El amor no tiene fronteras, pero el CNI sí. Así lo confirma el caso que ha resuelto la Audiencia Nacional que confirma la retirada de «la habilitación personal de seguridad» (HPS) que los servicios de inteligencia del Estado le habían otorgado a un sargento de la Armada española, llamado «B» en el expediente, experto en guerra electrónica, destinado al combate submarino con «información de alta sensibilidad en el conocimiento de capacidades, medios y procedimientos» sobre este tipo de inteligencia militar. Es decir, la anulación de la licencia para tener acceso a información reservada, confidencial y secreta con la que trabaja el Centro Nacional de Inteligencia y para quien trabajaba el sargento. Un caso casi de telenovela.
El motivo de la revocación de esta licencia, con la cual podía acceder a información delicada de la OTAN, no es solo porque el sargento «B» ocultó que se había casado con una ciudadana rusa sino porque, además, adquirió la nacionalidad rusa y no lo comunicó, se exponía en las redes sociales y manifestó que en una «hipotética participación de España en un conflicto armado con Rusia pediría no participar». Una situación a la que se añade que el sargento tenía la nacionalidad española, porque previamente había renunciado a su nacionalidad de origen, la ucraniana. Todo ello, razones para que la secretaria de Estado y directora del CNI, Esperanza Casteleiro, le anulase por resolución de 6 de febrero de 2025, la HPS de seguridad nacional de grado OTAN/UE/ESA y de grado NATO SECRET, EU SECRET y ESA SECRET. Dos habilitaciones altamente específicas.
El sargento interpuso un recurso contencioso administrativo contra los expedientes «7/2025» y «8/2025» que lo inhabilitaban y que llegó a la Audiencia Nacional, que en primera instancia dio la razón al CNI. El proceso judicial continuó en la sala de apelaciones y ahora se ha hecho pública la sentencia, que vuelve a avalar la decisión de Casteleiro, por el riesgo que suponía la situación generada por el sargento por la «falta de discreción, de fiabilidad y de lealtad». Y, sobre todo, «por el riesgo no asumible para la protección de información clasificada». La sentencia de la sección quinta de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso El Món y de la que ha sido ponente la magistrada Alicia Sánchez Cordero, ha convencido a sus compañeros de toga -Fátima Blanca de la Cruz, Eduardo Hinojosa, Alicia Esther Ortuño y Yolanda de la Fuente- de que el comportamiento del sargento B no es fiable para la seguridad del Estado, al contrario, porque «hay dudas con su compromiso con España». Todo en un contexto en el que España es aliada con Ucrania en la guerra contra Rusia.

Una habilitación en constante revisión
El expediente administrativo y judicial y la sentencia 323/2026 del caso describen cómo fueron los hechos por los cuales se detectó una falla de seguridad que ha llevado a apartar de la colaboración de los servicios de información y de la seguridad del Estado a un especialista en guerra electrónica destinado en una de las joyas de la corona, el submarino S-70. Una nave habitual en las operaciones especiales de la OTAN e internacionales como Active Endeavour, la Sea Guardian, Sorbet Royal, Dogfish, Linked Seas, Dragon Hammer, Noble Marlin así como operaciones estatales de alta complejidad sobre la defensa española como las operaciones TAPON, ALFEX o MINEX.
La HPS que tenía el sargento, altamente específica, está sujeta a una «evaluación continua con un análisis permanente de riesgos para determinar posibles vulnerabilidades en el acceso a información clasificada». En definitiva, la normativa del CNI respecto al acceso de la información confidencial, reservada y secreta determina que la «concesión y el mantenimiento de la habilitación de seguridad se basa en un análisis continuo de riesgos de carácter preventivo, que comprende no solo la conducta del interesado, sino también su entorno personal y relacional».
Una normativa que exige que el titular de la habilitación personal de seguridad esté sujeto a un «deber reforzado de veracidad y transparencia,
que obliga a comunicar cualquier circunstancia relevante que pueda afectar su idoneidad, incluyendo los cambios en su situación personal o en sus relaciones». Unas obligaciones que ni el CNI ni la Audiencia Nacional consideran que cumplió el sargento, al contrario, porque solo lo comunicó en una entrevista de evaluación continua de seguridad con un superior suyo y mucho más tarde de todos los plazos máximos establecidos e incluso, incumpliendo la obligación de comunicar antes de llevar a cabo sus cambios personales al CNI.

Desde Rusia con amor
En cuanto al matrimonio con una ciudadana rusa, la sentencia recuerda que se celebró en Turquía el 27 de diciembre del 2023, pero no se formalizó en España hasta el 22 de abril del 2025. Un nuevo estado civil que no se comunicó a la Oficina Nacional de Seguridad. Una obligación legal para miembros de los servicios de seguridad del Estado habilitados por el CNI. De hecho, el sargento lo comunicó mucho más tarde a su superior, un teniente de navío, en una entrevista de evaluación de seguridad. Además, los magistrados recuerdan otro detalle importantísimo que recoge el expediente del CNI y es que el sargento adquirió la nacionalidad rusa, después de la invasión de Crimea por parte de Rusia, sin comunicarlo con anterioridad.
Si estos motivos no fueran suficientes, hay que sumar su exposición en las redes sociales ya que tiene cuentas en Facebook, Twitter, Pinterest, VK y LinkedIn «donde se evidencia su condición de militar en las Fuerzas Armadas Españolas» que lo sitúan «como objetivo de los servicios de inteligencia rusos». Aunque el sargento alegó en la entrevista de seguridad que la finalidad de las redes sociales era «conocer mujeres, preferentemente eslavas que vivieran en Rusia o Ucrania por afinidad de valores.» Tanto el CNI como la Audiencia Nacional ven comprobado que existe un «posible conflicto de intereses al tener sentimiento prorruso, ya que para adquirir la nacionalidad española renunció a la ucraniana y posteriormente, solicitó voluntariamente la nacionalidad rusa una vez Crimea fue anexada por Rusia». «Hay dudas sobre su compromiso con España», sentencian los magistrados que aprecian «un riesgo potencial no asumible» para la seguridad del Estado.

