Nuevo archivo de una querella presentada por la fiscalía a la sombra de Abogados Cristianos contra el acuerdo político de la amnistía. La Sala de lo penal del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite y el archivo de la querella presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. La entidad ultraderechista se querelló para entender que se había cometido un presunto delito de soborno impropio del artículo 420 del Código Penal en relación con la presunta colaboración con el gobierno español en la elaboración de la Ley de Amnistía acordada por la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
El tribunal considera, de acuerdo con el ministerio fiscal, que los hechos recogidos a la querella no revisten ningún elemento de este delito, ni de cualquier otro, y que los querellantes no han acreditado mínimamente ningún indicio de comisión de un hecho delictivo que pudiera hacer procedente la incoación de unas diligencias de instrucción. En la interlocutoria, de la que ha estado poniendo el magistrado Julián Sánchez Melgar, carga en puridad contra la querella, por el tono y el contenido. Así llega a afirmar que en el escrito, «en ningún caso se entrevén acciones o hechos ni siquiera indiciariamente delimitados de los que habiendo tenido un conocimiento directo el querellante se pudiera acreditar la existencia de este presunto delito y la participación del presidente del Tribunal Constitucional».
«Recta honorabilidad»
En este marco, la resolución reprocha que solo relacione diferentes publicaciones periodísticas que «lo único que hacen es poner en entredicho la imparcialidad de Candido Conde-Pumpido en este asunto de la ley de amnistía». «Son simples alusiones a la recta honorabilidad del querellado sin más ni más cimiento que la referida publicación y que no se avalan en nada más que en simples opiniones, sin más cimiento fáctico», dictamina.
«Como es sabido, la presentación de una querella no conduce sin más al inicio de un procedimiento penal; hace falta una sólida valoración jurídica inicial de esta, que en nuestro caso conduce a su inadmisión sin más trámites», concluye el tribunal en el que participa el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, el poderoso Manuel Marchena.
