Plataforma por la Lengua ha emitido este martes un comunicado de denuncia contra el Ministerio de Cultura y Deportes, Miquel Iceta. Desde la ONG del catalán denuncian que Iceta solo financie un curso de «castellano técnico para personales europeos» en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y no ofrezca el mismo curso con catalán. El punto que los ha llevado a cargar contra el ministro es que él mismo firmó un decreto por el cual subvencionaba actividades académicas teóricas y prácticas para formar profesionales de los audiovisuales «en capacidades digitales dentro del sector de la cinematografía y el audiovisual», pero que solo lo ha acabado haciendo en castellano, discriminando así el catalán.
Concretamente, el decreto que firmó Iceta financiaba el proyecto FAST FORWARD by ESCAC: un proyecto que ofrece una retahíla de cursos en diferentes centros del territorio. Al preparar este proyecto acordado con el ministerio, una de las cláusulas iba directamente ligada a la creación de un curso de castellano, pero no lo preveía del mismo modo con catalán. Así pues, desde la ONG del catalán consideran que la lengua queda completamente discriminada. Extrapolando el caso de la ESCAC al resto de ámbitos de la sociedad, desde Plataforma por la Lengua denuncian que «el acondicionamiento de la financiación pública al uso del castellano crea un fuerte incentivo a favor de su uso general en las empresas», cosa que acaba desincentivando que se use el catalán.
55 normas discriminatorias nuevas
Desde Plataforma por la Lengua denuncian también que en los últimos tres meses de 2023 se han aprobado 55 nuevas normas referentes a subvenciones y premios que discriminan al catalán. Una cifra que crece si se miran los datos del que llevamos de año, puesto que, según la ONG de la lengua, el total asciende hasta 117 normas. «Como que el Estado español solo tiene el castellano como lengua oficial general y siempre ha rechazado solicitar la oficialidad comunitaria del catalán, solo el castellano se beneficia de las directivas y los reglamentos europeos que protegen las lenguas oficiales de la Unión y de los estados miembros», concluyen.
