Pompeu Fabra, el organizador de la lengua catalana, tenía claro que «nunca se podía abandonar ni la tarea ni la esperanza». La demostración de la validez de esta sentencia se ha constatado este lunes por la mañana, con precisamente el catalán como telón de fondo y como protagonista involuntario de un supuesto delito. Ha sido en el interesantísimo juicio de la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona, que sentaba en el banquillo a una mossa d’esquadra acusada de falsificar un certificado C2 de conocimiento de catalán. De hecho, la fiscalía le solicitaba una pena de 1 año y 9 meses de prisión y 2.700 euros de multa por un delito de falsedad en documento oficial, del artículo 392 del Código Penal.
Una vista oral que la defensa de la policía afrontaba con todo en contra, pero su abogado, José Antonio Bitos, ha mostrado su audacia para ofrecer una oportunidad a la acción de la justicia cuando todos daban por hecho que el juicio se limitaría a una conformidad. Así ha esgrimido un verosímil problema de competencia de la Audiencia y jugando una carta interesante, la carta de la atipicidad de la conducta. Es decir, que el hecho de intentar dar gato por liebre vistiendo al pájaro negro como una cigüeña no es ningún delito por la evidente poca maña de la falsificación. Aunque 17 días después se presentara candidatura para cabo. Es decir, que intentara con el título conseguir más puntos para la promoción interna.
Una tesis que ha ido ganando peso a medida que avanzaba la vista que ha contado con un público especial. En concreto, alumnos de algunos de los magistrados de la sala, y por una decena de alumnos del máster de la abogacía. Un detalle que ha mejorado la puesta en escena de la vista de un caso que parecía cerrado y bendecido hasta que se ha oído el grito «¡Audiencia Pública!» que siempre genera esperanza de debate y de un poco de movimiento en la sala de vistas. El fiscal y el abogado defensor se han propuesto ofrecer al público joven un combate unplugged de esgrima argumental, de práctica de prueba y de habilidad técnica. Todo ello dirigido con oficio por el presidente del Tribunal, un magistrado con una extraordinaria semejanza con el actor R. Lee Ermey, el fabuloso sargento Hartman de la imprescindible The Full Metal Jacket.
¿Es competente?
El primer round del juicio lo ha iniciado un fiscal, de barba cuidada, formas exquisitas y bastante perspicaz que ha reforzado su escrito de acusación detallando que la acusada, una mossa d’esquadra, entró en la aplicación especial del cuerpo para registrar titulaciones de formaciones, un certificado de C2. Un documento que al ser revisado ante las sospechas que levantó al personal de recursos humanos se delató como más falso que una moneda de tres euros, hasta el punto, que el número de registro correspondía a una funcionaria de Interior que subió a X el título una vez lo obtuvo.
En el turno de la defensa, el abogado de la Mossa advirtió al tribunal que la fiscalía acusaba de un delito de falsificación de documento oficial pero no le pedía el agravante de funcionario público y que reclamaba una pena inferior a tres años. Una circunstancia que, a criterio del letrado, obligaba a que el caso fuera juzgado por un Juzgado Penal y no por la Audiencia. El tribunal le dio la razón, pero alegando un principio de economía procesal y la capacidad de tener una segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), permitía la celebración de la vista. El abogado acató, pero elevó protesta, porque en un recurso puede ser perfectamente una causa de nulidad del juicio por la vulneración del principio sagrado de juez predeterminado por ley.
Un documento que no pasó el primer filtro
Una vez entrado en fase de prueba, el juicio ganó distracción. Las dos primeras testigos fueron la responsable de Recursos Humanos de validar los títulos que se incorporan a la ficha de los agentes y la responsable del Departamento de Política Lingüística de la Generalitat que revisaron el título. Ambas, con un catalán de Mercè Rodoreda, admitieron que una vez vieron el título ya vieron que era más falso que el alma de Judas. De hecho, cuando el abogado insistía en este hecho, el presidente del Tribunal ya lo vio venir y le detuvo el interrogatorio, argumentando que «era evidente la diferencia entre un título oficial y el que supuestamente había subido a su ficha personal».
Al estrado también subió Alba, la persona que realmente tenía el número de certificado que presuntamente la mossa había falsificado. Una señora sorprendida porque lo único que había hecho era subir a Twitter una foto con el título acompañada con un texto de «reto conseguido». El siguiente en testificar fue el mosso que creó la aplicación. Un chico que bien podría ser uno de los protagonistas de The Big Bang Theory y que detalló al Tribunal cómo creó esta aplicación y el sistema de seguridad que hace casi imposible que alguien que no sea el titular de la ficha pueda acceder. Los policías de Asuntos Internos explicaron cómo fue la investigación, y curiosamente, tanto fiscalía como defensa renunciaron a las peritaciones y a la declaración de uno de los dos instructores del atestado principal.
Un documento «chapucero»
Los interrogatorios parecía que solo los había entendido el tribunal hasta que llegó el turno de los informes. El fiscal jugó las cartas que tenía, es decir, el hecho de que no es razonable ni tiene sentido que nadie entre en el perfil de la mossa para hacerle una mala pasada, ni se ha enredado en quién o cómo se fabricó el documento, o que no se haya negado en ningún momento que el documento fuera falso. Por eso, sacó el escudo preventivo antes de escuchar al letrado de la defensa apuntando que el documento «no era suficientemente chapucero» y que había entrado en el «circuito jurídico».
El fiscal, pues, se anticipó al alegato final del letrado defensor que en base a las testificales, no se metió en líos negando la falsedad o la culpabilidad de su clienta en tanto que subió ella el documento a su ficha, sino en la falta de tipicidad de los hechos. Después de recordar que el tribunal no era competente, subrayó que el documento era «tan chapucero» que a primera vista, las «especialistas» ya se dieron cuenta de que era más falso que una nariz de payaso.
Por lo tanto, no hay el elemento necesario para ser considerado delito, esto es, que el documento no era creíble para quien, en principio, podía engañar, el departamento de recursos humanos. Y, como derivada, el título no entró en el circuito jurídico y por tanto, no tuvo ningún efecto. Por lo tanto, el abogado ha reclamado cerrar el caso porque, simplemente, no hay delito. Sea condena o absolución o nulidad, al menos, el juicio ha servido para constatar que el catalán tiene un valor hasta el punto que los agentes de la ley quieren hacer creer que saben más de lo que realmente saben.
