El gobierno español ha puesto en marcha la maquinaria política para intentar calmar los ánimos de los jueces, que ya estaban encendidos por la tramitación de la ley de amnistía y que se han incendiado después de los últimos ataques de Junts por las comisiones de investigación sobre lawfare contra el independentismo. La intención de los partidos independentistas de citar a declarar jueces en el Congreso ha encendido las alarmas en la Moncloa. Tanto el presidente español, Pedro Sánchez, como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, han multiplicado los contactos y las declaraciones públicas para rebajar los ánimos de un poder judicial que se siente cuestionado y perseguido por los socialistas.
Sánchez, que este jueves se reúne con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterado que las comisiones de investigación “no son vinculantes” para los jueces, mientras que Bolaños ha advertido que no permitirán “injerencias o descalificaciones” a los magistrados. Este lunes, el portavoz de Junts, Josep Rius, amenazó a los jueces con posibles “consecuencias penales” para los que no se presenten a las citaciones de las comisiones. “Se citarán los jueces más activos en la guerra sucia contra el independentismo”, dijo. Desde ERC apuestan para coordinarse con Junts y consensuar la lista de magistrados, a pesar de que el PSOE ya ha avanzado que votará en contra.
El gobierno español quiere rehacer puentes con el Supremo
“Pueden contar conmigo”, ha dicho este jueves Félix Bolaños, que por la mañana ha comparecido en el Congreso y por la tarde se reunirá con el presidente de Tribunal Supremo, Francisco Marín. «Quien cometa o intente alguna injerencia o descalificación me tendrá de cara”, ha insistido. La mano derecha de Sánchez ha tenido que apagar varios incendios después de que la semana pasada la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, tildara a los jueces de “indecentes” y reclamara que fueran “juzgados”. El gobierno español está en contra de los planes del independentismo para fiscalizar la tarea de los magistrados y recuerda que las comisiones “no podan ni revisar resoluciones judiciales ni vincular los tribunales” y que “no tienen obligación de asistir”.
Bolaño y Marín se tenían que ver el pasado 13 de diciembre, pero el presidente del Supremo canceló la cita a última hora por “motivos sobrevenidos”, que fuentes judiciales vincularon directamente a las palabras de Nogueras. La diputada de Junts señaló al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y a sus compañeros Pablo Llarena, Carlos Lesmes y Carmen Lamela, algunos de los magistrados más activos contra el independentismo en la causa general contra el Proceso. Desde entonces, el gobierno español no deja de repetir que defenderá a los jueces y a los magistrados “siempre que hagan su trabajo con independencia”.
El CGPJ cierra la puerta a las comparecencias de jueces
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado por unanimidad todas las comisiones de investigación del Congreso pactadas por el PSOE con el independentismo catalán y ha recordado que los jueces no tienen obligación de asistir. La resolución a la cual ha tenido acceso Europa Press, los 16 vocales del CGPJ recuerdan que “cada poder tiene que circunscribir su actuación a su ámbito respectivo” y ha instado al Congreso y al Senado a no citar a declarar los magistrados. Aun así, el CGPJ ha avisado que aunque prosperen las citaciones, denegará todos los permisos para comparecer en las comisiones. El gobierno de los jueces considera que las comisiones parlamentarias no tienen las “atribuciones necesarias” para poder citar e investigar jueces “sobre asuntos que hayan conocido durante su tarea de juzgar y ejecutar” las sentencias.
