Durísimo discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo en funciones, el magistrado Francisco Marín Castán, en un acto solemne como es el de apertura del año judicial. En el discurso de la ceremonia celebrada este mediodía, ante el monarca español Felipe de Borbón, y del hierro de los poderes del Estado, Marín ha cargado en puridad contra la «politización de la justicia» y ha reclamado que se renueve el CGPJ. El panorama del Poder Judicial ha sido descrito por Marín como «desolador».
De hecho, ha propuesto cómo se tendría que llevar a cabo los nombramientos y los relevos poniendo en el centro los principios de «mérito y capacidad» y no por «afinidades políticas o simpatías partidistas». Marín ha calificado de «página oscura de nuestra historia» la actual crisis de la justicia a raíz de la politización del Poder Judicial. Incluso, ha señalado que deja tocada «la imagen exterior» del poder judicial español una situación de politización de la justicia como la que vive España.
Por primera vez, en muchos años, el discurso de inauguración del año judicial no ha tenido como protagonista el Proceso. En su discurso, ha recordado que hace un año y en el mismo acto, el expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ya advirtió de los peligros de la carencia de renovación. Un mes después dimitió. «Desde entonces», ha añadido Marín, «el Poder Judicial no han hecho más que empeorar como consecuencia que no se haya renovado el Consejo y no se hayan proveído las plazas vacantes del Tribunal Supremo y de otros muchos órganos jurisdiccionales».
«No somos correas de transmisión»
Marín ha admitido la mala impresión que tiene la ciudadanía por la carencia de acuerdos políticos para renovar los cargos de la judicatura y como genera indefensión y carencia de tutela judicial de los afectados por un proceso judicial o administrativo. Marín tampoco se ha estado de hacer autocrítica. «Tendríamos que esforzarnos no solo con nuestras sentencias, sino con nuestras actitudes, a dejar muy claro que, como cualquier otro cuerpo profesional, somos plurales y tenemos visiones y entendimientos del derecho que no siempre tienen que coincidir necesariamente, pero que en ningún caso somos correas de transmisión de agenda política, y en este esfuerzo nos tendrían que acompañar decididamente los actores políticos e institucionales», ha sentenciado.
La abucheada ha estado histórica y el mismo Marin lo ha reconocido así, por eso ha pedido acuerdos para la renovación, para que los discursos de los actos como los de hoy vuelvan a ser como eran antes. Así mismo, ha recordado los tirones de orejas que desde las instituciones europeas y de control de la judicatura internacional por la situación de la justicia española. En la misma línea, ha alertado que la «polarización» de la política española perjudica un «poder débil» como es el de la judicatura. Con esta premisa ha puesto deberes al PP y el PSOE, los dos partidos que pueden desatascar la situación. Por un lado, «situar como objetivo de la acción política el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial por encima de los intereses partidarios». Y, por otro lado, «abstenerse de cualquier comportamiento que de alguna manera pueda erosionar el logro de este objetivo». «De otro modo, la democracia, y en consecuencia el Estado de Derecho, corren un riesgo serio», ha concluido.
«Es inadmisible»
El llamamiento de Marín ha estado especialmente trágica al denunciar los problemas que general la situación «a los ciudadanos y ciudadanas, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo como la tutela efectiva de sus derechos consagrados en la Constitución se ve menguada de forma inadmisible«. «Un justiciable que contempla con perplejidad como los actores políticos, los representantes políticos elegidos a las urnas, se muestran incapaces de lograr los acuerdos necesarios para poner fin a esta situación», ha lamentado.
Y ha ido más allá al calificar «el impacto para el Estado de Derecho» que define «de una gravedad extrema, al resentirse la formación y actualización de la jurisprudencia, atrasarse el control de legalidad del quehacer institucional que se concreta a la casación y, en definitiva, verse en entredicho la seguridad jurídica, valor superior de todo ordenamiento jurídico». Es más, el magistrado ha visto una manera escondida de «desprestigiar y debilitar el poder judicial» en el desacuerdo de los partidos políticos. «Si el CGPJ tiene como misión velar por la independencia de los jueces, no renovarlo dentro del plazo y en la forma oportuna no deja de ser una manera de recortar la plenitud de esta independencia, del mismo modo que es mantener el más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida«.
