La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, vuelve a tomar protagonismo en medio de la disputa política en torno al ministerio de Transportes. Los agentes llevan a cabo una operación relacionada con una pieza separada, aún calificada de «secreta», del caso Koldo que investiga comisiones y sobornos en el ministerio cuando era titular José Luis Ábalos con su asesor Koldo Garcia. Un caso que ya le ha costado una dura condena al exsecretario de organización del PSOE, a García y al intermediario Víctor de Aldama.
La nueva pieza también tiene el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción y está dirigida por el titular de la Plaza 2 del Tribunal Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Según las primeras informaciones, la base de la actuación de la policía judicial es un informe de la UCO del cual aún se desconoce el contenido. De hecho, Moreno tenía varias líneas de investigación a raíz de las pesquisas de la UCO y los atestados que ha generado la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia del COVID.
Una ejecutoria, el preámbulo
Moreno también investiga en la causa presuntos entresijos de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también permanece secreta aunque la investigación ha continuado. La actuación policial llega justo el día después de que la sala penal del Tribunal Supremo abriera la ejecución de la sentencia del caso madre del caso Mascarillas y con la que reclama el pago de 647.000 euros a Ábalos, García y Aldama, y determina cómo deben cumplir las penas de prisión impuestas de 24 años al exministro y 19 a García. En cambio, a Aldama, los magistrados le piden comparecencias semestrales para justificar su actividad y un año de trabajos sociales para la comunidad.
