Cuatro años después, los resultados del vale escolar continúan siendo toda una incógnita. Las Asociaciones Federadas de Familias de Cataluña (aFFaC) insisten en que no hay ningún indicador claro que apunte a que la medida ha servido para “paliar el impacto del incremento del costo de la vida” sobre las familias, el objetivo que persigue la Generalitat con esta iniciativa. El vale, de carácter universal, no segrega entre alumnos de la escuela pública y concertada ni distingue entre niveles de renta. Para la directora de la aFFaC, Lidón Gasull, la iniciativa puede incluso “acentuar las desigualdades”.
El vale escolar entró en vigor en el verano de 2023, bajo el mandato de Pere Aragonès (ERC), y ya entonces no satisfizo a las principales asociaciones de familias, críticas con una política “que no se adapta al funcionamiento del sistema educativo”. La Generalitat destina un total de 50 millones de euros anuales, transformados en dos vales de 30 euros que las familias pueden gastar en múltiples productos, desde libretas o bolígrafos hasta libros y juegos infantiles. La asociación aFFaC, que representa a unas 600.000 familias, asegura que ninguna escuela ha dejado de cobrar la cuota de material y que, solo en algunos casos, los centros han intentado reducirla.
Después de las críticas de los primeros años, la Generalitat abrió la puerta a ceder el vale a las escuelas, de manera que los centros pudieran crear un fondo de dinero lo suficientemente amplio para aliviar la cuota de material. Sin embargo, Gasull destaca a El Món que las direcciones “envían circulares a las familias” pidiendo todo lo contrario. “El material de las escuelas se compra para socializarlo, que una familia lo ceda y otra no es un problema de gestión importante para ellas”, detalla.
“Es una medida pensada para incentivar el consumo; el sujeto no son las familias sino los comercios”, sentencia finalmente la directora de la aFFaC. Incluso en este sentido, el Gremi de Llibreters de Catalunya también cuestiona que los beneficios de los vales se han acabado repartiendo entre pocas marcas, excluyendo a las librerías y papelerías más pequeñas. Según un informe de la Sindicatura de Comptes de 2024, solo seis empresas concentraron la mitad del importe canjeado (el 47,84%) los primeros años de la medida.
Sobre esta cuestión, la misma administración admite que “las cadenas más grandes acumulan más ventas”, si bien defiende que, en las campañas anteriores, “el consumo se repartió entre todos los establecimientos adheridos”. En una respuesta a El Món, la Generalitat detalla –sin rebatir las proporciones que menciona la sindicatura– que el año pasado hubo canje de vales en 2.068 tiendas, lo que supone el 90% de los establecimientos adheridos. El verano anterior participaron de la campaña 2.147 tiendas y este año hay 1.819.
Que el vale sea universal responde a una lógica costo-beneficio
Otra crítica de las familias es que el vale no tiene en cuenta la renta familiar de quien lo solicita. La investigadora Laia Narciso, coordinadora del grado en Antropología Social y Cultural de la UAB, enmarca este hecho en una “lógica costo-beneficio” de la administración. La inyección —tanto económica como de tiempo— que la Generalitat debería hacer para discriminar positivamente según la renta supone un costo demasiado elevado para una medida que, a fin de cuentas, solo supone una inversión de 50 millones de euros. “De esta forma, la Generalitat puede llegar a más gente destinando menos recursos”, destaca la experta.
Por otro lado, añade Narciso, las medidas universales también tienen ventajas “porque llegan a todas las familias, refuerzan la idea de la educación como un bien público y evitan la estigmatización que pueden generar algunas prestaciones focalizadas”. “Las recomendaciones europeas en materia de pobreza infantil –continúa– insisten precisamente en la necesidad de combinar medidas universales de garantía de derechos y bienestar con actuaciones específicas dirigidas a los niños y familias en situación de mayor vulnerabilidad”.
Los expertos piden “medidas estructurales”
Laia Narciso recuerda, en todo caso, que las principales investigaciones y recomendaciones europeas indican que las desigualdades educativas están estrechamente vinculadas a la pobreza infantil, “que es un fenómeno multidimensional”. “Por eso, las políticas con más capacidad transformadora suelen ser las que actúan sobre factores estructurales”, asegura en conversación con el diario. Es decir, que no hay nada más efectivo que “garantizar ingresos adecuados a las familias” y “asegurar la gratuidad efectiva de la educación”.
En este sentido, la primera “contradicción” tiene que ver con la carga económica que le supone a las familias la escolarización de un hijo a pesar de que la escuela catalana “es de carácter universal y pública”. “El vale puede aliviar un gasto que afecta a muchas familias y facilitar el acceso a determinados recursos educativos, pero eso no implica necesariamente una reducción significativa de las desigualdades educativas, que tienen causas mucho más amplias relacionadas con los ingresos familiares, las condiciones de vivienda, la salud, las oportunidades educativas fuera de la escuela o las redes de apoyo disponibles”, reflexiona la experta en equidad.
La aFFaC comparte el diagnóstico, pero destaca la falta de medidas estructurales y la poca efectividad de un vale escolar que “ni llega a todos ni elimina las cuotas de material”. En este sentido, las familias piden reinvertir los 50 millones destinados al vale en medidas “realmente estructurales”. “¿En cuántos centros de cierta complejidad podemos llegar con este dinero? Estudiémoslo, de manera que haya escuelas que puedan eliminar la cuota de material escolar. Esto es fácil y sería un paso adelante”, defiende Gasull.
