña. Seis meses después, la aplicación del «plan integral contra las armas blancas» ha supuesto, según fuentes de Interior y de los Mossos d’Esquadra, el «colapso» de los servicios administrativos y jurídicos del departamento, encuadrados en la Dirección General de Administración de la Seguridad encargada de los procedimientos sancionadores.
De hecho, fuentes oficiales de Interior aseguran a El Món que «según datos extraídos del programa informático tramitador de sanciones administrativas por infracción en materia de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con armas, consta a fecha 26 de marzo de 2025, 6.386 expedientes abiertos». No se cuentan los expedientes que ya han prescrito. Un volumen de expedientes administrativos, casi mil al mes, complejos jurídicamente, que corren el riesgo de dormir el sueño de los justos porque tienen fecha de caducidad predeterminada. «No hay suficientes funcionarios para tramitarlos con todas las garantías», alertan fuentes del departamento que se ven «desbordados» por la gran cantidad de actas levantadas que tampoco revestirían ninguna gravedad extraordinaria. Un extremo que Interior evita evaluar dado su nueva política de comunicación del departamento.
Una cifra «insoportable», el argumento
De hecho, el plan presentado en su día a bombo y platillo era una ampliación del plan DAGA, que en su momento puso en marcha el excomisario en jefe del cuerpo, Eduard Sallent, ahora jefe de la Región Metropolitana Norte y el principal impulsor de que los Mossos tengan las competencias de puertos y aeropuertos que ahora se despliega. La diferencia sustancial es que el plan de Sallent era más selectivo y programado, y por lo que los datos muestran, más eficaz.
El plan de Parlon-Trapero, con la arquitectura de Rodríguez, ampliaba los puntos de control con la creación de la figura “de espacios de protección reforzada” con dispositivos conjuntos entre Mossos d’Esquadra, policías locales y seguridad privada. Aproximadamente una ochentena en la ciudad de Barcelona. Un dispositivo que implicaba controles aleatorios sin poder especificar qué elementos exteriores justificaban la identificación y registro de un ciudadano.
El plan anterior centraba los registros y los controles más puntuales y en zonas donde se había detectado más presencia de armas. Un proceso más selectivo. Trapero justificó ir por el camino amplio dado que el incremento de armas blancas tenía “un punto de insoportable” y por ello pidió “paciencia a la ciudadanía” por los “registros preventivos” que se llevarían a cabo en los espacios públicos. La CUP, en su momento, pidió explicaciones en el Parlamento, a través de su diputada portavoz de Interior, Pilar Castillejo, sobre los detalles del plan, del cual no terminaban de fiarse.
Las cifras de las armas blancas confiscadas
Los datos muestran un incremento de las requisas de armas blancas en las calles de Cataluña. De hecho, en septiembre Esquius señaló que en el año 2020 se decomisaron 3.831 armas y en el año 2024 la cifra ya era de 6.252. En noviembre, Interior, informaba a través de una respuesta parlamentaria que en 2023 se confiscaron 9.180, y durante la primera mitad de 2024, aproximadamente la mitad que el año anterior (4.545). El 65% de las armas intervenidas eran navajas (2.956 unidades), el 28% son cuchillos, y casi un 4%, machetes. El listado de armas de corte incluía también katanas, puñales, dagas, hachas, bastones estoque (bastón vacío que contiene una hoja de espada escondida), bayonetas y estrellas con punta, entre otras. Ahora bien, el cinco de febrero de este año, Parlon informaba que la policía de la Generalitat había intervenido 11.453 armas blancas durante todo el 2024. Es decir, un 14% más que en 2023.
Pero si bien el departamento de Interior ha impuesto el relato de grandes decomisos de armas blancas, el departamento de Salud hace tambalear estos datos o al menos el guion del Gobierno con alguna prensa concertada del enorme incremento de heridos o ataques con este tipo de armas. Concretamente, la consejería que dirige Olga Pané, no señala ni especifica ningún incremento de las cifras de agresiones por armas blancas, básicamente porque no las tiene. Así lo acredita una respuesta parlamentaria de Pané del pasado mes de noviembre donde admitía que el sistema informativo no permite poder discernir este tipo de agresiones en sus actuaciones.
De hecho, la consejera exponía que el “Servicio de Emergencias Médicas (SEM) dispone de los datos de las asistencias sanitarias propias codificadas por tipo”. En este caso detalla que la “codificación ‘arma blanca’ comprende todos los incidentes que entran a través del 061 Salut Respon, incluyendo todas las heridas incisas sean agresiones, cortes accidentales o lesiones autolíticas”. “Teniendo presente este aspecto”, advertía la consejera, “desde enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, el SEM ha atendido en Cataluña un total de 1.037 incidentes por arma blanca”.
