¿Qué ha hecho exactamente el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para haber sido condenado a 2 años de inhabilitación especial para el cargo, además de una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso? Esta es la pregunta que debía responder la sentencia que, finalmente, esta mañana ha dictado la sala penal del Tribunal Supremo, después de que en una decisión extravagante, los magistrados adelantaran el veredicto sin la resolución.
La sentencia, sobre todo, debía recoger lo que técnicamente se llama la «verdad judicial», es decir, los hechos probados. Un relato que construya la acusación y justifique la condena. La curiosidad es que para la mayoría de magistrados los hechos merecen una condena dura y, en cambio, para dos magistradas -progresistas- los hechos probados solo constituyen indicios que en ningún caso pueden ser directamente imputables al ex fiscal general.
De ahí que es interesante conocer el relato de los hechos probados que la sentencia recoge aportando la prueba recogida durante la instrucción y la aportada durante la vista oral, sobre todo, por parte de los periodistas. Una narración que ocupa buena parte de las 233 páginas de la sentencia condenatoria y el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. Unos hechos que incluyen dos delitos de fraude a Hacienda, una fiscal enfadada, un partido de Champions, periodistas, tuits y un trasfondo político de guerra entre dos poderes del Estado que hasta ahora parecían actuar de la mano.
Desde 2022
La resolución inicia los hechos en el año 2022, cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) abrió una inspección del impuesto de sociedades de la mercantil Maxwell Cremona S.L. Una empresa de la cual era administrador único Alberto González Amador, pareja de todo un poder fáctico de la derecha extrema española, y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una política con una ascendencia mediática incontestable y que gobierna la Comunidad de Madrid como una especie de «distrito federal».
A medida que los inspectores de Hacienda vieron la envergadura de las maniobras societarias de González Amador remitieron las actuaciones a la fiscalía. Hacienda tenía suficientes indicios para considerar una presunta comisión de delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021. El caso llegó a la mesa de la fiscalía de Madrid, en manos del fiscal de delitos económicos Julian Salto Torres, que, tal como aseguró en el juicio, desconocía la relación sentimental entre su imputado y Ayuso.
El 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió un correo electrónico a Salto en el que manifestaba la firme voluntad de alcanzar un acuerdo de conformidad penal, reconociendo la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y su disposición a integrar las cuotas y los intereses de demora. De hecho, era una propuesta de acuerdo para esquivar una condena de prisión. Una propuesta que no sorprendió al fiscal Salto porque estos acuerdos son habituales en este tipo de delito. Las conversaciones comenzaron.
Comienza el acuerdo y la difusión
Un mes más tarde, el 5 de marzo, la Fiscalía presentó denuncia en los juzgados de Madrid, que se repartió el 12 de marzo. Ese mismo día, el fiscal del caso remitió al abogado de González Amador una copia de la denuncia para facilitar el derecho de defensa y la preparación del pacto de conformidad de la pena. El 7 de marzo, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, -mano derecha de García Ortiz- solicitó a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el expediente de González Amador. También se remitió copia a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.
Solo cinco días, el 12 de marzo elDiario.es, a las 6:01 horas, publicó la noticia sobre el fraude a Hacienda de la pareja de Ayuso. El diario difundía información del expediente tributario y datos contenidos en la denuncia de Fiscalía. Al día siguiente, el 13 de marzo, el diario El Mundo publicó una noticia a las 21:29 horas, en la que aseguraba que el ministerio fiscal había ofrecido el 12 de marzo un acuerdo de conformidad con González Amador. La noticia reproducía una parte del mail que el fiscal había enviado al abogado. En concreto, la noticia reproducía una parte bastante contundente de la conversación donde el fiscal aseguraba «podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente quieren».
A esta información hay que añadir los mensajes emitidos en X por parte de una de las personas de máxima confianza de Ayuso, y un veterano de la infotoxinformación política, como es Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, exportavoz del gobierno español de José María Aznar. En este caso, MAR actuaba como jefe del gabinete de Ayuso y aseveraba que la fiscalía habría retirado el pacto ofrecido a la pareja de Ayuso. Todo ello hizo responder a la Fiscalía General del Estado.
Un partido de Champions
Siguiendo la narración de la sentencia, García Ortiz contactó con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que, a su vez, requirió al fiscal del caso, los correos que se habían enviado con el abogado de la pareja de Ayuso. Salto se encontraba en un partido de Champions del Atlético de Madrid y lo tenía complicado para cumplir la orden. Pero Rodríguez le dijo que al fiscal general no lo podía hacer esperar. Así que lejos del césped le envió los correos y la fiscal Rodríguez los reenviaron a la cuenta personal de Gmail del fiscal general y a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Eran las 21:59 horas y 22:01 horas que recibieron los mensajes respectivamente. Horas más tarde, sin embargo, García Ortiz se dio cuenta de que faltaba un correo, que reclamó a Rodríguez y esta a Salto, que una vez acabado el partido, lo envió. El fiscal general lo recibió a las 23:45 de la noche.
Esa misma noche, a las 23:25, la Cadena Ser anunció como noticia que “el abogado de la pareja de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que se declara culpable para evitar el juicio”. Y 25 minutos más tarde publicaba la noticia en la web del medio donde reproducía el texto del correo del 2 de febrero con la propuesta de acuerdo. A partir de ese momento, la noche fue más bien movida. La directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, “siguiendo instrucciones expresas del fiscal general del Estado que le dictaba algunos pasajes, redactó una nota informativa para la difusión a las 10 horas del día siguiente”. Una nota, pero que difundió el diario El País, tres horas antes de ser remitida a los medios.
La fiscal enfadada y los whatsapps
La noticia no hizo gracia a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que no entendió la filtración. A las siete de la mañana del 14 de marzo, el fiscal general llamó a Lastra para que difundiera la nota de prensa. Lastra «molesta» le preguntó a García Ortiz si había filtrado la nota. El fiscal general fue directo: «Eso ahora no importa». El enfado creció y Lastra no le cogió el teléfono al fiscal general. Pero García Ortiz comenzó a enviarle whatsapps.
La sentencia sigue al pie de la letra el chat. A las 9:25, el fiscal general le escribe «Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien el trabajo». Luego continúa: «Es imperativo sacarla». García Ortiz insiste tres minutos más tarde, son las 9 y 28: «Nos están dejando como mentirosos». Diez minutos más tarde, el fiscal también se inquieta: «Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos ganarán el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y se debe defender». Finalmente, la nota se publicó aunque la fiscalía de Madrid consideraba que la nota no cumplía con los criterios habituales de la comunicación del ministerio público. Unos hechos probados que, según el tribunal, justifican una condena a todo un poder del Estado hasta ahora revestido de una inmunidad histórica.
