El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a estar en pie de guerra. La calma tensa impuesta tras la elección de Isabel Perelló como presidenta solo ha servido para nombrar y relevar plazas de jueces, atascadas desde hace años. Han pasado los meses y la guerra interna entre progresistas y conservadores ha vuelto a estallar con toda la fuerza debido a un cambio de bando de un vocal que fue propuesto como progresista y que se ha aliado con el grupo conservador.
Se trata del tarraconense Carlos Hugo Preciado que no ocultó su animadversión contra representantes institucionales del independentismo, como los miembros de la mesa del Parlamento que presidía Roger Torrent, tales como Josep Costa, Adriana Delgado y Eusebi Campdepadrós, juzgados y absueltos por desobediencia. Su voto para la composición de comisiones clave del CGPJ, como la comisión permanente, ha desenterrado el hacha de guerra, ha roto el frágil equilibrio entre sectores y ha provocado anuncios de dimisiones.
Preciado fue protagonista de uno de los episodios más escandalosos de la represión judicial del Procés. Antes del juicio a los independentistas de la Mesa del Parlamento, se recusaron al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús Maria Barrientos y Carlos Ramos. Recusaciones que fueron aceptadas y ambos fueron apartados por sus compañeros. En el caso de Ramos, Preciado debía ser ponente y no estaba de acuerdo en recusarlo, por lo tanto, acabó emitiendo un voto particular en el que no solo defendía que Ramos continuara sino que exigió una multa a Josep Costa de 3.000 euros por mala fe procesal y hacerle abonar las costas.
La presidenta y el magistrado Hugo rompen el consenso
El estallido de la burbuja de calma en el CGPJ se vislumbraba desde hacía semanas debido a la negociación de la composición de las comisiones, es decir, donde se reparten las tareas del poder judicial. El acuerdo era que en las diferentes comisiones la presidencia sería de un bloque y la mayoría de otro. Pero el bloque conservador y el vocal Carlos Hugo Preciado, así como el apoyo de la presidenta Perelló, propusieron conjuntamente renovar las comisiones.
En síntesis, con 12 votos de los diez vocales conservadores, Preciado y la misma Perelló, y los nueve en contra del bloque progresista, una de las comisiones indispensables del Poder Judicial y la que corta el bacalao en el día a día, la «comisión permanente» ha quedado en manos conservadoras. Es decir, dominada por el sector duro de la magistratura. Una votación que hace saltar por los aires el pacto de los bloques, que empatados a diez vocales cada uno, acordaron con Perelló de presidenta que las comisiones se renovarían cada año respetando el equilibrio de poder. Esto es, cuando un sector tuviera mayoría de miembros en una comisión, la presidencia sería para el otro bloque.
Cambio de nombres
Para entender el impacto que supone que un vocal progresista apoye a los conservadores es necesario ver cómo cambia la composición de la comisión permanente del CGPJ. Hasta ahora, este ‘gobierno’ del Consejo tenía tres vocales progresistas –Preciado, Esther Erice y Bernardo Fernández— y cuatro conservadores –Alejandro Abascal, Eduardo Martínez Mediavilla, Pilar Jiménez e Isabel Revuelta-, y la presidencia la ostentaba la presidenta Perelló, teóricamente del sector progresista. Preciado, que es vocal a propuesta de Sumar, lleva tiempo votando de manera «independiente» de las directrices de los progresistas, tanto que algunos de los vocales del sector progre ya dudaban si identificarlo en sus filas.
De hecho, los progresistas planteaban que Preciado continuara, pero, eso sí, junto con tres vocales progresistas más y tres conservadores. Los conservadores pusieron el grito en el cielo y lo rechazaron porque ven a Preciado como progresista. Ahora con el acuerdo en la comisión permanente continúan Preciado y Fernández, y se integra a Argèlia Queralt, que releva a Erice, del bloque progresista; y como conservadores, Abascal, Mediavilla y Revuelta, y entra Carlos Orga, en sustitución de Jiménez. Además de Perelló que no oculta la sintonía con Preciado, porque ambos intentan desmarcarse de las instrucciones del bloque progresista. En definitiva, ahora la comisión permanente queda en manos de dos progresistas, Preciado y cuatro conservadores, además de Perelló.
Conflicto por la Escuela Judicial
La disputa continuó en uno de los otros puntos delicados: la elección de la comisión de la Escuela Judicial. Preciado pactó con los conservadores excluir a Inés Herreros, también propuesta por Sumar, de todas las comisiones. Herreros pidió la palabra en el plenario del jueves para denunciar que el objetivo de Preciado era apartarla de todas las comisiones, incluso, de la Escuela Judicial, por su oposición a las maniobras del juez tarraconense para aliarse con los conservadores. Incluso, habría intentado involucrar a Herreros en sus acuerdos con los conservadores y Perelló. La denuncia ha escandalizado al bloque conservador que, al final, ha optado por incluir a Herreros en la comisión de la Escuela Judicial.
Con estas maniobras, el sector progresista se ha visto menospreciado. Una situación que ha provocado que el vocal José María Fernández Seijo, destinado en Cataluña y uno de los miembros clave del sector progresista, haya anunciado su dimisión, así como duros reproches hacia la presidenta Perelló por maniobrar con Preciado para romper el consenso, ya de por sí, delicado dentro del Consejo. En cambio, en las cuatro comisiones legales -Disciplinaria, Calificación, Asuntos Económicos e Igualdad-, y en las reglamentarias, -carrera judicial y relaciones internacionales- se han respetado los acuerdos de consenso.
