La decimotercera edición de la InformeCAT de la Plataforma por la Lengua, que recoge 50 datos sobre la salud del catalán, muestra que la lengua catalana vive una situación compleja, con amenazas y debilidades que ponen la pervivencia del catalán en peligro a «mediano plazo», pero también ofrece algunos datos que invitan al optimismo. De hecho, el estudio constata que «el ordenamiento jurídico y las actitudes de los hablantes, presionan el catalán hacia la minorización», pero también remarca que «el fuerte sentimiento de identidad es un freno» para la situación de «emergencia» que vive la lengua. El presidente de la Plataforma por la Lengua, Òscar Escuder, ha asegurado este miércoles durante el acto de presentación del informe que «hace años que decimos que el catalán está en emergencia», y ha mostrado su preocupación porque su uso social «está bajando y no se está consiguiendo revertir».
El documento elaborado por la ONG del catalán constata que el hábito de los catalanoparlantes de cambiar de lengua «también contribuye a residualizar el catalán». Como ya apuntaba el informe publicado en 2021, en Cataluña ocho de cada manantial catalanohablantes cambian de lengua cuando alguien los habla en castellano y, además, el balance de este año muestra que en Cataluña solo un 12,1% de los jóvenes hablan únicamente el catalán como lengua habitual, y el 47,1% afirma que lo usa habitualmente. Otro dato preocupante son las conversaciones entre los niños a las madrigueras y esparcimientos de Cataluña, un ámbito tradicionalmente muy catalanohablante, pero dónde solo el 53% de las conversaciones son en catalán. También subraya que 3 de cada 10 médicos en Cataluña no saben hablar en catalán y más de 1 de cada 10 no lo entiende. Para Escuder, esta «sumisión lingüística» que supone pasarse al castellano es «nefasta» para el uso social de la lengua catalana.
Un indicador de la mala salud del catalán es que el 93,1% de la población de Cataluña ve necesario que se impulsen políticas para que los niños dominen el catalán al acabar la escolarización después de que en las últimas décadas «el castellano ha desplazado el catalán como lengua de uso social en algunas zonas y ámbitos». El castellano, expone la entidad, dispone también de un ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución, que facilita la expansión y el conocimiento generalizado porque hay leyes, reglamento y disposiciones que «privilegian el castellano», y es por este motivo que es necesario que «la escuela opere en catalán» y asegure que la lengua tenga un espacio de uso normalizado disponible a la gran mayoría de la población. Este ordenamiento jurídico al cual hace referencia la entidad es el que, según subraya, permite «imponer el conocimiento del castellano a todo el mundo y esto incentiva el aprendizaje por los recién llegados y convierte el catalán en redundante».
El catalán, arrinconado en el ámbito de la justicia y con problemas en la restauración
La mala salud del catalán no se visualiza solo en estas actitudes que tienen los hablantes, puesto que en el ámbito de la justicia la situación de la lengua es muy pobre y, a veces, inexistente. En este sentido, Plataforma por la Lengua subraya que en 2022 solo el 8,1% de la documentación de las notarías y el 6,9% de los documentos mercantiles de Cataluña fueron en catalán. Así mismo, expone que la Fiscalía de Barcelona solo tramita 1 de cada 10 escritos en catalán y, además, solo el 36% de los catalanoparlantes creen que hablar en catalán en un juicio no puede perjudicar sus intereses. «Justicia tiene el farolillo rojo de manera permanente», resume Òscar Escuder.
Por otro lado, los catalanoparlantes también tienen problemas para expresarse en catalán a los restaurantes en Cataluña. Según datos de la Encuesta sobre los hábitos de consumo en Cataluña, el 54,2% expresaron que, entre las cosas que más los preocupan de la restauración, es que no haya nadie que los pueda atender en catalán, y el 32,4% remarcaron al hecho que la carta no esté en catalán. Así, y más allá de estas percepciones, el 29,2% de los catalanoparlantes, uno de cada tres, declaraban que su derecho de ser atendidos en catalán acostumbra a ser vulnerado a los restaurantes, y el 21,0%, uno de cada cinco, que a menudo se encuentra que no hay nadie que los pueda atender en su idioma.
Denuncias contra cuerpos de seguridad españoles sin sanciones
Por otro lado, el informe señala que ninguna de las ocho denuncias presentadas por la ONG del catalán desde 2022 contra agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por vulneración de derechos lingüísticos ha supuesto la apertura de un procedimiento sancionador para depurar posibles responsabilidades. Esto ha estado así, a pesar de que la entidad contaba con «grabaciones y pruebas escritas que acreditaban muchas de las discriminaciones». Este escenario, lamenta Plataforma por la Lengua, permite a los agentes de la autoridad implicados «evadir responsabilidades y contribuye a crear un clima de impunidad absoluta».
En este sentido, critica que la administración competente de investigar los hechos denunciados no ha iniciado ninguna investigación al respeto, y denuncia que «la impunidad policial en casos de discriminación lingüística supone una amenaza a los cimientos de los derechos de la ciudadanía y afecta de manera significativa la confianza en las instituciones». «Cuando los actos de discriminación quedan sin repercusiones, se envía un mensaje preocupante sobre la tolerancia hacia la vulneración de los derechos fundamentales» y también «se crea un clima de inseguridad entre la ciudadanía que utiliza las lenguas minoritarias», concluye.
Motivos para el optimismo
No todos los datos que recoge este informe de Plataforma por la Lengua son negativas. También hay varios motivos que «muestras de una notable vitalidad». De hecho, el informe destaca que uno de los principales activos que tiene la lengua hoy en día es la «fuerte identificación» que hay entre la identidad de grupo y la lengua catalana. Así, en Cataluña el 78,1% de los catalanoparlantes consideran que saber catalán es muy importante para ser catalán y hasta un 94,3% que es importante en alguna medida. Otro dato que invita a ser optimista es que la mayoría de la sociedad catalana, el 86,0%, cree que se tienen que hacer políticas para garantizar la enseñanza de la lengua a la inmigración. «Esta vinculación entre lengua y sentimiento de pertenencia es un activo de primer orden», concluye.
