No solo una vez, sino dos. El Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona ha dictado sendas sentencias con las cuales avala que el comisario de los Mossos d’Esquadra Eduard Sallent pueda ostentar los galones de mayor. De esta manera, la justicia valida el procedimiento para ascender que aprobó Sallent cuando era jefe del cuerpo y que fue impugnado por el sindicato SAP-Fepol y por la Asociación Profesional de Mandos de la Policía de Cataluña (Copcat), dos organizaciones opositoras a los cambios que defendía en el departamento el ya exconsejero Joan Ignasi Elena. De hecho, el sindicato de mandos ha sido condenado, incluso, a pagar las costas del procedimiento.
Las dos resoluciones, de 10 y 13 páginas respectivamente y a las cuales ha tenido acceso El Món, son directas y claras. Ni la sentencia 152/2025, respecto al recurso de SAP, ni la 197/2025, del recurso de Copcat, consideran que el concurso para elegir un mayor vulnere los principios de igualdad ni los de transparencia, mérito y capacidad. Asimismo, ni la jueza Rocío Colorado ni el magistrado Joaquim Turmo creen que la elección para el nombramiento se hubiera tenido que hacer por un órgano colegiado, y distinguen la creación de la plaza de la composición del cuerpo que describe el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Actualmente, Sallent es el jefe de la Región Metropolitana Sur de los Mossos.
Un concurso legal y una decisión legislativa
De hecho, los dos sindicatos recurrieron el proceso porque entendían que respondía a una decisión política a las puertas de unas elecciones al Parlamento que podrían cambiar el Gobierno. Pero ambos jueces no ven por ningún lado que la supuesta jugada política supere la legalidad. Además, argumentan que se han cumplido los requisitos establecidos en las bases para convertir a Sallent en el otro mayor en activo del cuerpo. Ahora mismo, solo hay uno, y es el actual director general de la Policía y también exjefe del cuerpo, Josep Lluís Trapero.
Para los dos magistrados, la convocatoria de mayor a la que se presentó Sallent, y también Alícia Moriana, sí que definía los requisitos o condiciones necesarias para aspirar a un puesto de mayor. Así, recuerdan que establecían que los «participantes deben tener la condición de funcionarios de la categoría de comisarios de la escala superior del Cuerpo de Mossos, deben encontrarse en servicio activo o en una situación administrativa que conlleve reserva y deben pagar las tasas». Y después superar un curso específico y volver a tener el aval del director general de la policía. Por otro lado, las dos resoluciones insisten en definir el concurso como un proceso legislativo. «No se trata del todo de una decisión administrativa sino legislativa», aducen. Así, insisten en que se aplica el artículo 25.3 de la Ley 10/1994, que establece que la categoría de mayor se hace por el sistema de libre designación entre los comisarios del cuerpo.
«Auténtica cuestión conflictiva»
Las dos resoluciones dejan claro que el nombramiento es de libre designación. Por eso, interpretan que las impugnaciones vienen por la «valoración discrecional de unos méritos que no están especificados en la convocatoria». De hecho, consideran que esta es la «auténtica cuestión conflictiva». En este sentido, los dos jueces subrayan que la provisión del puesto solo debía concretar requisitos, pero no los méritos que serían «evaluados de manera discrecional». Por lo tanto, distingue entre mérito y requisitos.
En consecuencia, la libre designación implica que el director general de la policía puede evaluar con discrecionalidad «si alguno de los candidatos tenía las capacidades, aptitudes, actitudes y competencias» que considerara adecuadas y necesarias. Tanto es así que los jueces remarcan que podría haber declarado el procedimiento desierto o bien que la persona nombrada pueda ser destituida de manera discrecional, siempre que el cese sea motivado y basado en hechos ciertos. «Ninguna de estas opciones sería posible en caso de cobertura del puesto por concurso y no por libre designación», concluyen. Por tanto, consideran plenamente legal el procedimiento para convertir a Sallent en mayor. El sindicato de mandos, sin embargo, ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
