Una juzgadora, juzgada. Y lo que es aún más inédito, condenada. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha condenado a dos años de inhabilitación a una magistrada que dictó dos resoluciones judiciales que perjudicaron gravemente los derechos de los procesados. De hecho, fueron dos resoluciones que no permitieron la interposición de ningún recurso a una empresa que estaba en concurso cuando la ley prevé expresamente este recurso.
Según la sentencia, la magistrada actuó por error inexcusable. De hecho, el tribunal interpreta que sus decisiones eran de trámite y no recurribles. La Sala apunta que la magistrada “estaba convencida, aunque esto no era así, de su carácter irrecurrible”. En este sentido, remarcan que hay que descartar que la magistrada actuara con «dolo dictando las dos providencias«. De ahí que la condenen por imprudencia y no por una prevaricación dolosa.
Un procedimiento concursal
El caso tiene su inicio cuando la jueza fue nombrada sustituta en el Juzgado Mercantil número 1 de Palma. La magistrada se hizo cargo del procedimiento concursal del Grup 4 Illes Balears S.L. que explotaba el Hotel Torre Azul en s’Arenal de Llucmajor. La jueza dictó dos resoluciones sin que dejara margen para recurso, cuando precisamente, la ley establece que se pueden interponer. En concreto, los togados recuerdan que contra las resoluciones podían interponer recurso de reposición y más cuando eran decisiones desfavorables a la empresa concursada.
En concreto, la resolución razona que las providencias de la magistrada deben considerarse «injustas» porque denegar la posibilidad de los recursos de reposición «no solo es errónea, sino que no resulta amparada por ningún modo de interpretación del Derecho». Una decisión que, a criterio del Tribunal, «se apartan de cualquier interpretación aceptable de la Ley, porque incluso contravienen su tenor literal”.
“Nos encontramos ante el caso de que la magistrada querellada actuó creyendo temerariamente que la resolución que dictaba era correcta, cuando era flagrante su ilegalidad” afirma la Sala. En este contexto, el Tribunal llega a la convicción de que la magistrada acusada actuó «con imprudencia grave y dictó unas resoluciones manifiestamente injustas». De todas formas, la sala evita hacer sangre y no aprecia ningún reproche penal por no corregir su decisión. De hecho, los magistrados admiten que la actuación de la jueza era defendible porque el concurso comportó una trifulca que requirió «auxilio judicial» y optó por una opción que no es «inusual», pero erró porque no permitía recurso en sus decisiones.
