Si algo tiene la titular del Tribunal Central de Instancia Sección de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la magistrada María Tardón, es que no deja ningún hilo sin tirar. Sobre todo si le conviene a la tesis incriminatoria. Lo demuestra la cantidad de diligencias que ha ordenado en el caso sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio. A pesar de esto, no ha permitido algunas de las diligencias solicitadas por el ministerio fiscal hasta esclarecer toda la información que ha recopilado hasta ahora.
Este martes, sin embargo, la magistrada ha tomado una decisión importante, aclarar un episodio que no acaba de ver claro y que le explicó un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía encargado de la frontera con Marruecos. Unos hechos que la jueza describe como «episodio singular y potencialmente relevante» para la investigación que lleva a cabo. Tanto es así que ha citado a declarar al cónsul de España en Tánger en el momento de los hechos y, por segunda vez, al que fue jefe de gabinete del delegado del gobierno español en la ciudad autónoma, Gonzalo Sanz Ruiz, a quien interrogará el 26 de noviembre.
Por otro lado, la jueza ha pospuesto hasta el 1 de diciembre la declaración del entonces delegado, Miguel Ángel Pérez Tria, porque el 29-N su abogado formaba parte de una mesa electoral y no se podía preparar suficientemente bien para declarar al día siguiente. La jueza también se enfrenta ahora a las diferencias de análisis sobre la previsión de los hechos que se encuentra en las declaraciones y los informes de los integrantes de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Un policía levanta la liebre
En un auto dictado este martes, de cinco páginas y al que ha tenido acceso El Món, la magistrada expone que de las declaraciones de varios mandos policiales se desprende este «episodio singular y potencialmente relevante ocurrido en fechas inmediatamente anteriores a la entrada masiva de inmigrantes». En particular, el policía con TIP 84.001 explicó en sede judicial que el 28 de julio recibió una orden muy extraña, inédita. Fue habilitar un carril específico de acceso con el fin de permitir la entrada urgente en Ceuta del cónsul de España en Tánger. Una petición que el oficial de policía remarcó como una «circunstancia absolutamente inusual y ajena al funcionamiento ordinario de la frontera»
Siguiendo su relato, el mando manifestó a la jueza que el carril se habilitó y que, posteriormente, tuvo conocimiento de que el diplomático lo había utilizado. El mismo policía añadió en su declaración que entre los comentarios que circulaban entre funcionarios policiales durante aquellos días había uno bastante interesante. Concretamente, que el cónsul habría ido hasta Ceuta para advertir personalmente a las autoridades españolas de la posibilidad de una entrada masiva de personas que procedían de Marruecos, si bien también habría especificado que no tenía conocimiento directo ni detalles sobre la posibilidad de la llegada masiva.

Unos hechos extraños
En la resolución, la magistrada resalta que es «evidente que la relevancia de la información no recae en los comentarios o rumores de los policías, sino en la constatación objetiva de varios extremos que sí se han acreditado durante la investigación. En detalle, la existencia de un desplazamiento urgente del cónsul general de España en Tánger hasta Ceuta en fechas inmediatamente anteriores a los hechos investigados, la adopción de medidas excepcionales en la frontera para facilitar este desplazamiento y la coincidencia temporal de este desplazamiento con un período en que varias unidades policiales ya detectaban una presión extrema extraordinaria y recibían alertas de riesgo.
Por toda esta cadena de hechos, la jueza está convencida de que es «imprescindible» conocer de forma directa si el cónsul general de España en Tánger se desplazó efectivamente a Ceuta los días 28, 29, 30 o 31 de julio. Y, sobre todo, «cuáles fueron los motivos del mencionado desplazamiento; con qué autoridades españolas se reunió durante su estancia; si transmitió información, advertencias, comunicaciones o valoraciones relativas a movimientos migratorios extraordinarios, riesgos de entrada masiva o cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos ocurridos posteriormente y que se investigan en el procedimiento».
También entiende la magistrada que es necesario destapar «qué información estaba en poder del consulado sobre la situación existente en el norte de Marruecos durante los días inmediatamente anteriores y si esta información fue comunicada a la Delegación del Gobierno, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a cualquier otra autoridad española». En definitiva, la jueza cree que la práctica de esta prueba es «especialmente pertinente, ya que puede contribuir a aclarar el eventual conocimiento previo que determinadas autoridades españolas pudieran tener respecto de los acontecimientos producidos posteriormente.

