«Niños y adolescentes que ya han sido evaluados y que se encuentran en situación de desamparo permanecen o bien en el centro de acogida, ocupando estas plazas más tiempo del necesario, o bien que continúan conviviendo con las familias de las que se les debe proteger, vulnerando sus derechos de forma grave«. Este es uno de los «principales problemas» que los técnicos de los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) denunciaron al departamento de Derechos Sociales, tras el estallido de las irregularidades sobre la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Unas circunstancias que dejaban desprotegidos a niños y adolescentes que, sobre el papel, estaban amparados por la DGAIA y que ahora han conocido los integrantes de la comisión de investigación del Parlamento.
El documento, al que ha tenido acceso El Món, fue firmado por 500 profesionales de todo el país y entregado a la consejería en febrero del año 2025. Además de sintetizar los problemas, detalla situaciones concretas que se encuentran en el día a día y que acaban deteriorando un servicio esencial de prestaciones sociales. Según los profesionales, la «insuficiencia» de recursos que vulnera derechos de los niños es doble. Por un lado, es «cuantitativa», porque hay una «falta de recursos y de profesionales para atender todos los casos». Por otro lado, es «cualitativa», porque no hay suficientes recursos adecuados ni profesionales especializados. De hecho, insisten en que la falta de información y de criterios y directrices claras por parte de la DGAIA causa «disparidad de criterios» en el mismo servicio según en qué zona del país se actúe.
«Sin protección efectiva»
Para los técnicos firmantes del documento, esta doble carencia conlleva que las medidas aplicadas «no sean ni útiles ni adecuadas para realizar una protección efectiva de muchos niños y adolescentes» que atienden los servicios de protección. Además, inciden en el caso de los adolescentes porque «a menudo las medidas actuales no responden a sus perfiles y necesidades». De ahí que denuncien que se producen «diversas escapadas, frente a las cuales los servicios de protección no tienen instrumentos para hacerles frente, de modo que quedan en situaciones de una desprotección evidente y corren mayores riesgos». Es decir, las fugas de los centros de acogida de los jóvenes adolescentes.
Los técnicos proponían revisar de manera «global» el sistema y hacer un «diagnóstico preciso de las disfunciones que se producen para poder plantear alternativas al marco legal vigente y a las actuales medidas protectoras que prevé». De hecho, reclaman cambios para realizar una «intervención más eficiente y más protectora».
Centros inapropiados y otros que se niegan a realizar determinadas tareas
Una de las carencias que remarcan son las derivaciones de menores a centros que no corresponden. En esta línea, subrayan casos con propuesta de ingreso a centros de acogida. Es decir, un centro de servicios residenciales de estancia limitada para dar «respuesta inmediata y transitoria de acogida a cualquier niño o adolescente que esté en situación de alto riesgo y que deba ser separado de su núcleo familiar». Pero, como no hay plazas, ingresan en Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE), instituciones que, según el departamento, están destinadas a la guarda y educación de niños y adolescentes -de 0 a 18 años- a quienes se aplica la medida de acogimiento simple en institución, de duración más larga.
La saturación también se nota en el hecho de que, cuando un EAIA hace una «propuesta urgente de desamparo preventivo e ingreso en un centro de acogida», se le pide que haga el seguimiento, cuando teóricamente debería hacerlo el centro. Es más, el documento remarca las «dificultades de coordinación con los centros de acogida cuando hacen los estudios». De hecho, acusan a estos centros de desconocer el protocolo de coordinación. Es entonces cuando los problemas empeoran, por ejemplo con «situaciones de hermanos en las que solo uno de los niños ingresa en un centro y los otros permanecen en el núcleo familiar». Entonces se generan disfunciones, porque hay centros de acogida que asumen el estudio de los otros niños, los que continúan en el domicilio, pero otros centros no lo hacen. «Alegan que no cobran por hacer el estudio de estos otros niños», añaden los autores del texto. Una circunstancia que obliga a los EAIA a hacerse cargo, con las «dificultades que conlleva la intervención simultánea de los dos equipos con la familia».
Demoras y vulneraciones
La falta de plazas en muchos centros es uno de los grandes problemas señalados. En esta línea, los firmantes del documento informaban al departamento que, una vez los equipos han hecho una valoración de la familia y del menor y se decide el ingreso en un centro, «la falta de plazas» genera una «demora en hacer efectivas las medidas propuestas». «Esto conlleva», continúa el documento, «que los niños y adolescentes respecto a los cuales ya se ha evaluado que se encuentran en situación de desamparo permanezcan o bien en el centro de acogida, ocupando plazas más tiempo del necesario, o bien que continúen conviviendo con las familias de las que se les debe proteger, vulnerando sus derechos de forma grave».
Estas situaciones, según el documento, «sobrecargan a los equipos, que deben hacer contención mientras los menores no ingresan en el centro propuesto y se generan disfunciones graves con las familias y los menores». Asimismo, recuerdan que los equipos de atención «no entienden por qué no se lleva a cabo la retirada de estos menores», porque después acaban con «denuncias judiciales» que estresan a los EAIA y al equipo jurídico de la DGAIA. Por otra parte, también alertan de la insuficiencia de los «centros terapéuticos», que «no se ajustan a las necesidades de contención y de atención especializada requeridas por los usuarios, o el tiempo para acceder a ellos no es asumible en la situación en que se encuentran los adolescentes».
Sin filtros previos en el maltrato infantil
Con relación a la Unidad de Detección y Prevención del Maltrato Infantil (UDEPMI), los firmantes del documento aseguran que se producen «disfunciones» por su «forma de proceder» y sus integrantes, la mayoría de los cuales son juristas, sin profesionales de otras disciplinas sociales. Así, subrayan que se abren expedientes y se derivan a las EAIA casos «sin ningún filtro previo y sin contrastar las informaciones que les llegan». Un problema que supone que o bien las EAIA no necesitan intervenir o bien que los servicios sociales básicos ya están interviniendo con la familia. Un desconcierto entre entidades responsables que perjudica a los niños y a los servicios.
Precisamente, una de las críticas más contundentes es sobre las emergencias de las que deben hacerse cargo las UDEPMI. En concreto, remarcan que se constatan «dificultades para contactar en situaciones de urgencia». Unas dificultades que enfatizan que también padecen los cuerpos policiales, los hospitales o la ciudadanía, que cuando «llaman nadie responde». «Es totalmente insuficiente e inadecuado que la gestión de las urgencias, tal como se está llevando a cabo en estos momentos, se limite a una atención telefónica», advierten.
