Es la guerra. La decisión del Tribunal de Cuentas de demorar la aplicación de la amnistía y buscar ahora indicios de gastos de fondos europeos para esquivar la aplicación de la amnistía ha abierto la caja de los truenos, para esquivar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avalaba la ley. Incluso, el jefe de la fiscalía ante este organismo -especialmente duro con los procesados en el sumario por el gasto del referéndum del 1-O y de la acción exterior – ha puesto el grito en el cielo. Este martes ha registrado un escrito con el que reclama por escrito que se aplique la amnistía a la cuarentena de encausados en el caso, todos cargos y altos cargos de los Gobiernos de Carles Puigdemont y de Artur Mas.
Pero la defensa del presidente en el exilio, dirigida por el abogado Gonzalo Boye, ha dado un paso más allá. El letrado ha presentado un escrito de 86 páginas con diferentes documentos anexos con el que no solo reclama la aplicación inmediata de la amnistía sino que apunta una posible responsabilidad patrimonial del Estado. Una consecuencia que correspondería en caso de que se incumpla la resolución del TJUE. En este sentido, recuerda que el Tribunal de Cuentas incumpliría de manera grave una resolución que el mismo organismo solicitó. Por ello, ha presentado una denuncia ante el TJUE y ante la Comisión Europea.
De momento, denunciados
El escrito, que es un manual de derecho procesal de la Unión y de derecho administrativo, la defensa de Puigdemont reclama la aplicación de la amnistía y el levantamiento inmediato de las medidas cautelares así como acusa al organismo administrativo de «tergiversar» el fondo y el sentido de la sentencia, como también ha hecho la fiscalía, así como la parcialidad demostrada en el procedimiento y en la provisión donde daba diez días a las partes. «El incumplimiento de una sentencia prejudicial por un órgano jurisdiccional nacional es imputable al Estado miembro y puede ser perseguido por la Comisión mediante el recurso por incumplimiento de los artículos 258 a 260 de la ley del Tribunal además de generar, si procede, la responsabilidad patrimonial del Estado ante los justiciables», señala. Por eso,
De esta manera alerta que la suspensión sine die del plazo perentorio y mantenimiento de cautelares multimillonarias ya ha sido formalmente denunciada al TJUE y a la Comisión Europea. Y añade que el caso se agrava porque es el «mismo órgano que invocó ante el Tribunal de Justicia el efecto útil de su remisión prejudicial quien ahora priva de efecto útil la sentencia que él mismo solicitó». Una paradoja que deja en evidencia al TJUE y la misma credibilidad del Tribunal de Cuentas porque no hace caso de una decisión que él mismo solicitó. La denuncia se basa en un «incumplimiento objetivo y deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia, agravado por la instrumentalización del procedimiento en beneficio de una de las partes (…) y de la responsabilidad patrimonial del Estado por violación del derecho de la Unión imputable a los órganos jurisdiccionales».
