La titular del Tribunal Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, continúa la investigación de la crisis de Ceuta y está decidida a no quedarse solo en la superficie, sino a profundizar más. Solo así se entienden las nuevas diligencias de investigación que ha acordado este jueves. En concreto, dos informes de los diferentes servicios de información policial sobre las comunicaciones en torno a la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 y 31 de julio. Y, por otro lado, la citación como investigado, el 18 de noviembre, de quien entonces era delegado del gobierno español en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, que dimitió del cargo.
En una interlocutoria, de once páginas y a la cual ha tenido acceso El Món, Tardón justifica las peticiones de los informes para poder continuar las pesquisas, sobre todo las que demanda el ministerio fiscal. Además, ya apunta que con la información que aporten los analistas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, se podrá calibrar la «comprensión global» de la causa, para no celebrar Pascua antes de Ramos y garantizar unos mínimos indicios para poder investigar cualquier injerencia de una potencia extranjera.
Dos informes
En primer lugar, la magistrada ordena a la Comisaría General de Información del CNP que remita un informe que incluya todas las «incidencias, análisis, investigaciones e informes de inteligencia que consten en relación a las anomalías en las comunicaciones operativas que coinciden con los hechos investigados, desde el 28 de agosto hasta el 5 de agosto. Todas aquellas que «sean compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a obstaculizar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles».
Por otro lado, requiere al Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil de Ceuta (COS) que envíe las grabaciones de las llamadas que recibió entre las cero horas del 30 de julio hasta las 12 de la noche del 31 de julio. Dos atestados que la magistrada considera indispensables para completar todas las líneas de investigación -incluso, la de la mano de potencias extranjeras- y, sobre todo, para «aclarar las anomalías en las comunicaciones operativas que coincidan con los hechos investigados».
La comunicación, clave
En la resolución, la jueza instructora argumenta que la eficacia de cualquier dispositivo u operativo de seguridad depende de manera «esencial de la normalidad de sus sistemas de comunicación, coordinación y transmisión de información». «Por eso», argumenta, «si efectivamente se hubiera producido una degradación grave y prolongada de estas capacidades, resultaría imprescindible determinar si fue a causa únicamente de causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes, o al contrario, pudo existir alguna clase de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de los sistemas».
Tardón destaca que esta información es «aún más trascendental si se tiene presente que la entrada masiva de inmigrantes se desarrolló en un contexto de especial intensidad y afectaron directamente intereses esenciales del Estado relacionados con la seguridad de fronteras, el control de flujos migratorios y la capacidad de respuesta de los servicios públicos que tienen a su cargo preservar el orden y la seguridad». Por lo tanto, considera necesario «esclarecer una circunstancia que, por su eventual relevancia para la comprensión global de los hechos, no puede quedar sin verificar».
A pesar de ello, la jueza se pone la venda antes de la herida y apunta que solo ha habido la declaración de un agente de policía que señalara esta posibilidad de injerencia. De hecho, admite que es el único indicio sobre «la existencia de elementos compatibles con actuaciones deliberadas de interferencia tecnológica, ciberataques, guerra electrónica, sabotaje digital o cualquier otra modalidad de actuación hostil» relacionados con la crisis. Por eso solicita los dos informes, para dar cobertura a la petición del ministerio público, y no abrir una línea de investigación sin indicios más sólidos.
