La supuesta trama rusa del Procés estaba prácticamente muerta y enterrada, pero un exorcismo procesal había intentado revivirla hasta el último momento. Sin embargo, ni la Audiencia Nacional ha querido entrar en el juego, aunque ha tardado en cerrar el caso definitivamente y tirar la llave al mar. Este lunes por la mañana, Antonio Piña Alonso, actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha clausurado el último intento de mantener abierta la causa y, además, relacionarla con otra causa ya clausurada, la del Tsunami Democràtic.
En una providencia dictada hoy, el juez ha acordado unir a la causa un auto de la sala penal, del pasado 8 de mayo, con el que los magistrados desestiman los recursos de apelación interpuestos por los agentes 10440 y 91464 del Cuerpo Nacional de Policía, así como de Societat Civil Catalana y Vox, contra la decisión del juez de cerrar el caso. Los recursos reclamaban reabrir el caso por traición a raíz de un extravagante informe de la comisaría general de Información del CNP bautizado como Operación Troya, donde la policía involucraba a varios líderes institucionales y civiles del Procés con los servicios de inteligencia del Kremlin, incluso, al periodista Carles Porta o Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont.
Firmeza del magistrado
La estrategia de los policías era reabrir el caso a través de un informe que se encontraba en otro sumario y relacionarlo con el de Tsunami Democràtic donde los agentes se personaron para justificar la acusación de terrorismo, si la fiscalía -como ocurrió- retiraba la acusación. Con esta nueva resolución, la Audiencia Nacional da plena validez e irrefutable al auto del 8 de julio pasado con el que se acordaba el archivo y sobreseimiento de la causa del Tsunami precisamente por un defecto gravísimo de forma, no haber prorrogado dentro del término la instrucción.
Curiosamente, la diligencia judicial, además, pide al letrado del juzgado remitirla a la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo a los efectos que correspondan en sus expedientes. De hecho, es una medida preventiva por parte del juez de alertar al Ministerio del Interior que la causa por terrorismo ha sido sobreseída, una decisión que podría detener la demanda de una indemnización a los policías.
