El 60% de los solicitantes de la amnistía ya no tienen causas abiertas relacionadas con el 1-O, según el informe de la Sindicatura por la Amnistía de Òmnium. La entidad publica este viernes su tercer informe sobre la aplicación de la ley justo cuando se cumple un año de su aprobación en el Congreso. Según los datos de la sindicatura, hay 1.610 personas represaliadas amnistiables, de las cuales 884 han recibido alguna sanción administrativa y 726 han sido procesadas y tienen o han tenido causas penales (691) o en el Tribunal de Cuentas (35). De estas 726, 394 han solicitado la amnistía, pero solo se ha concedido en 236 casos (60%) y se ha rechazado en 158 (40%). Las 332 personas restantes no consta que la hayan solicitado. De las 884 personas con multa, 21 se han beneficiado de la amnistía, a 19 se les ha denegado y dos están pendientes de respuesta.
Òmnium ha denunciado el “boicot judicial” a la aplicación de la amnistía, sobre todo en el caso de ciudadanos, activistas y políticos represaliados. De las 236 causas penales cerradas, 178 han terminado con la amnistía propiamente dicha, 49 con el archivo del procedimiento y 9 con una absolución a pesar de que los encausados ya habían solicitado la amnistía. Esto supone un aumento importante respecto a las 72 causas amnistiables cerradas en octubre de 2024 y a las 149 de enero, cuando se contabilizó el archivo del caso Tsunami Democràtic o de la Volhov. Además, esto hace que por primera vez hay más ciudadanos que policías amnistiados, ya que según los datos de la Sindicatura por la Amnistía actualmente hay 170 agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se han beneficiado de la ley.
En el otro lado hay 158 personas a quienes no se les ha aplicado la amnistía: en 35 ocasiones se ha denegado, hay 48 casos pendientes de cuestiones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional o por prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 75 que esperan respuesta judicial.
Baile de cifras
La gran cantidad de causas abiertas y la dificultad de recoger unos datos que ni el mismo Ministerio de Justicia tiene centralizados hace que haya un baile de cifras considerable. Así, Alerta Solidària hace un balance de 328 personas amnistiadas: 129 policías y 199 independentistas, de los cuales 173 son activistas o manifestantes y 26 son políticos, cargos públicos y empresarios. Asimismo, la Fiscalía General del Estado estima que 486 personas, con un total de 82 procedimientos penales abiertos, se pueden beneficiar de la amnistía.
Las trabas judiciales, el principal obstáculo
En su informe, Òmnium denuncia que los juzgados y los tribunales casi nunca han actuado de oficio para aplicar la amnistía. También lamentan que casi una quinta parte de las solicitudes de amnistía continúan pendientes de respuesta judicial un año después de la entrada en vigor de la ley. El 12% de las peticiones de amnistía están suspendidas a la espera de un pronunciamiento del TC o del TJUE. La entidad también critica que en algunos casos los jueces han tomado como pretexto las cuestiones planteadas por otros tribunales para paralizar la tramitación de la amnistía a pesar de que el efecto suspensivo solo debería afectar el procedimiento concreto donde se ha planteado la cuestión de constitucionalidad.
La ofensiva judicial del PP, la obstinación del Tribunal Supremo y las cuestiones prejudiciales en el TJUE son los principales obstáculos de la aplicación de la ley de amnistía. Varios expertos en derecho advierten que los casos que están en Estrasburgo son los más complejos y harán que la amnistía de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras aún tarde más tiempo incluso si el TC termina dando luz verde a la norma, ya que la cuestión central que afecta los procedimientos de los líderes independentistas es si la malversación tiene cabida en la ley o no, más allá de si el texto es constitucional. Se da por hecho que el Supremo pondrá todos los «palos en las ruedas» para retrasar la aplicación de la amnistía y podría presentar una prejudicial al TJUE, tal como amenazó hace unos meses.
