Es un caso de hace tres años que parecía dormir el sueño de los justos, pero este martes vuelve a coger velocidad con una nueva jornada de declaraciones judiciales. Todo ello a las puertas de una dura campaña electoral para escoger un nuevo Parlamento de Cataluña el próximo 12 de mayo. El caso se remonta al seis de febrero de 2021, en un acto electoral de Vox a Vic (Osona) -a pesar de que en la querella que ha iniciado las diligencias escriben Vich- en que participaban la entonces secretario general de la formación ultra española, Javier Ortega Smith, y el cao de lista por Barcelona en las elecciones en el Parlamento, Ignacio Garriga.
Aquella tarde, varios ciudadanos protestaron enérgicamente contra el mitin de Vox hasta el punto que, cuando los integrantes del partido marchaban de la ciudad, los vehículos de transporte fueron atacados. Una imagen que se hizo viral por el chico que se ensartó sobre una de las furgonetas que transportaban los líderes de Vox. La formación de Santiago Abascal denunció los hechos por un delito electoral, un delito de odio, de amenazas, daños, injurias y calumnias contra los manifestantes.
Pero sus abogados han hecho una pasa más allá y también han denunciado agentes de los Mossos d’Esquadra por hechos que califican de «inequívocamente delictivos» por el que consideran «pasividad durante la jornada» de los policías. De aquí que los hayan denunciado por omisión del derecho de perseguir delitos, regulado en el artículo 408 del Código Penal.
Ante la profusa denuncia, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vic abrió diligencias previas, con el número 87/94, para investigar los hechos de la denuncia. Más de tres años después ha empezado a citar los que la policía considera sospechosos del caso, además de algunos agentes.
Testificados y declaraciones
Según ha podido saber El Mundo, la jueza tomó declaración a cinco mozos de escuadra lunes, 8 de abril. Ahora, hay una segunda tongada este martes, con declaraciones de cinco investigados que la policía ha supuestamente identificado después de una larga investigación por parte de la Unidad Central de Información de Orden Público. Es la unidad de información que se ocupa de investigar movimientos políticos y sociales con poquísimas explicaciones públicas y que ha sido puesta en entredicho por parte del Parlamento de Cataluña.
Precisamente, las defensas han levantado las orejas por los atestados presentados por los Mossos d’Esquadra. En concreto, por su especial dureza con los investigados y con los hechos. Una tónica que los conduce a razonar que «han escrito los atestados para sacarse sospechas de sobre ante la posibilidad que sus compañeros de la Brigada Móvil (Brimo) y el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) sean formalmente acusados de los delitos por los cuales han sido denunciados por Vox». «Parecen testificados pensados para ser exculpatorios para los policías e incriminatorios para los que han identificado a través de largos informes de visionados de imágenes». Los atestados curiosamente llevan fecha del mes de abril de 2021, es decir, de hace tres años.
«Acoso y violencia» y los CDR
Según se desprende del sumario del caso, al cual ha tenido acceso El Món, la jueza mira de centrar los hechos denunciados en Vic y otros de registrados en Salt. Pero la representación de Vox hace una descripción genérica de los hechos según la cual actos políticos de su campaña se vieron alterados por contraprotestas o concentraciones que describen con un «elevado nivel de acoso y violencia por parte de grupos organizados de izquierda radical, autodenominados antifascistas». Así relacionan y destacan los hechos de Vic y Salt, y añaden actos en Girona, Reus, Sabadell, Sentmenat y Borges Blancas.
La querella contiene un objetivo claro y son los hipotéticos integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) que han servido de base para las identificaciones de los investigados. En este sentido, Vox detalla a la jueza de instrucción que son los CDR quien convocan las contramanifestaciones a todos los actos de la formación «para impedir su celebración». Todo junto con un sistema que describen como un plan premeditado de pasar de los «insultos, a las amenazas, a las coacciones hasta llegar a las agresiones físicas». Así. claman a la jueza que investigue el que califican de «patrón común de actuación».
Los Mossos, en su punto de mira
En este entorno, y en concreto en el acto de Vic que acabó con la persecución de las furgonetas y la protesta durante el mitin, Vox apunta a los Mossos. De entrada, asegura que su dispositivo fue «insuficiente» para la contención de los hechos. Pero va una pasa más allá, y critican la «pasividad» de la policía de la Generalitat ante actas que se pueden considerar «delictivos» y «más en periodo electoral». «Jefe de los integrados del dispositivo de seguridad procedió a identificar, detener o, en todo caso, desalojar los agresores».
Los abogados de Vox aprietan la jueza en el sentido que aportan el que bautizan como «imágenes acreditativas» del hecho que no se produjo «ninguna medida de seguridad», segundos ellos. Una circunstancia que interpretan facilitó «el agresor para acceder a las furgonetas de la comitiva política». En este sentido, aducen que efectivos del ARRO y de la Brimo habrían denunciado que la Jefatura de los Mossos d’Esquadra y de la Dirección General de la Policía habían ordenado a través de sus superiores jerárquicos «no intervenir» en este tipo de protestas contra Vox. «La aparente protección que pudiera ofrecer la presencia de los efectivos policiales se esfumó con la inactividad de los Mossos ante los hechos delictivos», añaden a las pesquisas judiciales.
«Son las autoridades públicas las que tienen que velar por el cumplimiento de la legalidad y la salvaguardia de los derechos fundamentales», enfatizan desde Vox en sus escritos a la jueza. De aquí que los Mossos d’Esquadra han hecho punta a lápiz para desglosar cada una de las imágenes captadas en las redes sociales y a través de sus propios mecanismos para poder deducir presuntos sospechosos y llevarlos al juzgado, y, de retruque, cubrirse los hombros.
