Nuevo paso en el escándalo del caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que incorpora un nuevo protagonista en la investigación. La CUP ha presentado una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por «posibles irregularidades graves en la gestión de programas destinados a jóvenes extutelados en Cataluña, gestionados por la DGAIA mediante entidades colaboradoras». La vía para justificar la denuncia europea es que el servicio que está bajo sospecha se financiaba con fondos europeos.
Por otro lado, los cupaires, en un comunicado sostienen que la decisión de reclamar la participación de OLAF llega «después de años de denuncias, informes de órganos de control y la falta de corrección de un modelo de gestión que la formación califica de opaco y fallido». De hecho, la CUP incide en el dinero público recibido por la Fundación Resilis, la Fundación Mercè Fontanilles y la UTE formada por ambas entidades que han sido puestos en duda por parte de la Sindicatura de Cuentas e investigados por la Oficina Antifraude y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Programas cofinanciados
Según ha informado la formación, la denuncia se centra en programas cofinanciados con fondos europeos, principalmente del Fondo Social Europeo Plus, como las prestaciones de autonomía, los pisos asistidos y los recursos residenciales de transición. En este sentido, la diputada portavoz en la comisión de investigación de la DGAIA de los cupaires, Pilar Castillejo, aporta datos del Departamento de Economía y Finanzas. Unas cifras de entre 2018 y 2024 sobre los fondos europeos ejecutados a favor de la Fundación Resilis, la Fundación Mercè Fontanilles y la UTE formada por ambas entidades que ascienden a 3,4 millones de euros.
La CUP denuncia «deficiencias graves y sistemáticas de control, certificaciones inadecuadas de gastos, indicios de facturación de ‘plazas fantasma’ e irregularidades en el régimen de copago». Castillejo añade que «ante los errores de gestión, la administración ha trasladado las consecuencias a los mismos jóvenes extutelados, reclamándoles importes por supuestas prestaciones indebidas que no les son imputables». La formación considera que «los mecanismos internos y la comisión de investigación parlamentaria no han servido para depurar responsabilidades y defiende que acudir a Europa es imprescindible para garantizar transparencia y verdad». “La protección de la infancia no puede ser un negocio”, señala Castillejo, que reclama auditorías independientes, asunción de responsabilidades y poner los derechos de los niños y jóvenes en el centro del sistema.
